Taxis: conflicto con perdedores

Concentración de taxistas en las inmediaciones del recinto ferial de Ifema, en Madrid. EFE/ Chema Moya

Taxis: conflicto con perdedores

La guerra del taxi con Uber y Cabify solo deja una salida a la administración: asumir decisiones insatisfactorias

Ya me gustaría leer una propuesta sobre taxis y VTC aceptable por las dos partes. No la habría ni que fuera redactada por grandes especialistas en resolución de conflictos. Si lo del win-win –todos ganan si se esfuerzan en conseguir un buen acuerdo — fuera de aplicación universal, viviríamos en el paraíso.

Ante la imposibilidad de la conciliación, no hay pues otro remedio que asumir decisiones insatisfactorias por parte de la administración competente, las comunidades autónomas. El problema es que los responsables públicos tienen complejo de mediadores y un cierto temor, en el caso catalán bastante agudizado, a ejercer la autoridad.

Ante la imposibilidad de la conciliación, no hay pues otro remedio que asumir decisiones insatisfactorias

El buenismo expresado por el presidente Quim Torra no es de recibo ni de aplicación. No basta con la expresión de buenos sentimientos. Hay que resolver. Como ya se ha escuchado, toca dictar sentencia, a sabiendas de que no se puede quedar bien con todos.

Al contrario, ambos van a salir perjudicadas, unos más que otros, en relación a la situación de inicio del conflicto. Los taxistas pretenden perder menos que antes del boom de los VTC. Para Uber y Cabify todo lo que no sea competir en igualdad de condiciones que el taxi supone una barrera difícil de franquear entre la compañía y sus clientes.

Corresponde pues a los consejeros decidir sobre el período de antelación obligatorio para pedir un VTC. Entre los 15 minutos propuestos –casi lo mismo que nada — y las doce horas que piden los taxistas no hay término medio. ¿Dos horas? ¿Una hora como proponía y ha dejado de proponer la alcaldesa Colau? Lo que sea, pero ya.

Corresponde a los consejeros decidir sobre el período de antelación obligatorio para pedir un VTC

Esta es la primera parte del ejercicio de la autoridad. La segunda, consiste en garantizar la normalidad en las calles. Para ello, insisto, es imprescindible dictar una resolución. Dictarla y convencer de que es inamovible, por lo menos durante uno o dos años, hasta que se pueda evaluar el resultado. Si todo el mundo estuviera convencido de que la presión en las calles es inútil, habría menos protestas y podríamos circular antes con normalidad.

Es muy delicado opinar y decidir sobre la ocupación de las calles. ¿Cuántos deben de ser los manifestantes? ¿Por cuánto tiempo pueden cortar el tráfico? ¿Cuáles son las consecuencias en ausencia de las preceptivas autorizaciones? Unos cuantos mossos dieron el peor de los ejemplos al cortar la Gran Via por las buenas pocas semanas antes de fin de año. Nadie dijo esta boca es mía.

Recuerdo que años atrás unos familiares míos participaban en la marchas lentas hacia el aeropuerto de Barcelona en protesta por los insoportables ruidos de los aviones al despegar. Tras innumerables acciones reivindicativas, los responsables de El Prat cambiaron las rutas de aproximación y disminuyeron mucho las molestias. Pero las multas no tardaron en llegar. Los vecinos de Gavà Mar se salieron con la suya pero tuvieron que pagar por las molestias infringidas a sus conciudadanos.

En la anterior oleada de protestas, los taxistas no pagaron por bloquear ciudades. Los mossos tampoco, claro, pero ya sabemos que la impunidad de la policía no es extensible a los simples mortales. En esta ocasión, los taxistas campan por la Gran Via y los VTC por la Diagonal. Lo menos que puede hacerse desde Interior es filmar los vehículos y anunciar una escalada de sanciones. A tanto la primera hora, al doble la siguiente y a seguir con la proporción geométrica. Aunque tuvieran toda la razón del mundo, los taxistas no pueden abusar de su posición colapsando el centro y chantajeando a la ciudadanía.

Lo menos que puede hacerse desde Interior es filmar los vehículos y anunciar una escalada de sanciones

Dicho esto, está claro que los últimos en llegar, los propietarios de los vehículos chófer, arruinarían si se les dejara a miles de familias de clase media, los taxistas, que actúan bajo una licencia que incluye protección de la administración pública. Básicamente, el negocio del taxi es para los taxistas y el negocio de los VTC es para los propietarios, no para los chóferes. Incrementar la desigualdad en nombre del liberalismo es un mal negocio para cualquier sociedad que pretenda llamarse del bienestar.

A medio plazo, tal vez antes, ambos litigantes van a encontrarse con la competencia de los vehículos autónomos de alquiler sin conductor. Cierto. El negocio está llamado a extinguirse, pero mientras tanto los taxistas que viven de él tiene todo el derecho del mundo a seguir haciéndolo con dignidad. Con dignidad, con una competencia regulada a favor del taxi, pero sin saltarse los límites de la protesta civilizada.

Este artículo no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Economía Digital y sus accionistas.

Xavier Bru de Sala

Analista, Economía Digital

De Xavier Bru de Sala recordamos su aclamado Fot-li, que som catalans (2005) y la vuelta de tuerca Fot-li encara més que som catalans (2006). Su producción literaria ha logrado varios premios. Además de con Economía Digital, colabora en El Periódico.

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