Ninguna nacionalización y más privatizaciones

Los estudios de TV3, en Sant Joan Despí. /TVC

Ninguna nacionalización y más privatizaciones

¿Por qué no archivar el proyecto de unas nacionalizaciones ineficientes, ineficaces y opacas? ¿Por qué no privatizar las empresas autonómicas y locales?

El fantasma de la nacionalización reaparece. En efecto, periódicamente, de forma más o menos subrepticia, Podemos y/o Izquierda Unida –a veces, alguien más- sacan a relucir dicho espectro.

Dicen: debería nacionalizarse alguna compañía eléctrica, o alguna entidad bancaria, o alguna empresa telefónica, naviera o farmacéutica. A veces no hablan de nacionalización, sino de “recuperación por el Estado”,  “fondos soberanos” o “previsión colectiva pública”.

Las autonomías insuflaron más de 30.000 millones entre 2010 y 2014 a las empresas públicas. A lo que habría que añadir los llamados créditos participativos

Suele decirse que todo está ya privatizado y que el Estado, en beneficio de todos los ciudadanos, debe reforzarse económicamente por la vía de la nacionalización. Ni lo uno ni lo otro es cierto.

No es cierto que hace un par de décadas se privatizó todo lo que se pudo y más. Además de algunas empresas públicas, queda todavía una cantidad ingente de empresas públicas autonómicas y municipales susceptibles –necesarias- de ser privatizadas. >>

[Escuche a Miquel Porta Perales en 'La plaza, con Juan García']

>> Según un estudio -La mejora de la gobernanza de las empresas públicas en España, 2019- de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), en España hay 5.751 entes asociados al Estado, entre los cuales 2.282 son sociedades mercantiles o empresariales.

En total, 141.000 trabajadores, 226.000 millones en activos, 27.000 millones de negocio y 63.000 millones de endeudamiento.

Detalle: desde 1998, las empresas públicas estatales se reducen en 116 unidades; mientras que, en el mismo período, las empresas públicas autonómicas suman 281 nuevas.

Detalle: las empresas públicas municipales, también en el mismo período, suman 1.003 nuevas.   

Detalle: las autonomías con más empresas públicas son Cataluña (1.107) y Andalucía (1.036). La que menos, la Comunidad de Madrid (269).

FIDE señala que estos entes no mejoran el buen gobierno, ni se distinguen por su profesionalización e independencia. Recomienda “mayor y mejor supervisión financiera” y una “política de propiedad que no interfiera en la gestión”. O lo que viene a ser lo mismo: mayor transparencia.

Una transparencia necesaria si tenemos en cuenta –me remito a los informes del Tribunal de Cuentas- que en el quinquenio 2010-2014 las autonomías insuflaron más de 30.000 millones a las empresas públicas. A lo que habría que añadir los llamados créditos participativos: préstamos de dudosa devolución.

Una curiosidad: dichas empresas suelen recibir dinero público para que presten servicios a la propia administración. Con lo cual, la autonomía deviene, de facto, dueño y cliente de dichas empresas.

¿Dónde está escrito que la iniciativa privada no pueda brindar un buen servicio a precio asequible? ¿Por qué el Estado ha de mantener unas empresas públicas que aumentan su déficit? 

Así se construye un entramado que puede contratar un personal que – advierte el Tribunal de Cuentas- selecciona los empleados no siempre de acuerdo con los criterios de igualdad, mérito y capacidad propios del acceso de la función empleo.   

Así las cosas, ¿por qué no archivar el proyecto de unas nacionalizaciones ineficientes, ineficaces, deficitarias y opacas? ¿Por qué no privatizar las empresas autonómicas y municipales?

Privatización de empresas públicas, ¿por qué? Porque, suelen malgastar recursos públicos; porque, con frecuencia, no son competitivas y generan pérdidas que cubre el erario; porque, a veces, utilizan recursos públicos con criterios que no corresponden al interés general; porque, aumenta la competencia. 

Algunas bondades

Dicho lo cual, conviene añadir que las empresas privatizadas –previo pago del que se aprovecha el Estado por partida doble: cobra y se ahorra los recursos que invierte para costear el déficit- suelen generar riqueza y empleo no artificial y no subvencionado a cargo del presupuesto público.

¿Quizá desaparecería el servicio que ofrecían las empresas públicas antes de ser privatizadas? A ver, ¿dónde está escrito que la iniciativa privada no pueda brindar un buen servicio a precio asequible? ¿Por qué el Estado ha de mantener unas empresas públicas que aumentan su déficit? 

Este artículo no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Economía Digital y sus accionistas.

Miquel Porta Perales

Analista, Economía Digital

El nuevo libro de Miquel Porta Perales, Sumisión en la granja (ED Libros, 2019), logra el respaldo de la crítica por sus "frases cortantes, puyas, agitación..." (La Vanguardia). Y es que cuando “el pensamiento crítico zozobra, conviene recobrar fuerzas con Porta Perales” (ABC)

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