¿Por qué faltan mascarillas en España?

Un policía hace entrega a los usuarios del transporte público de mascarillas en la estación de Cercanías de Atocha, Madrid. Foto:Efe/JuanJo Martín

¿Por qué faltan mascarillas en España?

Confiscar producción, monopolizar las compras y fijar precios: la receta para dificultar el acceso de los españoles al material de protección

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado sábado que el confinamiento se prolongará hasta el próximo 9 de mayo y que, a partir de esa fecha, es posible que se permita la reapertura gradual de la actividad económica, dando así por finalizada la estricta cuarentena decretada el pasado 14 de marzo.

Sin embargo, el desconfinamiento corre el riesgo de fracasar sin la puesta en marcha de una serie de medidas básicas para evitar una nueva oleada de contagios por coronavirus, tales como la realización de test masivos, sistemas de geolocalización para identificar y controlar a los infectados y el reparto de mascarillas entre toda la población.

Ahora bien, ¿cómo garantizar las pruebas y mascarillas necesarias si el Gobierno ha sido incapaz incluso de proteger a los médicos y enfermeras con los equipos oportunos? No por casualidad, España encabeza el número de fallecidos por millón de habitantes a nivel mundial, así como el mayor volumen de contagios confirmados entre el personal sanitario, con el 15% del total.

Y la razón es doble. Por un lado, la negligente inacción que han demostrado Sánchez y Pablo Iglesias a la hora de evitar la propagación de la pandemia, ya que, en caso de haber ordenado el cierre el 7 de marzo, apenas una semana antes, se habrían evitado el 60% de los contagios y cerca del 80% de las muertes registradas por Covid-19, según un reciente estudio de Fedea.

Y, por otro, la nefasta gestión llevada a cabo en la provisión de material sanitario. Resulta inconcebible que un país rico como España sufra escasez de mascarillas, guantes, equipos de protección individual o geles de limpieza. Son decenas los países afectados, pero muy pocos los que han padecido semejantes estrecheces a la hora de conseguir estos productos básicos de protección.

Lo que hace diferente a España del resto es la suicida deriva estatista que ha emprendido el Gobierno de PSOE y Podemos en medio de una de las mayores crisis sanitarias de la historia. La combinación de confiscaciones, centralización de compras y controles de precios han terminado por provocar un grave desabastecimiento de material sanitario, cuyas consecuencias, por desgracia, costarán vidas.

A pesar de los desmentidos del Gobierno, las confiscaciones se han seguido sucediendo

El primer gran error que cometió el Ejecutivo llegó de la mano del Real Decreto que declaró el estado de alarma el 14 de marzo, dado que su artículo 13 otorga al Ministerio de Sanidad potestad para “practicar requisas temporales de todo tipo de bienes [...] en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública”.

Dicho y hecho. Apenas dos días después, el Gobierno anunció a bombo y platillo la incautación de “150.000 mascarillas quirúrgicas en una fábrica de la localidad de Alcalá la Real", en Jaén. Lo más surrealista, sin embargo, es que se trataba de un lote que había comprado el Servicio Andaluz de Salud. Es decir, Sánchez le robó las mascarillas a los sanitarios andaluces.

Desde entonces, y a pesar de los desmentidos del Gobierno, las confiscaciones se han seguido sucediendo, tal y como evidencia la sustracción que experimentó Siemens Gamesa hace escasos días, después de que Sanidad le requisara un lote de test para analizar el impacto de la Covid-19 en su plantilla con el objetivo de evitar nuevos contagios.

El resultado de esta política expropiatoria, sin garantía alguna de indemnización por parte del Estado, ha sido catastrófica, puesto que numerosas fábricas se han decantado por suspender la producción de estos productos ante el riesgo real de confiscaciones, con la consiguiente reducción de la oferta, al tiempo que otras tantas empresas tampoco pueden garantizar la protección de sus trabajadores por el miedo a las requisas.

El segundo error consistió en centralizar las compras de material en el Ministerio de Sanidad, tal y como estipuló el Real Decreto-ley 6/2020 del 10 de marzo en su artículo cuarto, que reza así: “Cuando un medicamento, un producto sanitario o cualquier producto necesario para la protección de la salud se vea afectado por excepcionales dificultades de abastecimiento y para garantizar su mejor distribución, la Administración Sanitaria del Estado, temporalmente, podrá establecer el suministro centralizado por la Administración”.

Lo que hizo el Gobierno al inicio de la crisis fue monopolizar la adquisición de material sanitario en sustitución de las Comunidades Autónomas, a pesar de que vienen ejerciendo esta tarea desde hace 20 años. Pero la inexperiencia e incompetencia demostrada por el departamento que dirige Salvador Illa fue de tal calibre que a los pocos días se vio obligado a rectificar, primero derivando esta función en Hacienda y después posibilitando de nuevo las compras a las autonomías.

Imponer precios máximos a la venta de mascarillas es un completo desatino

El daño, sin embargo, ya estaba hecho. España perdió un tiempo precioso en el peor momento posible para importar del exterior el material necesario para proteger a los sanitarios, con la consiguiente extensión de la enfermedad. La tardanza en ordenar los pedidos, la inoperancia a la hora de acelerar los pagos y la compra de productos defectuosos a proveedores cuya identidad aún se desconoce ejemplifican a la perfección el despropósito cometido.

Y, por si fuera poco, el Gobierno pretende ahora imponer precios máximos a la venta de mascarillas, guantes y geles hidroalcohólicos. El Real Decreto-ley 7/2020 del 12 de marzo modificó la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios a fin de poder fijar precios en una situación de emergencia sanitaria como la actual.

Dicho y hecho. El pasado domingo, el Gobierno ordenó empezar a aplicar dicha medida esta misma semana. Se trata de un completo desatino, ya que lo único que garantiza el control de precios es el desabastecimiento de los productos regulados.

Si el techo que arbitrariamente fijen los burócratas se sitúa por debajo del precio real de mercado, los productores carecerán de incentivos para fabricar y vender este material en la cantidad y calidad que demanda el mercado -todos nosotros-, agravando con ello la escasez, al tiempo que se termina creando un mercado negro a precios mucho más elevados.

Confiscaciones de producción, monopolio en las compras y fijación de precios, la receta idónea para dificultar el acceso de los españoles al material que tanto necesitan para protegerse del coronavirus. La incompetencia y el sectarismo de este Gobierno se traduce en más muertos.

Este artículo no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Economía Digital y sus accionistas.

Manuel Llamas

Analista del Instituto Juan de Mariana. Ha trabajado como periodista económico en Expansión y Libertad Digital, además de colaborar como tertuliano de radio y televisión.

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