La censura que viene

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. EFE/ Mariscal

La censura que viene

Los comunistas de Podemos, gracias a la connivencia del PSOE, están aprovechando la pandemia para avanzar en la supresión de derechos y libertades

La historia ha demostrado en multitud de ocasiones que las crisis constituyen una oportunidad inmejorable para que el populismo de todo pelaje y condición se abra paso en el seno de una sociedad y, una vez en el poder, instaurar su particular régimen dictatorial en el peor de los casos.

La crisis del coronavirus no es diferente y los comunistas de Podemos, gracias a la connivencia del PSOE, están aprovechando la ocasión para avanzar de forma sustancial en la implementación de su agenda ideológica, consistente en aplastar derechos y libertades fundamentales, tales como la libertad de expresión, la libertad de prensa o el pluralismo político.

Prueba de ello es la propuesta que ha elaborado el partido de Pablo Iglesias con la excusa de prevenir “la propagación de discursos de odio en el espacio digital” y que, tras obtener la aprobación del Congreso, será debatida en los próximos meses.

Dicha proposición establece que los operadores digitales, como plataformas y redes sociales, entre otros, “tendrán 24 horas para eliminar o deshabilitar de la web los contenidos que inciten al odio y a la violencia”.

Y se escudan, precisamente, en la Covid-19 para justificar tal iniciativa, puesto que, según Podemos, la crisis sanitaria “ha generado una creciente polarización en la opinión pública, organizada por diferentes grupos de opinión que, a través de las redes sociales, portales digitales u otras plataformas virtuales, señalan a determinados individuos o a grupos específicos como los causantes y responsables de la tragedia colectiva que estamos padeciendo.

"Así, el dolor colectivo de todo un país se ha estado instrumentalizando con fines ideológicos, poniendo en riesgo la seguridad física y la integridad moral de quienes han sido objetivo de este tipo de linchamiento digital”.

¿Quién y cómo determinará lo que es o no un discurso o mensaje de “odio”?

Tal y como está redactado el texto, el problema es evidente: ¿quién y cómo determinará lo que es o no un discurso o mensaje de “odio”? Los llamados “delitos de odio” abren la puerta de par en par a la censura, especialmente en manos de la extrema izquierda, cuya naturaleza no admite oposición ni disenso posible.

En este sentido, cabe recordar que Podemos ha acusado en numerosas ocasiones a Vox, el PP y Cs de incitar al odio, la violencia y la xenofobia, hasta el punto de acusarlos de fascistas. Y lo mismo ha sucedido con periodistas y medios de comunicación críticos con la formación morada.

Bajo esta premisa y dado que, por un lado, el PSOE pretende tipificar como delito todo lo que huela a “franquismo” mientras que, por otro, Podemos quiere borrar cualquier atisbo de “odio” en las redes, los españoles corren el serio riesgo de ver cercenada la democracia y su marco fundamental de derechos y libertades.

No en vano, basta observar lo que ha sucedido en Venezuela, cuyo régimen tanto idolatran los comunistas patrios, para entender la amenaza que supondría semejante engendro jurídico en manos de Podemos.

Los chavistas aprobaron en 2017 la conocida “Ley contra el Odio”, cuyo articulado establece, entre otras barbaridades, penas de hasta 20 años de prisión a quienes publiquen o difundan mensajes de “odio”, así como el bloqueo de redes sociales y páginas web, el cierre de medios de comunicación y hasta la ilegalización de partidos políticos.

Desde entonces, ONGs y defensores de derechos humanos han denunciado que cientos de venezolanos han sido procesados por criticar la dictadura bolivariana o incluso disentir, simplemente, del discurso oficialista.

Nadie está a salvo del populismo y aún menos España

En su último informe sobre la represión chavista, Foro Penal recoge, por ejemplo, el caso de Williams Alberto Arrieta, un dentista detenido por el mero hecho de grabar con su móvil la dantesca situación que padecen las gasolineras del país, donde se producen largas colas para conseguir combustible, o el de Ramón Antonio Rivas, acusado de enviar un whatsapp para organizar una manifestación.

Otros casos sonados fueron, igualmente, el del médico Luis Araya, detenido por haber criticado en whatsapp a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el del politólogo Nicmer Evans o el del comediante José Rafael Guzmán por sus publicaciones en Twitter.

La propuesta de Podemos supone un firme paso en esa misma dirección. Muchos dirán que algo así es imposible en España, que “España no es Venezuela”, pero eso mismo creían los venezolanos cuando Hugo Chávez llegó al poder y decían que “Venezuela no es Cuba”. Nadie está a salvo del populismo y aún menos España, donde ya se han hecho con el poder.

Este artículo no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Economía Digital y sus accionistas.

Manuel Llamas

Analista, Economía Digital

Analista del Instituto Juan de Mariana. Ha trabajado como periodista económico en Expansión y Libertad Digital, además de colaborar como tertuliano de radio y televisión.

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