La 'procesización' de la política española

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, durante una visita de Pablo Iglesias en 2016. EFE

La 'procesización' de la política española

La retórica de 'podemitas' y separatistas es la misma porque coinciden como dos gotas de agua: mantenerse en un poder aquí y allá

Las formas y el fondo del procecismo catalán han tomado las Cortes y el Gobierno de España.

Hace ya años que los catalanes nos acostumbramos a que desde el gobierno catalán y desde los escaños que dan apoyo al gobierno del Parlament se denigrara las instituciones, tanto las autonómicas como las nacionales, se las banalizará y se atacara todo aquello que no estuviera a disposición del poder establecido.

En las Cortes el debate político era intenso, incluso duro, se llegó a consumar una moción de censura, la primera de la democracia, pero no se llegaba a los límites de Cataluña de autodestrucción de las instituciones.

En Cataluña se convirtió en normal tachar de franquistas a los jueces y de ultraderechistas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En Cataluña el señalamiento a policías que cumplen con su deber, a funcionarios poco entusiastas de lucir lazos o a periodistas críticos con el nacionalismo, se ha convertido en algo normal. El que no se adhiere públicamente es un traidor.

El poder político catalán ha destrozado las instituciones catalanas bien por absorción hasta convertirlas en caricaturas al servicio complaciente del poder, como la Sindicatura de Greuges, el Consell de l’Audiovisual (CAC) o la Coorporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), o bien las ha degradado al no dejarles cumplir con su función de control y regulación como en el caso del Consell de Garanties Estatutaries.

Hoy ya no es extraño ver cómo Iglesias emula a Puigdemont

El poder político catalán ha llevado a cabo una campaña de insulto a todas las instituciones del Estado y del poder judicial. Para los independentistas gobernantes, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Estado son instituciones franquistas controladas por fascinerosos irreciclables.

Todo eso traspasó las fronteras del Ebro y, de la mano de Podemos y parte del PSOE, ERC, Bildu, y JxCat ha llegado a la Moncloa, a la Carrera de San Jerónimo y a la Plaza de la Marina Española.

Hoy ya no es extraño ver cómo Pablo Iglesias emula a Carles Puigdemont e insinuar que la Guardia Civil es un nido de gente con ansias golpistas. Esta semana hemos visto cómo nada más y nada menos que el Ministro de Justicia declaraba que estamos en un periodo constituyente. Desde Podemos y desde el entorno de Adriana Lastra hemos visto cuestionar la carrera judicial y tachar de conservadores a los jueces.

Las elecciones del próximo mes en el País Vasco y Galicia no serán ninguna alegría para el vicepresidente Iglesias pero se equivocarán los que crean que con ellas llega el ocaso de Podemos. Las elecciones catalanas de otoño-invierno son la clave del futuro del España.

Sabemos que Quim Torra será finalmente inhabilitado a finales de septiembre y que Puigdemont verá cómo el Parlamento Europeo revisa su situación en diciembre. Así las cosas es muy posible que las elecciones catalanas sean entre diciembre del 2020 y enero del 2021.

Para ese entonces hay que tener en cuenta que los Comunes, la marca catalana de Iglesias, ya no será un voto equidistante que no computa ni en el bloque constitucionalista ni el bloque separatista. Los Comunes sumarán en el bloque separatista. Su actuación en el Congreso y en el Parlamento Europeo así lo atestigua.

Sánchez mira a Cs como aquel que contrata un seguro de accidentes

La retórica podemita en el Congreso es la misma que la independentista en Cataluña. Los intereses de podemitas y separatistas coinciden como dos gotas de agua: mantenerse en un poder aquí y allá, y destruir el estado constitucional surgido de la transición.

Los diputados de los Comunes, animados por Ada Colau y por Jaume Asens, reforzarán cualquier mayoría independentista en el Parlament y dejarán en una posición débil a Pedro Sánchez. Será su forma de recuperar terreno en el poder del Estado tras sus retrocesos electorales en julio.

El presidente del Gobierno puede salvar los muebles en el País Vasco y Galicia pero sucumbirá en Cataluña, quizás por eso mira a Ciudadanos como aquel que contrata un seguro de accidentes.

Este artículo no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Economía Digital y sus accionistas.

Joan López Alegre

Analista, Economía Digital

Joan López Alegre, al margen de su carrera política -fue diputado en el parlamento catalán-, es profesor de comunicación política en la UAO-CEU y licenciado en Historia (UB).

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