Dos de los actores principales del proceso independentista catalán, Artur Mas y Carles Puigdemont, juntos en un acto / EFE

Europa, Europa (película de Agieska Holland, 1990)

La resolución del tribunal alemán sobre Carles Puigdemont inaugura un debate sobre Europa: ¿se toma en serio a sí misma la UE?

La resolución del tribunal de Schleswig-Holstein sobre Carles Puigdemont abre un importante debate sobre Europa. Ha sido un error del portavoz popular en Bruselas, Gonzalez Pons, solicitar que España suspenda su participación en el espacio Schengen.

En el pasado reciente cuando los estados miembros de la Unión Europea (UE) y los más altos dignatarios del consejo, la comisión y el parlamento europeo han dado calabazas al separatismo, este ha reaccionado muy airadamente echándose en manos de los radicales y eurofobos de aquí y de allí.

Ya tenemos la Liga Norte lombarda y el Vlaams Belang flamenco. En España ni los defensores del Estado del derecho y de la separación de poderes pueden caer en ese mismo error.

La solución, en modo alguno, es menos Europa, sino todo lo contrario: más integración, más colaboración, más homogeneización jurídica. Solo así se podrá reducir, en parte, la diversidad de interpretaciones que dificulta el avance de la UE.

Efectivamente la euroorden funciona de aquella manera. Es peculiar que el mismo documento jurídico tenga tres interpretaciones distintas en tres estados miembros: Bélgica, Reino Unido y Alemania, aunque quizás olvidamos que dentro de un mismo país también los jueces interpretan de muchas formas distintas una misma ley.

A alguien sin formación jurídica, como es mi caso, puede sorprenderle que un tribunal regional alemán dictamine sobre algo que en realidad no ha fallado Pablo Llarena sino que solo se pretende la aplicación de la euroorden para que un tribunal del país donde se ha cometido un presunto delito dictamine la naturaleza del mismo y su alcance.

El euro facilita los negocios, las relaciones personales y la integración entre países

También cuesta comprender por qué un ciudadano de un estado miembro de la UE que huye de la justicia es premiado por un tribunal de otro estado miembro reduciendo su potencial condena en lugar de censurar su fuga e incrementar la imputación, como parece lógico.

La crítica de los "brexiters", lepenistas y separatistas catalanes –que desfilaron con los nostálgicos de la ocupación nazi de Bélgica en la segunda guerra mundial por las calles de Bruselas– se basa en que los estados pierden soberanía y, en consecuencia, los ciudadanos capacidad de decisión y control.

El control pasa –según ellos– a manos de estamentos opacos y de dudosa elección democrática ubicados fuera de sus fronteras. Nada más lejos de la realidad.

Son los procesos de verdadera profundización en la UE los que aportan mayores cuotas de libertad, progreso y bienestar tanto a los ciudadanos de los estados miembros como a los millones de personas que sin serlo viven dentro de las fronteras de los aún 27 países de la UE.

Schengen permite moverse cómodamente y en libertad, y el euro facilita los negocios, las relaciones personales y la integración entre países.

Otros acuerdos que pueden parecer menos evidentes son también fuente de relaciones humanas y profesionales que engrandecen la idea de Europa, como los programas Erasmus, la desaparición del roaming telefónico, la red de autopista europea y así un largo etcétera.

En aspectos como laborales y judiciales, la UE es imperfecta y ha avanzado poco

Ninguna decisión tomada por la UE tendente a profundizar en dicha Unión ha perjudicado a nadie. La tan euroescéptica Europa del Este es hoy infinitamente más prospera que sus vecinos que siguen fuera de la fronteras de la UE como Bielorusia, Ucrania o Rusia.

En aspectos fundamentales como la legislación laboral, fiscal o judicial, la UE es imperfecta y ha avanzado poco. La irrupción de los populismos antieuropeos en Francia, Reino Unido, Holanda, Alemania, Italia –donde han alcanzado el Gobierno– y España la pone en jaque.

También la pone en jaque y frena cualquier intento de profundización el separatismo que es fuertemente aislacionista, como en Polonia, Austria o Hungría, donde los populismos antieuropeos están en el poder y conmocionan a la UE.

Europa, como el constitucionalismo en Cataluña, ha perdido la batalla de la comunicación. La UE no es el problema, el tribunal alemán pone de manifiesto, sin duda, que la falta de coordinación, reconocimiento y apoyo mutuo y leal entre países es el problema.

Un tribunal alemán afirma que no duda de la independencia judicial ni de las garantías que Puigdemont tendrá en España pero procede a analizar la situación desde su perspectiva legal y ahí reside el problema. Solo un espacio único evita esa interpretación. A más Europa menos premio para los fugitivos.

Europa no puede convertirse en un santuario y rompecabezas de prófugos y presuntos delincuentes que elijan su guarida en función de los vacíos legales, interpretaciones torticeras o legislaciones más o menos laxas sobre qué es la libertad y la democracia o qué es un delito financiero o de cualquier otra índole.

Europa debe aprender que la incomprensión mutua la carcomerá

Europa debe tomarse en serio a sí misma si no quiere que gente como Donald Trump siga atreviéndose a meterse en sus entrañas, en pleno cuartel general de la OTAN en Bruselas, a decirles a grito pelado qué esta bien y qué está mal.

Europa debe aprender de lo que está sucediendo en el caso Puigdemont que la deslealtad o la incomprensión mutua la carcomerá.

Nadie puede imaginarse que el presidente de la italiana Lombardia, la francesa Provenza, la alemana Sajonia o la austriaca Carintia declararan la independencia tras un falso referéndum financiado de forma ilegal con fondos públicos, ni que a continuación llevaran a cabo una huelga salvaje, incluida la coacción y escrache a policías.

Nadie lo imaginaría realizando acciones de policía judicial o meramente alojado en apartamentos u hoteles, para luego huir, de noche y en secreto, a Tarazona (Zaragoza), donde un juez de esta localidad –que es cabeza de partido judicial– declarara que todo eso según la legislación española es absolutamente posible y que sólo se le puede devolver a su país por una multa tráfico.

Este artículo no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Economía Digital y sus accionistas.

Joan López Alegre

Analista, Economía Digital

Joan López Alegre es autor de Hablar de todo y no saber de nada. Al margen de su carrera política, fue diputado en el parlamento catalán, es profesor de comunicación política en la UAO-CEU y licenciado en Historia (UB).

Enviaremos un mensaje al correo indicado con el enlace que deberás clicar para completar el alta. No recibirás ningún boletín hasta entonces. Política de privacidad