Universidad

Josep Huguet

07 de febrero de 2015 (20:00 CET)

Hablábamos hace unos días de la necesidad urgente de confluir con el sistema universitario europeo. Pero nos quedaron cosas en el tintero.

Primero los costes y los precios. La enseñanza universitaria es postobligatoria. Por tanto, un estado del bienestar que busque la igualdad debe garantizar ante todo, el acceso universal a la enseñanza obligatoria. Sería bueno que figurase, de algún modo, la primera formación profesional, garantía de una empleabilidad básica. ¿Tiene lógica que la enseñanza no obligatoria sea gratuita? Depende del nivel de ingresos del Estado.

Si es rico y su Parlamento así lo desea, puede alargar la gratuidad más allá de los servicios básicos de igualdad. Si un Estado no tiene suficientes ingresos, los servicios no básicos los debería pagar el usuario. Esto quiere decir que a los hijos de la clase alta o media alta no tiene porque salirles gratis la enseñanza universitaria. En cambio, hay que construir un generoso sistema de becas y de crédito becado que permita a los alumnos sin recursos pero de nivel notable y excelencente ejercer su formación universitaria sin problemas.

Los gobiernos del Norte de Europa marcan el mapa de carreras y de centros de investigación públicos; aquí no


¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En España la universidad ni es gratuita ni dispone de precios lógicos de mercado con un sistema generoso de becas. Los créditos becados no se han desarrollado. Un intento en la época del PSOE no funcionó. La gente se hipoteca por un piso, pero no por los estudios. ¡Todo un detalle! Por cierto, los créditos eran no-retornables si no conseguía empleo al cabo de unos cuantos años.

En Cataluña, a pesar de reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, el Estado no ha traspasado nunca la competencia en becas. Esto hace que sea una de las zonas más perjudicadas en la ratio estudiante/beca; y además el Estado sí ha delegado, en cambio, su gestión a la Generalitat sin compensar el coste. En su momento, en mi etapa de consejero intenté un retro-traspaso de las becas que me frenaron.

Creía que la Generalitat tenía que devolver al Estado competencias de pura delegación de gestión y encima mal financiadas, porque eran una fuente de desgaste para Cataluña y de irresponsabilidad de Madrid, además de incrementar nuestro déficit. En la fase en que estamos del procés esto parece inaudito. Pero les aseguro que si por desgracia todo se empantana, seré de los que propondrá generalizar esta retroacción para poner en evidencia la ineficiencia y discriminación del Estado centralista.

Debemos dejar de creer que tenemos una autonomía real cuando nos limitamos a gestionar lo que han decidido a 600 kilómetros con el dinero recortado que de forma injusta nos adjudican.

Segunda cuestión. La gobernanza universitaria no existe. Un sistema autárquico desconectado de la sociedad tenía sentido en el antiguo Régimen, donde para preservar un oasis al libre pensamiento era necesario blindar los organismos de gobierno universitario. Así es como, seguramente, es bueno que se continúe en la mayoría del mundo que dista mucho de la democracia homologable. Ahora bien, en Europa y Norteamérica, esto no tiene ningún sentido.

Una sociedad civil fuerte y organizada, con unos parlamentos representativos, deben poder marcar las grandes líneas del sistema universitario, sus prioridades académicas, científicas y presupuestarias. Y de sistemas hay muchos: desde el más liberal-capitalista al más igualitario-sociale. Pero en definitiva, no puede ser que mande un gobierno corporativo que sólo representa los intereses de los tres brazos: profesorado, personal no académico y alumnado.

Si todo se empantana, propondré la devolución de competencias de pura delegación para evidenciar la ineficiencia del Estado centralista


Un tema es la representación participativa de estos brazos para recibir quejas u opiniones; otro es el gobierno de la universidad, que debe venir determinado democraticamente, por la sociedad civil, con el peso que se crea oportuno de la representatividad parlamentaria.

Tercera cuestión. Con una gobernanza democrática y no corporativa nos ahorraríamos espectáculos e ineficiencias como la tendencia faraónica a fomentar el sector inmobiliario académico; el predominio de un sistema de méritos burocratizado, que es un auténtico tapón para acoger la excelencia emergente y que, a la vez, se aleja de la capacidad profesionalizadora que daría una presencia mínima de profesores no vinculados estrictamente al mundo académico; como el lamentable mapa de la oferta de carreras y másters.

Hemos visto en Cataluña y España un estallido de nuevas edificaciones, algunas encargadas a despachos de la élite de la arquitectura, compitiendo para ganar premios de diseño. Demasiado gasto en continente si se compara con otros países nórdicos donde se prima el contenido en edificios a veces viejos y polvorientos, pero de alta calidad docente.

En su momento encargué un estudio de cómo las decisiones de nuevas implantaciones universitarias en muchas capitales catalanas (y españolas) se habían utilizado para desarrollar urbanísticamente (o rehabilitar) zonas enteras que conllevaban un incremento brutal de las plusvalías de los terrenos adyacentes a la nueva zona universitaria o científica. ¿Cómo es que estos desarrollos no se han hecho de forma integral por lo que una parte considerable de la plusvalía haya revertido económicamente con la administración que ha hecho el gasto de la inversión universitaria?

Para contener el sistema de méritos burocratizado, en Cataluña se activaron dos iniciativas destinadas a superarlo. El progama ICREA para fichas investigadores de excelencia, que hace que, a pesar de los recortes, la balanza de capital humano todavía nos sea positiva. Y el programa Serra Hunter pactado en los inicios de los 2000 por ERC y el hoy consejero Andreu Mas-Collell para facilitar el ingreso de profesorado.

El sistema ha sido puesto en cuestión tanto por el centralismo como por el corporativismo de algunos sindicatos que no tienen nada de clase. Desconozco el estado actual del programa. Pero era bueno en su finalidad. Por cierto, en los países nórdicos donde tanto nos reflejamos, la mayoría de sitios han optado por desfuncionaritzar la universidad. Que no quiere decir privatizarla.

Y esto es así, y termino, porque, por ejemplo, son los gobiernos del Norte de Europa quienes marcan el mapa de oferta de carreras y de centros de investigación públicos. Aquí no. La pugna corporativa entre núcleos locales y académicos hace que tengamos, en un país de dimensiones menores, réplicas insólitas de facultades. Y centros o grupos de investigación casi repetidos. O que no se adecuan a una focalización temática y territorial adecuada.

Con algunas buenas excepciones que en otros artículos no he dudado en alabar. La consecuencia es la ineficiencia y la baja calidad del conjunto. Y no he hablado todavía de la falta de movilidad de los funcionarios, no sólo del universitario, una auténtica lacra para la eficiencia del sector público que pagamos entre todos.
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