Una consulta de ciencia ficción

23 de julio de 2014 (00:00 CET)

Están ratificadas al ciento por ciento las improbabilidades de una consulta que ni tan siquiera los que la desean creen que vaya a hacerse, aunque en público digan lo contrario. El reconocimiento de esa imposibilidad es uno de los secretos peor guardados de la historia moderna de Catalunya.

Rechazada por el Congreso de los Diputados la delegación de la competencia en materia de consultas, el presidente de la Generalitat sostiene que solo convocará una consulta que sea legal y al mismo tiempo propugna en el parlamento autonómico una ley cuyo articulado, por referirse exclusivamente a competencias que corresponden a la Generalitat, reconoce implícitamente la imposibilidad legal de esta consulta. Porque no es competencia de la Generalitat convocar una consulta sobre la secesión de Catalunya.

Más allá de esa concreción tangible y asumida por la clase política catalana sobrevuela la ilusión tan inconcreta del derecho a decidir. Confunde todavía más el que se esté redactando una ley a sabiendas de que su operatividad es un capítulo de ciencia ficción. Y tal vez incluso acabe certificándose como un engaño.

Desear la independencia de Catalunya es un objetivo político legítimo, pero su ejecución en la ilegalidad no lo es. Eso no es una contradicción sino un hecho, y para que el deseo de independencia se pueda llevar a la práctica habría que cambiar la Constitución, que en esta materia es como la reglamentación de un partido de fútbol: el reglamento puede rectificarse pero nunca a mitad de partido, por decisivo que sea.

Pretender lo contrario es una forma de ciencia ficción, como ocurre en Catalunya con la consulta. Según las encuestas, los partidarios del derecho a decir son numerosos --aunque pueden ser porcentajes volátiles-- incluso entre quienes no desean una Catalunya que se vaya de España y de la Unión Europea. Pero derecho a decidir, ¿qué?

Insisten en la consulta incluso los políticos menos deseos de una secesión catalana. Más ficción, cuando en privado no se perora ya sobre las probabilidades de la consulta, sino sobre lo que va a pasar cuando no se haga. Siendo la política el arte de lo posible, tanta irrealidad es inquietante.

Tenemos las dos preguntas, la fecha del 9 de noviembre, incluso las urnas de cartón y modelos de papeletas pero no existe la menor posibilidad legal de que la ciudadanía sea convocada. Es decir: sabemos que no habrá consulta. La conclusión independentista es obvia: España no deja que Catalunya decida por mismo. Pero en este caso el estricto impedimento no es el deseo de una mayoría o una minoría sino la existencia objetiva de la ley.

Ahí apareció el argumento populista de una legitimidad de la calle que anula la efectividad de la ley. Tanta ciencia ficción lleva a un callejón sin salida cuyas paredes pueden aplastar la figura política de Artur Mas y reducir a cero la implantación de su partido. Es una versión soberanista del harakiri.
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