¿Tiene remedio la corrupción política?

02 de diciembre de 2012 (18:45 CET)

La corrupción política parece reaparecer con fuerza y lo hace, lamentablemente, en unos tiempos en que la política es más necesaria que nunca, y así lo reclama la ciudadanía. Unos votantes que tienden a mostrar un mayor apoyo a opciones políticas innovadoras, alejándose de los partidos tradicionales a los que se asocia con el ejercicio del poder en beneficio propio.

Pero, siendo comprensible esta actitud, el debilitamiento de los grandes partidos puede conllevar consecuencias graves. Entre otras razones, porque no hay certeza de que aquellos que ahora acceden a la primera línea política no acaben también sucumbiendo a la tentación de la corrupción.

Por todo ello, aunque parezca casi imposible, algo habrá que hacer para controlar la corrupción. En este sentido, les aporto unas consideraciones:
  1. Nuestra moral colectiva: No creo que el colectivo político sea sensiblemente distinto de la sociedad con la que interactua. Por ello, la intensidad de la corrupción guarda una estrecha relación con la moral colectiva de cada momento y, creo, muy sobrados de ética no andamos. El dinero se ha convertido en el valor máximo, cuya consecución lo justifica casi todo. Y así estamos.
  2. La gran mayoría de políticos son honestos: Criminalizar a todo un colectivo, muy numeroso, a partir de unos casos puntuales, por indignantes que sean, no me parece justo. Además, esa minoría corrupta no podría actuar sin la connivencia de una parte, también muy minoritaria, del mundo de los negocios, a quienes no tendemos a exigir responsabilidades.
  3. Ingeniería fiscal y paraísos: La legalidad internacional facilita la ocultación de patrimonios obtenidos ilícitamente. A fecha de hoy, por ejemplo, aún se sospecha que Roldan tiene parte de lo ilegalmente apropiado en algún paraíso fiscal. Y no es el único. Claro que no es sólo la corrupción política la que se beneficia de este magma legal.
  4. Transparencia y control: La economía de los partidos debe ser más transparente y objeto de una mayor supervisión. Y, al mismo tiempo, se debe redefinir el sentido y función de entramados difíciles de entender. Por ejemplo ¿para qué sirven las fundaciones de los partidos?
  5. Suficiencia financiera: Los partidos, como cualquier entidad, necesitan unos recursos mínimos para desarrollar su función, que no es precisamente marginal. Y sus ingresos deben provenir de una combinación de recursos públicos y privados. El origen no es tan importante como la suficiencia y la transparencia.
  6. La hipocresía social y mediática es, en ocasiones, ya insoportable. Los partidos, y los políticos, deben tener unos ingresos suficientes, acorde con la función tan esencial que les corresponde. Otra cosa es exigir que la ejerzan con eficiencia. Pero resulta ya agotador ver como medios de comunicación hacen de los ingresos de los políticos el mayor de los escándalos. Y es injusto, comparen sus ingresos con los de otros colectivos.
Una propuesta de solución: la profesionalización de la función pública. La corrupción se da gracias al control que el partido que gobierna ejerce sobre la administración pública. Particularmente, no recuerdo corrupción en un partido de oposición. Y el delito lo comete quien, asumiendo funciones en la administración pública, actúa de manera contraria a la ley.

En España son muy pocos los casos de corrupción que afectan a funcionarios de carrera, ¿Cuántos jueces, fiscales, mandos policiales o militares han protagonizado escándalos? Muy pocos. De hecho, supongo, a uno ya ni se le ocurre intentar influir sobre un juez, un fiscal, o un general.

Entonces, ¿quién protagoniza los casos de corrupción? Normalmente, la persona de confianza del partido que asume un puesto de relevancia en la administración publica. Y el problema es que hay muchos altos cargos en la administración que provienen de la política, la gran mayoría honestos, y que van cambiando en función del partido que gobierna. Y, la realidad, es que aquella persona que quiere influir, o directamente corromper, tiene un acceso más fácil al político que coyunturalmente está en la administración que al funcionario de carrera. Aquel debe su cargo al partido, las afinidades personales con la gente de su partido son muchas, y le es más fácil atender y entender el juego de los favores mutuos.

Por ello, creo que si profesionalizáramos la función pública, contribuiríamos a controlar la corrupción. Además, nadie mejor que un funcionario de carrera para desarrollar las prioridades políticas de cada momento y para dotar a nuestra administración de estabilidad y visión a largo plazo. Una reforma en esta línea sería el mejor reclamo para atraer a jóvenes con capacidad y vocación a la función pública, sabedores de que pueden desarrollar una carrera profesional coherente. Pero, me temo, las prioridades políticas no van en esta línea.
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