¿Tengo déficit? La cuenta de resultados y la política

Jordi Joly i Lena

13 de noviembre de 2012 (12:28 CET)

Uno de los principales retos que tenemos que afrontar por la competitividad que exige el entorno internacional actual es disponer de territorios gobernados con criterios profesionales, además de políticos e ideológicos. El despliegue de la actividad emprendedora, innovadora, inversora y empresarial, fuente de ocupación y de crecimiento, sólo se producirá en aquellos entornos que favorezcan las mejores condiciones. El logro de esta realidad está condicionada, en gran medida, por la política y el sector público. Esto, pero, no se puede realizar a cualquier precio. Aquí empiezan las grandes dificultades que exigen máxima profesionalización de la misma y de su capacidad ejecutiva que se desarrolla a través de las organizaciones públicas (la Administración).
 
Tampoco tenemos que cometer el error de convertir este objetivo en la gran motivación, que la empresa privada se contemple como el único actor capaz por si mismo de crecer económicamente y sosteniblemente. Esto no es así. Esta actividad empresarial necesita de un sector público capaz y competitivo. El mejor, y necesario, interlocutor que puede tener un sector privado global y potente es una política y unas organizaciones públicas modernas, potentes y tanto o más competitivas que este. Los territorios que logren un equilibrio profesional público-privado como el mencionado son aquellos que tendrán los activos clave para construir el escenario ideal de un crecimiento económico sostenible y que garantice las bases de un estado del bienestar de calidad y sostenible.
 
La mejor defensa del ciudadano es a través de sus instituciones; precisamente, un derecho del que dispone y que la política tiene el deber de garantizar. La defensa de los intereses individuales en un entorno complejo como el actual sólo se puede lograr con estructuras políticas tecnificadas y organizaciones públicas que persigan la excelencia en su gestión y responsabilidades.
 
De todo esto, podemos encontrar casos prácticos y puntuales en todo el mundo y también entre nuestras organizaciones públicas podemos detectar casos potentes. Estamos, pero, muy lejos todavía del establecimiento de esta cultura.
 
Hay muchos factores que responden a una auténtica profesionalización y excelencia a la gestión de las organizaciones y empresas públicas. Uno de básico y fundamental es la orientación a una cuenta de resultados. La política y las organizaciones públicas tienen su propia cuenta de resultados, ¡descubrimiento! Ya es un buen paso adelante.
 
La cultura de la administración público-burocrática clásica parte de la base que la gestión pública, a diferencia de la privada, no busca el beneficio económico y, por lo tanto, convierte en algo propio de la ciencia-ficción orientar la acción política a una cuenta de resultados económico-financiero. Todo ello ha ido conformando una cultura consolidada durante muchos años que nos ha traído a unas legislaciones que no están tampoco pensadas a tal efecto y objetivo. En definitiva, las bases ideales para unas finanzas públicas insostenibles.
 
Esta cuenta de resultados se tiene que calcular con unos criterios homogéneos y definidos en el marco de la Unión Europea, los criterios del Sistema Europeo de Cuentas (SEC / ESA, European System of Accounts). Si queremos ser europeos y queremos dar ejemplo de rigor, tenemos que empezar por presentar las cuentas con toda transparencia y de forma comparable con cualquier otra administración pública. La cultura financiera, la gestión económica y presupuestaria de una administración y gobierno, conforma los fundamentos de la confianza con la Institución que representa.
 
Un gobierno tiene que garantizar que la ejecución presupuestaria tenga siempre la orientación hacia una cuenta de resultados final que se pueda monitoritzar en todo momento, controlado del mismo modo que hace la empresa privada. Es decir, de forma constante y periódica hay que disponer de resultados provisionales y definitivos.
 
Todo esto que parece tanto básico y fundamental no se ha practicado en casi en ninguna administración pública del Estado español y las consecuencias las sufrimos de lo lindo. 
 
Necesitamos dar un paso adelante y construir la democracia del futuro, una democracia representativa profesionalizada, a la que se le exija resultados en beneficio de la sociedad.
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