Telefónica se cabrea con Competencia

27 de enero de 2015 (00:00 CET)

La decisión de Telefónica de frenar la construcción de su red de fibra óptica en España en respuesta a la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de modificar la actual regulación para la banda ancha fija en España, ha suscitado una agria controversia y una firme conclusión: la nueva regulación, de aprobarse, perjudicará al país que se vería afectado en su tan necesario desarrollo tecnológico.

La regulación propuesta supondría para Telefónica la obligación de ceder a sus rivales el uso de su red (a un precio regulado) lo que nos retrotrae a la época del final del monopolio de la Telefónica de las matildes, en la que el operador se vio obligado, en aras del bien común y de la competencia, a ceder sus redes a otras compañías. Era el precio a pagar por un monopolio creado al calor de la autarquía de la España de Franco.

Se acusa a la CNMC de intentar cargarse de un plumazo la ventaja competitiva de Telefónica en fibra, ganada a pulso tras tres años de inversiones multimillonarias, que ha llevado la red de nueva generación a diez millones de viviendas y empresas. Y la cuestión es que hoy la situación nada tiene que ver con la de 1996, cuando finalizó el monopolio.

Hoy las cosas han cambiado sustancialmente. El monopolio forma parte de la prehistoria económica de España y las reglas de la competencia se juegan a nivel planetario. Una circunstancia que obliga a Europa a crear un modelo que se ajuste a lo que existe en EEUU o en Asia y que está lejos de la atomización existente en la Unión Europea.

La nueva regulación implica para Telefónica la revisión de su estrategia competitiva y comercial así como el freno a las nuevas inversiones que afectarán negativamente a su plan de captación de clientes valiosos correspondientes a la oferta de fibra y televisión. De igual manera, podría suponer la vuelta a una estrategia competitiva más fuerte en cuanto a precios, con la consecuente reducción de márgenes.

De entrada, Telefónica reducirá la inversión en la construcción de su red de fibra óptica un 35%, llegando únicamente a 3,6 millones de hogares en lugar de a los 5,5 millones y la cobertura del 80% de unidades inmobiliarias españolas que tenía previsto sin esta nueva regulación.

Los perjuicios que se anuncian ante el intento restrictivo de la nueva regulación para la que sigue siendo empresa dominante, conforman una amplia lista que Telefónica se ha encargado de anunciar y que van desde el efecto contagio al resto de redes de fibra al incumplimiento con la Agenda Digital Europea, pasando por la ralentización o pérdida de empleo asociada a los despliegues, tanto en las propias compañías como en las contratas y empresas colaboradoras.

También implica la reducción de la demanda que afectará a compañías fabricantes de equipamiento, el incremento de la brecha digital, la inseguridad jurídica, o el fin del denominado círculo virtuoso basado en la existencia de cuatro redes fijas de ultra banda ancha en España que había fomentado en los últimos dos años un envidiable proceso de inversiones, capital extranjero, creación de empleo y modernización de la sociedad, sin precedentes en la historia.

El plausible esfuerzo del organismo de llevar la competencia a todos y cada uno de los sectores económicos, no siempre coronado por el éxito, no parece que debiera estar regida por principios inamovibles que ignoran en demasiadas ocasiones las complejas relaciones de equilibrio que se mueven en un mundo globalizado en donde los intentos de liderazgo, lejos de ser penalizados, deberían ser apoyados como ocurre en otras latitudes. Tratando de buscar el equilibrio entre el fomento de la competencia y la defensa de los consumidores y el gigantesco coste que supone ser compañía motor de un sector que requiere inversiones "muchimillonarias" y despliegues tecnológicos que han situado a España a la cabeza en redes de siguiente generación (NGN) en todo el mundo.

Los expertos consideran que, en un futuro, en Europa no tendrán cabida más que un reducido número de operadores. Por ello, se entiende que el gran reto europeo en esta materia es impedir que se generen políticas que dañen al consumidor, pero sin dañar propuestas de crecimiento que obligan a las empresas dominantes y que en el caso de Telefónica supone haber invertido más de diez mil millones de euros en nuevas redes entre 2009 y 2013.

En este escenario regulatorio que muchos consideran anclado en un modelo ex ante --que, lejos de favorecer la competencia y la salud del mercado, la dificulta, distorsiona y entorpece--, todo apunta a que sobra mucho intervencionismo. Algo que se le achaca al organismo de ahora o a la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones (CMT) de antes, y falta dejar al mercado desarrollarse de una forma más natural y sacar la garrota solo cuando se demuestra que el resultado perjudica de forma clara al consumidor y velar ex post por el cumplimiento de las normas. Como señala un experto, dejar de poner vendas donde no hay heridas, ya que lo único que se consigue es una multiplicidad de conflictos que terminan en los tribunales.

Los críticos con el actual modelo regulatorio, más propio del existente al final del monopolio, señalan que se hace cada vez más imprescindible una actualización del modelo de acuerdo con el momento que vive el mercado. De hecho, se puede comprobar cómo la CMT, primero, y la CNMC, ahora, han acertado, precisamente cuando no han intervenido y han dejado al mercado autorregularse. Así ha crecido el mercado móvil, así se instalaron con rapidez y eficacia los operadores móviles virtuales y así disfrutamos de tres redes de fibra óptica diferentes que convierten a España en líder en infraestructuras fijas de nueva generación a nivel europeo y mundial.

No sin cierta sorna, hay quien sostiene que la CNMC debe olvidarse de emular a la OCU y a otras organizaciones de defensa del consumidor y convertirse en un regulador altamente especializado que se olvide de dictaminar "contra el grande" buscando, en demasiadas ocasiones, favorecer a los entrantes para así "congraciarse" de alguna manera con la opinión pública, los consumidores o los propios medios de comunicación.

Los analistas de algunos bancos de inversión señalan que la decisión de la CNMC --aún en periodo de consultas-- es negativa para España en su conjunto, dado que cuestiona las inversiones en fibra ya acometidas, amenaza las que había comprometidas para el futuro y afecta al principal agente de este mercado, Telefónica, y a los otros dos grandes, Vodafone y Orange. Las mismas que, según apunta alguna reputada agencia de valores, ahora podrían pensar que se han precipitado en sus adquisiciones  de ONO y Jazztel, respectivamente.

Al regulador español, sin embargo, le ha salido un sorprendente defensor en la persona del responsable de regulación de Vodafone España, quien señalaba recientemente que "es una buena propuesta para el mercado (…) razonable, equilibrada, sensata y consistente con el marco europeo ", mostrándose contrario a que se hayan quedado nueve ciudades fuera de la regulación y en las que Telefónica no tendrá que abrir su red al nuevo reglamento de cierre de centrales y a que no se haya definido el test de replicabilidad.

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