¿Tarjetas black de Bankia o la punta de un gran iceberg?

30 de octubre de 2014 (19:04 CET)

Es hora de no mirar a otro lado. La credibilidad en el sistema económico-financiero español podría estar bajo sospecha y la forma de dar luz no es la de ocultar los hechos, sino investigar con rigor todos los posibles indicios que puedan haber y exigir responsabilidades políticas, económicas y penales a todas las personas de las entidades que recibieron fondos públicos y que hubieran actuado con mala praxis en detrimento de su propia entidad financiera.

Me permito hacer un llamamiento a todas las personas honradas, que son la inmensa mayoría, que trabajan o hayan trabajado en estas entidades, para que comuniquen a los órganos competentes (FROB, Fiscalía Anticorrupción, etc…) cualquier tipo de sospecha que hayan podido tener de operaciones tratadas en su entidad de forma irregular.

Me permito invitar a los organismos que corresponda (Banco de España, Fiscalía Anticorrupción, Agencia Tributaria, etc.) a abrir una investigación profunda, seria y eficaz a todas las entidades financieras, en especial las cajas de ahorro, que hayan recibido dinero público para su saneamiento financiero en los últimos siete años. Así como invitar a los periodistas y medios de comunicación nacionales y autonómicos especialistas en investigaciones de este tipo a trabajar en paralelo en el mismo sentido, y con cierto apremio, con el fin de intentar impedir la posible prescripción de posibles delitos.

Sin dilación creo que debería requerirse a las mencionadas entidades financieras la siguiente documentación:

- Operaciones de préstamos (personales o hipotecarios) fallidos.

- Quién formaba parte de los comités de control, y cuáles fueron sus exigencias para autorizar las operaciones.

- Informes de la comisión de riesgos, operación por operación.

- Qué personas formaban la comisión de riesgos en el momento del estudio de la operación.

- Si había informes negativos sobre la concesión de la misma por parte de algún miembro del comité de riesgos.

- Informes, operación por operación, de las aprobaciones hechas por el consejo de administración.

- Qué personas formaban dicho consejo de administración y qué posibles vinculaciones podría haber con las personas o empresas que solicitaban el préstamo.

- Investigación de los patrimonios de todos los miembros de los consejos de administración con fechas anterior y posterior a la entrada y salida del mismo.

- Investigar si las daciones en pago tenían una justificación.

Creo muy necesario en estos momentos aclarar con celeridad una posible corrupción sistemática en algunas de las entidades financieras rescatadas con fondos públicos, tanto para la tranquilidad de la ciudadanía como para una regeneración indispensable de la vida política y financiera de nuestro país.

El motivo que me lleva a hacer esta reflexión urgente es el de averiguar que detrás de noticias como las tarjetas opacas de Bankia no pueda haber comisiones ilegales, aprobación de operaciones por intereses personales de miembros de los consejos de administración y que las mencionadas tarjetas pueda ser la punta de un gran iceberg.

Para ello, invito a que todos los ciudadanos hagan partícipes de forma inmediata, a los organismos mencionados, de cualquier dato relevante que puedan tener de los temas mencionados con anterioridad.Que la opinión pública sea informada con periodicidad de la marcha de las investigaciones y la evolución de las mismas.

Uno de los objetivos de este artículo es que en el futuro no tengamos que asistir a nuevos fallos en el sistema de control que tanto daño ha ocasionado en la economía española en estos últimos años y que reclama la importancia del cumplimiento riguroso en la RSC y del buen gobierno corporativo de las empresas.

Los consejos de administración son los que gestionan las entidades, pero hay una imperiosa necesidad de que haya un contrapeso y órgano de control que los vigile y tutele de forma rigurosa e independiente.

Es de justicia dar la enhorabuena al FROB por ir sacando a la luz un cierto número de operaciones que ya está estudiando el Ministerio Fiscal; pero con ello también quiero decir, en mi humilde opinión, que el número de operaciones irregulares, podría ser muy superior al de las investigadas.

Es, además, el momento de que el Estado invierta más en aquellos funcionarios especializados que luchan diariamente contra este tipo de situaciones y actos delictivos. Este esfuerzo del Estado, si no se quiere caer en la dejadez y la inactividad que siempre favorece a los corruptos y delincuentes, tiene que serlo tanto en número como en la dotación para equipos y material que les facilite el desarrollo de su tan necesaria labor.


*Profesor de Ciencia Política del Instituto Internacional de Ciencias Políticas. Vicepresidente y Director de Relaciones Institucionales del IICP

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