¿Tangentopoli en España?

04 de febrero de 2013 (11:31 CET)

No puede afirmarse con rigor que la corrupción haya irrumpido en la sociedad española porque forma parte de ella desde la noche de los tiempos. Aunque sí es cierto que en esta ocasión ha alcanzado cotas insoportables, hasta el punto de que un cierto sector de la judicatura, sin afiliación reconocida, junto con significados miembros de la carrera fiscal, hayan empezado a plantearse la necesidad de que magistrados y fiscales inicien en España un proceso regenerador.

Un proceso al estilo del emprendido en Italia hace más de una década por el fiscal Antonio Di Pietro, y que descubrió una extensa red de corrupción que implicaba a todos los principales grupos políticos del momento así como a diversos grupos empresariales e industriales. En la opinión pública el proceso causó gran conmoción, conociéndose como la tangentopoli (tangente es soborno en italiano).

Las proporciones del escándalo de la corrupción llevaron a que en 1993 se formara un gobierno de transición liderado por Azeglio Ciampi encargado de redactar una nueva ley electoral mayoritaria que sustituyera a la proporcional. Así se llegó a las elecciones generales de 1994 que supusieron la práctica desaparición de los partidos tradicionales que ya antes habían empezado a desintegrarse o incluso ya habían desaparecido como los democristianos.

El proceso que comenzó en Milán permitió que Di Pietro y el colectivo de fiscales Manos Limpias destapara el mayor escándalo de corrupción que ha vivido la república italiana en sus 150 años de historia. Además, sentó en el banquillo a más de 4.000 empresarios y representantes de todas las formaciones políticas con suicidios incluidos.

El ciclón judicial se llevó por delante a una clase política corrupta en 1992, también en coincidencia con una grave crisis económica, y acabó con los dos principales partidos hegemónicos desde el final de la II Guerra Mundial: la Democracia Cristiana (DC) yel partido socialista de Craxi. Y, por supuesto, con la I República.

El drama es que después de aquella convulsión social y judicial que posibilitó la aparición de Berlusconi, financiador del exprimer ministro italiano Bettino Craxi que tuvo que exiliarse en Túnez proseguido por la justicia. Italia vuelve a estar instalada en una nueva tangentopoli, aunque a diferencia de entonces, hoy el dinero se mueve sobre todo para enriquecerse personalmente, pero en el centro hay una red de amistades, relaciones, favores y protecciones recíprocas.

Hoy, empresarios y políticos de todos los partidos, se sientan en la misma mesa y juntos se aseguran los negocios. Esa es la opinión de uno de los fiscales del movimiento encabezado por di Pietro.

Tangentopoli fue devastadora para la economía italiana y los analistas buscan soporte para demostrar esa relación en el hecho de que en 1980 la deuda pública italiana con respecto al PIB fuera del 60%, mientras que en 1992 pasó al 118% gracias a ese dinero público que se esfumaba entre los partidos y que sirvió para el enriquecimiento personal y la financiación ilegal de los partidos. La práctica surgía de los fondos negros que obtenían con el cobro de comisiones por cada adjudicación pública.

Hoy, las cosas vuelven a ser como fueron y los periódicos reflejan de forma cotidiana que el mundo de la política no se recicló después de la revolución del fiscal de Pietro y del grupo Manos Limpias. Y ahí está Berlusconi para levantar acta de todo ello y sobre cuyos escándalos y actos de corrupción se podría escribir una enciclopedia.

Desde 1999, el Parlamento se había negado a aprobar el acuerdo de la UE que exige penalizar a los dirigentes empresariales que cobren comisiones ilegales. Los diputados tampoco se han puesto de acuerdo para sacar adelante un decreto anticorrupción pese a los esfuerzos de Mario Monti, el exprimer ministro tecnócrata, empeñado en acotar la brutal corrupción italiana. Aunque lo tiene muy difícil si nos atenemos al hecho de que en la última legislatura había 22 diputados condenados por corrupción. Al final consiguió sacar adelante una norma anticorrupción muy descafeinada para imponerse a Berlusconi.

La prensa se hacía eco hace unos meses del mal trago que tuvo que pasar Monti cuando el emir de Catar le espetara que prefería no invertir en Italia por sus niveles de corrupción. En la lista de Transparency International Italia ya está en el puesto 69, junto con Ghana y Macedonia. Treinta y muchos puestos por debajo de España, como consecuencia de los escándalos que han alcanzado cotas nunca vistos, ni siquiera en 1992.

Durante su etapa de gobierno que aspira a renovar en los próximos comicios, Monti se tuvo que enfrentar a situaciones de vergüenza nacional, ya que en todas las regiones, y en todos los partidos, aparecen desfalcos y casos de corrupción. Hasta el punto de que Monti pretendió volver a centralizar competencias y acabar con el federalismo.

La gravedad de la situación había llegado a unos niveles inconcebibles, lo que llevó, por primera vez en la historia, a disolver el ayuntamiento de una capital regional por infiltración mafiosa, el de Reggio, en Calabria.

Con un 12% de italianos que reconocen que en algún momento un funcionario les ha pedido dinero y con un nivel de denuncias a evasores fiscales que han aumentado en 2012 un 228%, se calcula que la golfería y la corrupción le cuesta a Italia 60.000 millones de euros anuales. Además, posibilita contratos inflados en un 40% para las obras públicas y reduce las inversiones extranjeras en más de un 16%.

La analogía entre Italia y España está por determinar, aunque en muchas esferas de la sociedad española se considera que existe una alta equivalencia en materia de corrupción entre ambos países.

Carlos Díaz Güell es editor de 'Tendencias del Dinero', publicación 'on line' económico-financiera de circulación restringida
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