Sospechosos habituales

18 de julio de 2014 (16:37 CET)

Las diferentes teorías del derecho corrector reconocen una serie más extensa o más reducida de injusticias que dan origen al derecho a la secesión. El catedrático de la Universidad de Duke (EE UU), Allen Buchanan, es unos de esos teóricos, cuyos preceptos son utilizados a menudo por los contrarios a ese derecho. Les resumo lo que dice.

Buchanan reconoce cuatro tipos distintos de injusticia que podrían justificar la secesión, la denominada “causa justa”.

Primera injusticia: anexión injusta del territorio de un Estado soberano.

Segunda injusticia: violaciones a gran escala de derechos humanos fundamentales.

Tercera injusticia: redistribución discriminatoria continuada y grave (distribución de los recursos del Estado que perjudica de manera injusta a una región determinada).

Cuarta injusticia: vulneración por parte del Estado de las obligaciones del régimen autonómico que conlleve la recentralización.

Aplicado al caso de Catalunya, que es lo que hace Buchanan en el prólogo a la edición castellana de su libro, los dos primeros supuestos le parecen inaceptables. El primero, el de la anexión por parte de la España castellana, se remonta tan atrás en el tiempo, puesto que tuvo lugar hace tres siglos, que el principio moral general según el cual la secesión estaría justificada si sirviese para recuperar un territorio anexionado injustamente ya ha prescrito.

Buchanan también considera inaplicable al caso de Catalunya el segundo supuesto para avalar la “causa justa” de la secesión, que los catalanes estén sufriendo violaciones de sus derechos humanos fundamentales por parte del Estado español.

Expuesto de esa manera tajante, sin detallar nada más, es natural que Buchanan reciba el aplauso de quienes son partidarios de una España uniforme, de españoles “libres e iguales”, sin conflicto, obviando los abusos que el Estado comete contra los derechos de las minorías.

¿O es que en España no existen minorías nacionales que se sienten agraviadas? Ya expuse aquí mismo mis argumentos en relación con la inexistente protección de la diversidad lingüística por parte de el Estado, que la delega a las autonomías sólo hasta cierto punto, porque, como acabamos de comprobar con el decreto del ministro Wert sobre la escolarización en castellano en Catalunya, el Estado se convierte en guardián de lo “esencial” si considera que está en peligro en cualquier territorio. El problema es que para el Estado las minorías son siempre culpables.

Buchanan también demuestra un profundo desconocimiento de lo que representa 1714 en la “comunidad imaginada” por el catalanismo. Entiéndase bien: como dejó muy claro Benedict Anderson “imaginada” no significa “inventada”. Al contrario, la “comunidad imaginada” se basa en hechos reales que se interpretan en clave cultural y política para cohesionar en términos positivos el sentimiento de comunidad.

La conmemoración del Tricentenario de 1714 no persigue provocar “una inestabilidad política masiva y, casi con toda seguridad, una violencia generalizada”, que es lo que dice Buchanan que podría pasar si se fundamentase la secesión en este tipo de argumentos. Nadie en Catalunya lo plantea así.

La conmemoración de 1714 --como la del centenario de la Mancomunitat, que a mi modo de ver todavía es más importante-- exalta la idea de que Catalunya es una vieja nación de Europa que quiere autogobernarse. Nada nuevo bajo el sol, pues, porque ese es el ideario catalanista desde su concreción política a finales del siglo XIX, Además, y eso debería saberlo Buchanan, el catalanismo es socialmente aceptado desde posiciones ideológicas muy dispares e incluso enfrentadas.

Me centraré en la aplicabilidad del tercer y cuarto tipo de injusticias que fundamentan la teoría de la “causa justa”.

La verdadera cuestión es determinar cuándo la redistribución fiscal del Estado es injusta o discriminatoria. Desde Catalunya se han aportado datos que demuestran esta discriminación. La negativa por parte del gobierno español a renegociar su política fiscal respecto a Catalunya, lo que ocurrió ante la propuesta de pacto fiscal, situada en el contexto de una larga historia de quejas de redistribución discriminatoria, confiere mayor peso a la reivindicación de independencia según la versión de la teoría del derecho corrector que Buchanan sostiene en su libro. Aunque para él sea difícil demostrar que la redistribución discriminatoria está teniendo lugar y que es lo suficientemente grave como para justificar la respuesta radical de la secesión unilateral, es su propia teoría la que la avala. La realidad que perciben muchos ciudadanos catalanes es que la discriminación fiscal existe y va en aumento, poniendo en peligro la sociedad del bienestar catalán.

El cuarto argumento sobre la “causa justa” es mucho más que evidente. Desde la práctica anulación por parte del Estado de los instrumentos de autogobierno que dispuso el Estatuto de Autonomía de 1979 utilizando el recurso de las leyes de base, hasta el derrumbe de la estructura jurídica bilateral contemplada por el Estatuto del 2006, la recentralización es un hecho. No cabe ninguna duda. Lo reconocen incluso destacados constitucionalistas españoles de la órbita del PSOE. La famosa propuesta de reforma constitucional planteada por los socialistas para atajar las ansías secesionistas catalanas parte de esa misma convicción.

A estas cuatro razones, Buchanan añade una quinta, no menos importante, desarrollada en el prólogo a la edición en castellano de su libro. Dice el eminente profesor que “el compromiso con la democracia bien entendida sí exige que España se muestre dispuesta bien a dar cabida a un estatus autonómico más sólido y estable para Catalunya o bien a pactar una secesión negociada”.

En esas estamos. ¿O no? La cuestión es que desde Catalunya se tienen razones muy poderosas para desconfiar. Los sospechosos habituales quieren dejarlo de serlo y como escribe el propio Buchanan “un argumento contundente a favor del derecho de Catalunya a la secesión no consensuada se basa en que España no ha demostrado buena fe al responder a las demandas de mayor autonomía intraestatal”, lo que no es poco.
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