Soria: Aznarín en el paraíso de la impunidad

28 de diciembre de 2013 (17:10 CET)

Estalla el No Job Land. Y, como quien no quiere la cosa, el ministro José Manuel Soria hunde sus raíces en el barro de la mentira: “Doy la cara frenando el subidón de la tarifa de la luz”. Pero no la da. Y le va la vida. Porque ¡ojo con las eléctricas!, ojo con su patronal, Unesa, el lobby más poderoso de la economía española. Unesa ha sustituido al concepto oligárquico que los economistas críticos de otro tiempo (Ramón Tamames o Santiago Roldán) bautizaron como “las cien familias”. Unesa es el poder. El oligopolio eléctrico, brazo financiero de la partitocracia.

Soria es un Aznarín; ex bigotito, gomina floja y deje displicente. Un salvapatrias de ocasión; un producto racial de la España del PP, paraíso de la impunidad. Un hombre enteco de perfil tallado propenso a la conjura intestina y con demostrada maña a la hora de cercenar cabezas. Fue alcalde de Las Palmas y lideró el PP de Canarias tras conseguir la salida de su contrincante José Miquel Bravo de Laguna, metido hasta las cachas en el caso Bango.

En 2008, como miembro de la comisión redactora de una de las ponencias políticas del XVI Congreso nacional del PP, echó de la política a María San Gil. Cuando los debates internos alcanzaron su máximo clima, la entonces presidenta del PP en el País Vasco recibió un SMS de Soria de contenido ubérrimo: “María he recibido tu ponencia ¡Arriba España!”. El mensaje fue convenientemente filtrado a los medios de comunicación; y María, que hablaba euskera en la intimidad, no tuvo ni tiempo de despedirse.

En un país de desimputaciones sonadas, a nadie se le ocurre pensar que las subastas tramposas de los generadores son recurribles de oficio. La Fiscalía General del Estado no está para nada. Aunque, cuando le interesa, la Fiscalía desimputa lo que imputan los jueces: caso Palma Arena o, sin ir más lejos, caso de Lourdes Cavero, la esposa de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid.

El ministro sale al paso de las compañías eléctricas, pero lo hace de boquilla. No puede frente a la manipulación de los mayoristas. Se entera del subidón del 11% que reclaman las empresas y, como toda respuesta, les manda el regulador, pero omite que las compañías han reducido artificialmente la oferta para incrementar el precio de la luz.

En descargo de Soria, conviene aceptar que el sector eléctrico español es una chapuza regida por el oligopolio de la oferta y la rigidez de la demanda. Esta última depende de la tarifa y la tarifa, que representa el 70% del coste de la energía, es un precio político decidido anualmente por el Gobierno.

La electricidad es un reino con dos taifas: Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y Borja Prado, presidente de Endesa. Dos taifas y un valet de chambre compartido: el ministro Soria. El oligopolio fija el precio de las materias primas (el fuel, el gas o el hectolitro del agua de pantano) y conoce con antelación la mejor parte de los Presupuestos del Estado. Los dueños de la luz, descendientes de aquella oligarquía electrofascista que consagró la tarifa, lo saben todo. Lleguen de donde lleguen sus escuchas, alguien les chiva a las compañías las intenciones de la Administración. Así, con las cartas marcadas, Galán y Borja Prado siempre van dos pasos por delante, como el cadi que transporta los palos de golf en los greens de Sotogrande. Galán es un escalador nato y a Borja Prado le sobran los padrinos. El hijo del ex embajador Prado y Colón de Carvajal tiene entrada en Moncloa y Zarzuela, aunque donde lanza sus mejores anzuelos es en las monterías de Juan Abelló.

Soria conoce los entresijos del poder; los mil colores de la salamandra. Jugó al escondite con su ideología vocacional cuando fue jefe de gabinete en el Ministerio de Economía, durante la etapa de Carlos Solchaga. Poco después, trabajó en la Secretaría de Estado de Comercio con el socialista Apolonio Ruíz Ligero. Descifró al dedillo los vericuetos de la antigua sede de Hacienda, la Casa de Aduana, un edificio de ladrillo rojizo típico de Sabatini.

El ministro de Industria es un economista público, lo que aquí llamamos un Técnico Comercial del Estado, un enarca a la española. Buena estirpe, pero cruzada en la maraña de José María Aznar, justo en el cambio de siglo. Hasta hace bien poco ha sido un reservista escorado a la derecha desde una razonable posición de centro.

Rajoy lo tuvo en barbecho y lo nombró al caer en la cuenta de que sería toda una garantía para las compañías que claman por el llamado déficit tarifario. Las compañías le recompensan su esmero, pero oficialmente, el presidente de Unesa, Eduardo Montes, le mira por encima del hombro como aquel al que le deben y no le pagan.

La organización de consumidores Facua ha denunciado a las empresas de la luz en Bruselas; ICV las ha demandado ante el juez. La calle arde después de saber que la culpa del subidón del precio en el mercado de generadores fue de la ciclogénesis explosiva, porque disparó la producción eólica, según la versión mendaz de las compañías. Nos toman el pelo. El No Job Land se convierte en No Man’s Land. ¡Pavía entra otra vez en el Congreso! Prim y Primo de Ribera blanden su acero; llegan de nuevo los tiempos de rendez-vous y brazo en cabestrillo debajo de la estatua ecuestre de Espartero.

España, país de ladrones y serenos, corro de magistrados melindrosos, atentos al cornetín de Eduardo Torres-Dulce, el Fiscal General. La causa pública perdona a sus clientes. Recusa a jueces por meter en la cárcel a Blesa (Caja Madrid-Bankia), pero no actúa de oficio cuando un grupo de presión trata de estafar a millones de consumidores.

La estafa eléctrica adquiere tintes dramáticos cuando se observa la caída de la renta media en España y la nula competitividad de las pequeñas empresas. Tras el último Consejo de Ministros, Soria dice: no subiré la luz el 11%, “me quedaré en el 2,3%”. Aun así, es un atropello; una injerencia infligida a una economía que da sus primeras muestras de vida después de un lustro de devastación.
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