Solvay Martorell: Sr. Soria, inténtelo por favor, el esfuerzo vale la pena 

06 de septiembre de 2015 (18:19 CET)

Cuando desde el año 2007 llevamos destruidos más de la cuarta parte de nuestro tejido industrial, ya no hay institución política económica, social o científica que no reclame con urgencia la necesidad de potenciar nuestra industria, más de lo que hemos hecho en décadas pasadas.

Que no entienda que la posibilidad de afrontar o no la salida sana y robusta a la grave crisis que padecemos, dependerá del éxito o del fracaso que tengamos en la necesaria reindustrialización y en el cambio del modelo productivo.

Ante esta necesaria recuperación del sector industrial es de mucho interés analizar la Industria Química Española para resaltar su ejemplo, por la capacidad de respuesta que ha demostrado. Se ha convertido en un sector determinante de nuestra economía y por ello un sector industrial a cuidar, mimar y potenciar. Y a imitar en muchos de sus comportamientos, tanto en el terreno de la innovación, la internacionalización y la creación de alianzas, como en sus esfuerzos por la sostenibilidad.

También por su sólido y avanzado sistema de relaciones laborales sustentado en el Convenio General de la Industria Química, renovado el pasado mes de julio.

Las cifras de la evolución de la Industria Química Española hablan por sí solas: 56.400 millones de euros de negocio en 2014, lo que ha representado un incremento del 13% en su contribución al producto industrial bruto; es el segundo sector industrial con mayor valor añadido tras la Industria de la Alimentación, y ha realizado unas ventas al mercado exterior de 32.000 millones de euros.

Una industria cuya continuidad y mejora dependerá, en primer lugar, de las propias empresas y grupos industriales químicos, nacionales y multinacionales. Pero también dependerá de otros muchos factores sobre los que tienen mucho que decir y hacer los poderes públicos, autonómicos, nacionales y europeos, porque de su gestión y de sus políticas depende la necesaria mejora de las infraestructuras, del transporte y la logística.

De los poderes públicos depende la regulación de la gestión de los residuos y que los marcos regulatorios sean o no previsibles y estables. De manera muy particular, de la política de los gobiernos depende la posibilidad de remover o no los obstáculos que pueden dificultar la consecución de unos costes energéticos que permitan mejorar la competitividad de nuestra industria en general, y, de forma muy particular, de aquellas industrias de gran consumo energético.

Mucho depende de la política del gobierno, de su voluntad de atender y cuidar, o no, las actuales dificultades que padecen algunas empresas industriales que tienen su futuro seriamente comprometido por los costes energéticos. Un caso especialmente ejemplificador, por su dimensión y posibles graves consecuencias, será su intervención en relación con la urgencia que se plantea para resolver los problemas que está padeciendo hoy Inovyn-Solvay en Martorell, una empresa de referencia en la industria química española.

Solvay es una fábrica con más de 40 años de actividad que hoy tiene su futuro gravemente comprometido por una cuestión meramente administrativa. Sin que de su gestión se haya derivado perjuicio alguno, ni para el sistema eléctrico, ni para la administración, ni para los ciudadanos, incomprensiblemente la Resolución del Secretario de Estado de Energía la excluye de la interrumpibilidad en 2015 y en 2016.

¿Qué es la interrumpibilidad eléctrica para las industrias grandes consumidoras de electricidad de este país? Pues es un sistema por el cual, a cambio de estar sujeto a la posibilidad de dejar de consumir grandes cantidades de energía de forma inmediata, se recibe un descuento importante en la factura eléctrica. Con ello se posibilita a las industrias que son grandes consumidoras de energía tener un coste eléctrico más competitivo, aunque resulte todavía superior al de los principales países europeos (Alemania, Francia,…).

Ahora, más allá de circulares administrativas, la pregunta es muy clara. Y la respuesta urgente que se precisa, como reclaman los trabajadores de Solvay, debería ser todavía más clara si cabe. ¿Cómo va a evitar ahora el Ministro de Industria que una empresa, sólida y líder del sector químico, se cierre?

Y con ello, ¿cómo va a evitar la pérdida de 500 puestos de trabajo directos y los más de 2.000 empleos indirectos? Éste es el grave riesgo que denuncian con contundencia los representantes sindicales de una plantilla acostumbrada a la lucha diaria y a grandes esfuerzos, que ha sido un ejemplo en el sindicalismo europeo por maduro e innovador desde 2007 para conseguir mantener su empleo y la fábrica operativa en los peores momentos de la grave crisis económica que hemos vivido.

Y aún más grave si cabe. ¿Cómo vamos a atraer nuevas inversiones a nuestro país, con más de un 22% de tasa de paro y tan necesitado en la industria en general y particularmente en la Química, con precedentes como el que puede padecer Solvay?

La otra pregunta que deberíamos hacer a los máximos responsables del Ministerio de Industria es si, más allá de las continuas declaraciones de apoyo a la industria, entienden que política industrial es la acción política dirigida a apoyar que las empresas y los sectores se doten de capacidades y recursos que les permitan competir y afrontar la evolución de los mercados. Porque si así fuera, es de esperar que con urgencia éstos sean capaces de encontrar una solución que evite el cierre de una industria con un sólido presente y un futuro prometedor.

Inténtelo por favor Señor Ministro, el esfuerzo merece la pena.

Joaquim González Muntadas es director de Ética Organizaciones SL
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