Sólo la fracción soberanista tiene un Govern en Cataluña

24 de septiembre de 2015 (18:13 CET)

No es cierto que el Gobierno de la Generalitat  tenga la potestad o el derecho a  forzar a los ciudadanos catalanes a pronunciarse sobre la independencia de Cataluña.

No es cierto que sea legítimo para un órgano del Estado utilizar los poderes que este le otorga en contra del mismo. Propugnar la independencia de Cataluña es una actividad política legítima pero difícilmente para quien representa al Estado, que repudia, mientras utiliza sus recursos y poderes.

No es cierto hoy que los catalanes tengan Gobierno, sólo lo tiene la fracción soberanista. El resto de la ciudadanía, desamparada, se limita a financiar mal que le pese la propaganda que pretende convertirla a la fe oficial.

No es cierto que la secesión sea solución a problema político alguno; es el intento de sustituir y abandonar los problemas y conflictos conocidos por otros de alcance desconocido y peor, imprevisible.

No es cierto que ya no haya posibilidad de diálogo entre integrantes de una comunidad democrática, aunque si puede verse imposibilitado por la cerrazón o los intereses de los representantes electos de los grupos en conflicto. Los incapaces de acuerdo son los representantes, Gobiernos  español y catalán y no los representados, ciudadanos españoles y catalanes.

No es cierto que pueda alcanzarse pacíficamente la independencia sin la aquiescencia de la ciudadanía española y su gobierno.

No es cierto que pueda alcanzarse democráticamente la independencia sin una muy amplia mayoría del censo electoral.

No es cierto que incluso con una mayoría, pero sin la aquiescencia del Gobierno español, otros gobiernos estuvieran dispuestos a negociar  la transgresión  del principio de respeto a la integridad territorial que  establece la legislación comunitaria.

No es cierto que quien propone la escisión conozca sus costes, que pueden ser severamente subestimados y que pueden recaer principalmente en aquellos a quienes se dice querer beneficiar. Los costes incluyen la inseguridad jurídica, la inestabilidad política y los enfrentamientos sociales, de imposible estimación y cuantificación. 

No es cierto que la ciudadanía disponga de elementos de juicio suficientes para votar a favor o en contra de un nuevo Estado. ¿Qué tipo de régimen político se proponen crear sus promotores? 

No es cierto, sobre todo lo demás, que las insuficiencias y desarreglos del Estado Autonómico no tengan ya remedio. ¿Cómo pueden afirmar tal cosa las mismas fuerzas políticas que contribuyeron a transformar con éxito un régimen autocrático en una democracia?

Por muchos que lo repitan, no es cierto. 

José Luis Oller-Ariño

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