“Sólo” 900 quiebras en Catalunya durante 2013

04 de enero de 2014 (00:45 CET)

El año viejo se ha despedido en Catalunya con el desastroso registro de casi 900 concursos de acreedores, que como se sabe engloban las vetustas figuras de la suspensión de pagos y la quiebra que imperaron durante muchos decenios.

Ello quiere decir que cada día del año, incluidos fines de semana y fiestas de guardar, casi 2,5 empresas catalanas se precipitaron al pozo judicial.

Tras todo hundimiento empresarial late una retahíla interminable de desgracias directas e indirectas: trabajadores despedidos, proveedores que no cobran y se arruinan, accionistas que pierden los fondos invertidos. Los concursos de acreedores son una de las manifestaciones más penosas de la crisis.

El guarismo del año recién terminado representa un drástico descenso respecto de los 1.228 expedientes que se tramitaron en el ejercicio anterior, cuando Catalunya batió todas las marcas históricas en materia de siniestralidad mercantil. Antes de ese récord funesto, el listón más alto lo alcanzó 2009, con 1.185 bancarrotas. En orden de magnitud seguían 2010 y 2011, con 1.140 y 1.050 fallidos, respectivamente.

Durante el aciago sexenio de depresión que llevamos a cuestas, más de 6.200 firmas catalanas han pasado por el trance de presentar sus estados contables al juzgado en solicitud de declaración de insolvencia.

Estamos hablando de sociedades mercantiles. Porque la relación estadística no incluye los centenares y centenares de individuos que a título particular se han guarecido también bajo el paraguas de la ley concursal. En muchos casos, sus deudas impagadas se derivan de contratos hipotecarios suscritos para adquirir bienes inmuebles, o bien de avales prestados a sus respectivas compañías.

La lista de los infortunios tampoco abarca los millares de sociedades que de forma silenciosa despidieron a sus empleados, liquidaron sus activos y pasivos y echaron la persiana para siempre, sin pasar por la humillación de la jurisdicción ordinaria correspondiente.

Cuando una compañía ha de acudir a los órganos de la justicia para protegerse de sus acreedores, acumula altas probabilidades de acabar sus días borrada del mapa. Así lo refleja el inventario de los juzgados mercantiles, según el cual, el 97% de las empresas envueltas en avatares de ese estilo suele coronar el expediente con el cierre y la desaparición.

La debacle empresarial de estos últimos años no tiene parangón ni reciente ni lejano. En 2007, cuando en España todavía se ataban los perros con longanizas y esto era poco menos que Jauja, en Catalunya hubo 250 suspensiones de pagos.

De la juerga del “totxo”, a la depresión

En la serie histórica sólo hay un año que se aproxima al presente desplome, si bien a considerable distancia. Fue el aciago ejercicio de 1993, cuando tras los esplendorosos fastos olímpicos, una súbita crisis irrumpió con virulencia y desencadenó en el principado una ristra de 744 fiascos societarios.

Los Juegos Olímpicos coincidieron con la Expo andaluza. Este demencial esperpento hispalense no sólo dilapidó un billón redondo de pesetas, sino que de propina legó un monumental “agujero” de 150.000 millones.

La secuela incoercible de ambos festivales fue que el Gobierno de Felipe González y su ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga se vieron forzados a decretar, en el curso de unos pocos meses, nada menos que tres demoledoras devaluaciones consecutivas de la peseta. Hoy, el recurso a la depreciación es imposible, porque esa singular prerrogativa de la política económica ya no reside en manos del Banco de España, sino del Banco Central Europeo.

El desbarajuste de las cuentas de la Expo fue de tal calibre, que en nuestros días todavía quedan facturas pendientes. Así lo atestigua el ministerio del inefable señor Montoro. Hace un año, Hacienda dio en escudriñar las solicitudes de liquidez que las endeudadas comunidades autónomas elevan para atender el pago a sus proveedores.

A la sazón, se descubrió un estupefaciente cargo presentado por la Junta andaluza. Se refiere a un suministro de tortillas de patatas que se sirvieron durante la infausta Expo. Veinte años después, los contribuyentes aún pechamos con las secuelas de aquella escandalosa borrachera de dispendios incontrolados.

Pero a lo que íbamos. La crisis de 1993 pasó pronto y el número de naufragios volvió con rapidez a las cifras habituales. En 2007, el año previo a la implosión económica, apenas hubo 250 percances en Catalunya, como antes queda dicho. Por aquel entonces, toda la piel de toro estaba sumida en el jolgorio del ladrillo y parecía vivir en una nube celeste. Nadie avizoraba el cataclismo que se nos venía encima a marchas forzadas.

El alud de descalabros es un indicador muy fiable sobre la marcha de la economía a pie de calle. En los años de bonanza y expansión, e incluso en los periodos de estancamiento, lo usual es que acaezcan 200 o hasta 300 fracasos destacables en Catalunya. Pero nunca, hasta el sideral estallido de la burbuja inmobiliaria, se había llegado a los devastadores registros cercanos a las cuatro cifras que todavía hoy nos atenazan.

Con todo, es de subrayar que el número de desdichas no sólo no ha engordado en 2013, sino que se ha comprimido. Lo más duro de la crisis parece que ya queda atrás. Cosa bien distinta es la cacareada recuperación que pregonan los políticos con mando en plaza, en un vano intento de aliviar la pesadumbre de los ciudadanos.

Mucho me temo que tal augurio carece de base sólida. Desearía equivocarme, pero creo que en los dos próximos años la economía no se restablecerá de forma consistente y palpable. Es de tal calibre el destrozo ocasionado en los últimos años, que costará Dios y ayuda remediarlo.

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