Sin derechos humanos no hay democracia

12 de diciembre de 2014 (20:24 CET)

Coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre, el senado de los Estados Unidos dio a conocer un resumen ejecutivo de unas 500 páginas --que se desprendía de un documento mucho más amplio de unas 6.700 páginas--, sobre las torturas infligidas por la CIA desde el traumático 11-S.

El documento demuestra que la CIA torturó a presos a los que consideraba sospechosos sin ninguna prueba y que lo hizo, lo que aún es peor, zafándose del control legal con todo tipo de argucias. El informe también demuestra que la agencia mintió reiteradamente y que, para ello, escondió información a las cámaras legislativas. En fin, que practicó el embuste sin ningún miramiento, lo que no nos debería extrañar teniendo en cuenta que la CIA miente desde que fue creada en 1947 en sustitución de la Organización de Servicios Especiales, los servicios secretos que actuaron durante la Segunda Guerra Mundial.

El informe es contundente. La CIA exageró y engañó al congreso, al senado y al presidente sobre las pistas obtenidas bajo tortura --una práctica que por otro lado siempre negó que existiera--, para poder seguir actuando como le viniese en gana. Después del 11-S, parece que lo normal en cualquier serie norteamericana --por ejemplo, Homeland-- es que se torture al enemigo. Se nos muestra sin ningún rubor la tortura, y lo que subyace bajo esa crueldad es una justificación patriótica de las prácticas ilegales del contraespionaje norteamericano.

La conclusión realmente sorprendente del documento senatorial no es, sin embargo, que la CIA torture, mienta y manipule. Lo intolerable es que, según parece, esas torturas no sirvieron para nada porque no aportaron información alguna a la agencia. La CIA afirmó en su día, para defenderse de las denuncias y las sospechas, que la tortura había sido útil para obtener las pistas que condujeron a localizar finalmente a Bin Laden, pero el informe lo desmiente completamente. Si ya es aberrante el uso de la tortura, que ésta no sirva para nada resulta irritante. Es un absurdo que, de entrada, invita a reclamar la restitución urgente del Estado de derecho.

Aunque parezca mentira, en el mismo país se pueden dar dos fenómenos como los que acabo de reseñar: que se torture y que a su vez la autoridad competente lo demuestre y lo documente sin que se hunda el sistema.

Lo bueno que tiene la democracia norteamericana es que al final las mentiras se descubren y la verdad sale a relucir. En España, en cambio, por poner un ejemplo clamoroso, los GAL siguen siendo un misterio escondido en las malolientes cloacas del Estado bipartidista de la transición. En octubre de este año Laura Martín, la viuda de Juan Carlos García Goena, última víctima mortal de los GAL en julio de 1987, aún lucha por saber quién mató a su marido. La fortaleza de una democracia se demuestra andando, ¿verdad?

No soy ingenuo y sé que el papel resiste cualquier alegato, porque lo difícil es que los Estados y sus servicios secretos observen de verdad los preceptos que incluyen las convenciones, los tratados o los eslóganes bienintencionados. Pero sería de una gran ayuda, por ejemplo, que los EEUU firmasen de una vez por todas la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura, adoptada en Cartagena de Indias (Colombia), hace treinta años, el 12 de septiembre de 1985.

Treinta años dando la espalda a esa convención es un síntoma y pone en un brete el ideal comúnmente aceptado de que el respeto a los derechos básicos e inalienables de todas y cada una de las personas es esencial para garantizar la democracia. La democracia necesita algo más que buenas palabras y la transparencia que nos llega en forma de documentos y denuncias. La democracia es incompatible con la intolerancia y la tortura es, desde la Inquisición, la mayor de las intolerancias. Bienvenidos sean, pues, los informes y lo que sea. Pero debemos exigir algo más.

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