¡Sigan la pista de la morosidad!

16 de febrero de 2013 (17:19 CET)

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha realizado un estudio para conocer la situación de la morosidad en España a través de una encuesta.

El plazo medio de cobro de las ventas a empresas en 2012 fue de 93 días, lo que significó una disminución de cinco días respecto a las estimaciones efectuadas para 2011 (98 días). Se redujo, por tanto, el plazo medio de cobro el 5,1%, pero se queda lejos de los 75 días que establecía para el año pasado la Ley 15/2010 de 5 de julio.

El plazo medio de cobro que registraron las empresas en sus ventas al sector público se cifró en 141 días, inferior en 21 días al estimado para 2011, que fue de 162 días (reduciendo un 13% el tiempo medio de pago).

Aunque la cifra ha mejorado, queda muy lejos de los 40 días que había fijado la ley de morosidad. En 2012, el plazo medio de pago a proveedores se ha reducido un 13% de media en los organismos públicos y un 5,1% en el sector privado, la ratio de morosidad se mantuvo en el 7%, el 65,4% de los contratos superaron los plazos de pago a proveedores permitidos por ley, y el 75% nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora.

La PMcM ha hecho pública una nueva propuesta que pretende evitar el "fraude de ley" que permite a los contratistas de obra pública realizar legalmente pagos a los subcontratistas y proveedores en plazos que superan los 250 días. Otras de las propuestas clave son que pymes y autónomos no tengan que adelantar el IVA de facturas no cobradas, sino el deudor moroso, y establecer un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros.

Tiene delito que en 2013, la pyme aún se deba movilizar para hacer cumplir directivas europeas contra la morosidad; para que las reglas del mercado libre se apliquen a todos con equidad. Es la muestra de cómo en España la oligarquía de los grandes grupos económicos y de las cúpulas de los grandes partidos dicta las leyes.

Estos días, que se habla tanto de sobres y corrupción, merecería la pena estar atentos a qué empresas aparecen en los casos para investigar si alguna de ellas se benefició de la tolerancia sistemática que los diversos gobiernos españoles, con el apoyo de la leal oposición turnante (PPSOE-CiU), han demostrado en las sucesivas legislaciones sobre morosidad y control de las mismas. Como también sería interesante seguir las pistas de donaciones de los principales beneficiarios de las escandalosas leyes anti morosidad y filo oligopólicas en estos últimos 10 años.

Porque la cruzada de la patronal de pequeñas y medianas empresas y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, con el abanderado Antoni Cañete, no viene de ahora. Como tampoco es reciente la actuación en el Congreso, prácticamente en solitario, de los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya. Para muestra, algunos botones.

Finales de 2003. Ante la amenaza de sanción en 2004 de la Unión Europea a España por incumplimiento de las directivas anti morosidad, el Gobierno del pseudoliberal Aznar se precipita en presentar un proyecto contra la morosidad, con más agujeros que un gruyère, favorable a las grandes constructoras y distribuidoras. Se les permitía, excepcionalmente, pagar a 210 días. Todos (PPPSOE-CiU) a favor, menos el diputado Joan Puigcercós, que coloca una enmienda a la totalidad que impide la aprobación de la ley trampa.

Diciembre de 2004. El Gobierno Zapatero en el trámite del Congreso y previo pacto entre ERC, que era determinante, y PSOE impulsa una ley anti morosidad bastante correcta. Curiosamente en el tramo parlamentario del Senado, una maniobra propiciada desde el ámbito de justicia y con el beneplácito de PPSOE-CiU, se introducen enmiendas que desvirtúan el proyecto. Por ejemplo, que todos los plazos fijados puedan ser saltados por un simple pacto entre las partes. ¡Anda! Si esto no es una cláusula oligopólica, con la que los grandes compradores tienen cogidos por las partes nobles a los pequeños y medianos proveedores, ¿qué es? Obviamente ERC se retiró del acuerdo.

En 2006, ante el fiasco de cara a las pymes de la Ley 2004, ERC presenta sendas proposiciones para crear una comisión de seguimiento de los resultados de la ley anti morosidad y una enmienda a la cláusula trampa de la ley (diputados Joan Puig y Jordi Ramon). Proposiciones sistemáticamente rechazadas por el rodillo político. La mayoría absolutísima bien conectada con la casta del Bernabéu y del Ibex.

Año 2010. En marzo se discutió en el Congreso sobre el proyecto de modificación de la Ley de 2004. Decía Ridao: "El conjunto de nuestras enmiendas se propone fijar un plazo máximo de 60 días, en segundo lugar, eliminar la perniciosa, dañina cláusula de salvo pacto contrario de las partes, y, en tercer lugar, fijar una determinación objetiva del plazo de cobro, que es la emisión de la factura". Parece que por fin se había dado un paso adelante. Pues no.

Año 2011. Con nocturnidad y alevosía, el 14 de noviembre 2011, el PSOE a seis días de las elecciones del 20N, aprueba un real decreto con una cláusula que beneficia directamente a los contratistas (los de la estirpe Florentino) que no tendrán que pagar a los subcontratistas en los plazos de las otras empresas.

Así que ahora que se levantan las alfombras, ¿alguien seguirá la trama de hilos y sobres o maletas que unen las decisiones reiteradamente favorables a la alianza entre el palco del Bernabeu y las cúpulas de los grandes partidos del régimen de la Segunda Restauración?
Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad