Sánchez Gordillo adelanta en línea continua

23 de agosto de 2012 (13:25 CET)

Si algo deberíamos haber aprendido en tantos años de democracia, es que hay normas que están para cumplirse. Imaginemos que a todo el mundo nos da ahora por adelantar en las líneas continuas en las carreteras. La Guardia Civil se pone en el lateral y dice: “mientras no choque con otro vehículo no pasa nada”. Saben, a eso se llamaría inseguridad jurídica y es lo peor que le puede pasar a un país.

Cuando un estado pierde el respeto por las normas. Cuando una nación es vista por terceros como la cuna del despropósito. Cuando se quiere justificar la violación de la propiedad privada mientras los agentes del orden miran a otro lado. Cuando alguien se dedica a saltarse las normas en vivo y en directo, mientras por su parte sigue cobrando el sueldo de diputado, pagado por todos. A eso, ¿podemos llamarle país?

El personaje Sánchez Gordillo disfruta además de la comparativa continuada con Robin Hood. Aquel personaje de leyenda escondido en el bosque de Sherwood defensor de los pobres y oprimidos. Robin luchaba contra las autoridades locales que utilizaban la fuerza pública para acaparar ilegítimamente las riquezas de sus opositores. Pero señores, hay varias diferencias, y la más clara es que nuestro particular Robin cobra del ESTADO, sí con mayúsculas.

Es decir, tenemos un pseudo Robin que de día dice una cosa y de noche hace otra. Es decir, recuerda más a la Lulú de día y Lulú de noche, aquella que dio pie a la película de 1985, que al héroe de leyenda. Por cierto, algo muy típico de la política española. Hablar de honradez y luego poner la mano para cobrar. Nada diferente a lo vivido en todos los partidos como PP, PSOE, CiU, o IU.

En todo caso, volvemos a otras argumentaciones anteriores. El problema no es Sánchez Gordillo, más centrado en elevar su ego hasta la extenuación que en aportar soluciones que no sean beneficiarse de lo ajeno. El problema es de país, tanto del bajo nivel educativo que permite que charlatanes de esa índole campen a sus anchas, como de las autoridades que permiten que se conduzca de día atravesando líneas continuas mientras de noche se dan lecciones en el parlamento, o al revés -muchos desconocemos los horarios de los parlamentos autonómicos¬-.

Uno en su vida privada puede cometer las ilegalidades y hasta alegalidades que considere oportuno. Seguramente siempre hay un motivo detrás, pero cuando uno traspasa lo privado para vivir y recibir de lo público debe no sólo ser coherente, sino debe parecerlo. Es más, las autoridades de las que cuelga deben aparentar que sus miembros lo son y aplicarse con rotundidad cuando sea manifiesto que no lo son.

En este caso, la imagen de un diputado campeando por todas las profundas ilegalidades posibles sin una sola sanción por el ente que la paga, en este caso el parlamento andaluz, es una auténtica vergüenza. En la vida privada cada uno puede manifestarse como quiera. Pero, cuando uno decide traspasar esa línea privada y vivir del dinero público debe automáticamente acatar el sistema, aunque sea por imperativo legal.

No es de recibo que una persona que gana su sueldo de parlamentario -lo reparta o no, cobra cada mes una cantidad de dinero considerable- se dedique a infringir normas tan básicas como no robar o no ocupar casas. Ese personaje trasmite una imagen exterior como representante de una institución en España. Si el parlamento andaluz es incapaz de sancionar esos actos, la verdad no sé para qué vale.

Todos debemos atenernos a unas normas mínimas de convivencia, pero aquellos que cobran de lo público deben también parecer que se amoldan. No sólo es cumplimentar unos mínimos, sino cumplirlos. El diputado Sánchez Gordillo es libre de campar por donde quiera -eso es parte de la libertad de acción de cualquier ciudadano en España- pero no puede prostituir el nombre de un parlamento sin atenerse a las consecuencias.

Estos días han hablado el ministro Fernández y el ministro Gallardón, pero su “superior” inmediato que es el parlamento andaluz debería haber dado instrucciones precisas para, como mínimo, suspender el sueldo del diputado que se dedica a actividades poco aceptables en sociedad. En cualquier empresa si un trabajador es visto y alardea de robar a su empresa –recordemos, él cobra del Estado- el contrato es inmediatamente suspendido. Aquí, por lo visto, algunos ríen sus gracias, y no pasa nada. Así nos va.

En todo caso, volvemos a lo de siempre, Sánchez Gordillo no es culpable de nada. Incluso algún acto suyo podría caer en la simpatía de muchos ciudadanos, pero sí debería ser consciente que uno no puede cobrar de lo público para resquebrajar lo que es público. Si quiere seguir adelante Sánchez Gordillo pues que lo haga, pero no con el dinero de todos.
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