Racionalizadores del sector público (2)

15 de octubre de 2014 (20:02 CET)

Habitualmente, los casos de corrupción han salido a la luz o gracias a Hacienda o por un descuido de alguna de las partes de la trama. A parte del escándalo público, los científicos sociales tendríamos que analizar estos casos como los biólogos hacen con las bacterias. Por eso sorprende que en El informe anual de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que recientemente se presentó al Consejo de Ministros, no haya ni una consideración sobre la corrupción.

Cuando en los sumarios de corrupción se pueden ver cómo se hacían las adjudicaciones de obras, por ejemplo, un científico social se tiene que preguntar por qué han fallado los mecanismos de control y de qué manera la administración pública se ha desviado de su objetivo legítimo.

Ahora mismo ha estallado el escándalo de las tarjetas de Caja Madrid. Pues bien, en el sector público también se usan tarjetas. ¿Y quién las controla? Transparencia no hay. Si el ente es la administración hay un interventor, a menudo condicionado puesto que en muchos aspectos depende de aquellos que tiene que controlar; si es una empresa pública no hay ningún control, al margen de la formal auditoría contable.

Incluso hay quien tiene tarjetas de varios entes a la vez. Así, ¿cómo no va a haber corrupción? La probabilidad de ser descubierto haciendo las cosas mal es muy baja. Y en determinados niveles corresponde saber aquello de que la ocasión hace el ladrón, que dice el refrán.

Igual que Hacienda tiene herramientas estadísticas para el control de la empresa privada, las mismas herramientas también se podrían aplicar en el sector público. Las operaciones económicas habituales siguen unas leyes estadísticas.

Es extraordinariamente fácil detectar 'anormalidades'. También se puede cruzar información para detectar, por ejemplo, si hay una concentración anormal de adjudicaciones a un determinado contratista. Se puede dar independencia a los interventores y evitar la presión y el acoso laboral. Cuando un interventor tiene problemas iría muy bien, a efectos de prevenir la corrupción, iniciar una investigación externa para levantar las esteras. También se pueden analizar los contratos como hizo no hace mucho un juzgado con el caso del contrato de Neymar.

Al Gobierno, a pesar de que dice estar estableciendo más 200 medidas de reformas que la OCDE aprueba con excelente y la ONU les ha dado un premio en e-government, le pasa como aquel catedrático de violonchelo de Córdoba que no sabía tocar el violonchelo por la sencilla razón de que no entraba en ningún examen de oposición a catedrático que tuviera que aprobar.

La revista Der Spiegel del 1 de octubre publica un artículo titulado "¿Están bien utilizados los fondos europeos que recibe Andalucía?" donde se explica que es la región de Europa que recibe más fondos europeos y que se gastan con muy poca racionalidad, eficiencia y, en algunos casos, con sospechas de corrupción. También es ilustrativo de la irracionalidad del gasto público el artículo de Gerard Llobet El pozo sin fondo del AVE a NadaesGratis. Imprescindible. En conjunto, los hechos no indican racionalidad.

El clientelisme político que, en principio podría ser legítimo, se tiene que desarrollar en un marco con transparencia y conocimiento del coste de las decisiones. La Ley de Transparencia aprobada en diciembre de 2013 y que no se aplicará plenamente hasta diciembre del 2015, es efectivamente un adelanto, pero resulta insuficiente porque carece precisamente de la parte que hace referencia al coste de las decisiones. Con la Ley de Transparencia podremos conocer los contratos públicos --¡ahora no podemos!--, pero no su motivación económica, que puede ser que no exista, es decir, que puede ser que se haya tomado una decisión con consecuencias económicas importantes sin haber hecho una evaluación económica previa.

Otra de las reformas que está en marcha es la de hacer una contabilidad analítica que permita conocer el coste de los servicios. Como decía la presidenta del Colegio de Secretarios e Interventores, Petra Sáiz, en unas jornadas sobre el tema organizadas por la Federación de Municipios este el pasado miércoles, para que esta reforma sea efectiva hace falta un cambio de chip de los políticos.

¿Pero los políticos están interesados en conocer el coste de los servicios públicos? ¿Se pueden presentar a unas elecciones hablando del coste de los servicios públicos? ¿Interesa? Por suerte, cada vez hay más gente formada y la sociología del país ha cambiado y los medios tienen un papel importante. La Ley de Transparencia, a medida que entre en vigor --todavía no-- puede poner al alcance una mina de información pública.

Ahora bien, de momento el proceso denominado de racionalización del sector público no resuelve el problema descrito por el refrán la ocasión hace al ladrón primero por carencia de control interno efectivo y también porque, al no ser importante el análisis económico en la toma de decisiones, pasa que el clientelisme político fácilmente acaba derivando en amiguisme político.
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