Pujol junior sigue campando a placer por sus paraísos fiscales

19 de septiembre de 2014 (19:35 CET)

Jordi Pujol Ferrusola compareció por fin ante el juez Pablo Ruz. Tras declarar, se fue tal como había venido, indemne y sin imposición de medida cautelar alguna. Ruz podría haberle retirado el pasaporte u obligado a presentarse periódicamente. Pero no adoptó esas u otras resoluciones preventivas, debido a que tanto la abogacía del Estado y como la fiscalía se abstuvieron olímpicamente de solicitarlas.

La actuación de estos dos órganos estatales recuerda la que desarrollaron sin empacho durante la instrucción del lío de Nóos. Con harta frecuencia, dieron la impresión de estar sirviendo a los intereses de la infanta Cristina, más que a los generales de la ley. No parece sino que sus intervenciones se orientaban derechamente a salvar el pescuezo de la encartada. De hecho, la hija de don Juan Carlos bien pudo haberse ahorrado las minutas de sus propios letrados.

Como en el caso Nóos

La cerrada defensa de la abogacía y el ministerio público hizo pensar a muchos observadores que de pronto el mundo comenzaba a girar al revés. El caso es que el nada glorioso papel de esos instrumentos del poder público en las andanzas del Instituto Nóos se está reproduciendo punto por punto en el de Jordi Pujol Ferrusola.

Tras esa primera convocatoria, nada impide al primogénito del ex honorable defraudador seguir viajando a sus paraísos fiscales, mover sus dineros donde le plazca y, en definitiva, hacer lo que le pete, pues su plena y absoluta soltura de movimientos no ha sufrido un ápice de menoscabo. Aunque a estas alturas de la película, es probable que no necesite efectuar más transferencias de fondos, dado el largo periodo de que ha disfrutado para trasladarlos a buen recaudo.

Primer rechazo

El entuerto arribó a las dependencias del juzgado de Ruz a finales de 2012, a raíz de las denuncias presentadas por María Victoria Álvarez, ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola. El juez apreció a la sazón que el asunto escapaba a la competencia de la Audiencia Nacional, por no quedar clara "la comisión de actos que supongan la consumación de una actividad delictiva" fuera de España. Así que Ruz se sacudió el asunto de encima y lo derivó a un juzgado ordinario.

Pero la fiscalía recurrió y la sala de la Audiencia Nacional ordenó entonces al juez que asumiera la tramitación. El fallo de la sala acaeció a mediados de enero de 2013. Con su pachorra habitual, Ruz no citó a declarar a Pujol hasta el 15 de septiembre de 2014. En el intervalo, no ordenó registrar el domicilio del imputado, ni las sedes de su prolífica constelación de sociedades patrimoniales e instrumentales. El día que el magistrado decida rastrear tales pistas, si es que lo decide, probablemente las hallará recubiertas de telarañas.

Mordidas exorbitantes

Uno de los aspectos más llamativos de este embrollo es la catarata de facturas que Pujol hijo giró a varias constructoras catalanas, por importe de varios millones de euros. Los papeles existen y figuran debidamente inscritos en los estadillos contables de las sociedades que controla el individuo. Pero éste asegura carecer de justificante alguno de los supuestos servicios prestados, todos ellos, por cierto, remunerados con enorme esplendidez.

A su vez, las empresas paganas, con la polémica Emte de la familia Sumarroca a la cabeza, tampoco han podido exhibir un solo documento acreditativo de las tareas realizadas para ellas. Añádase que tales compañías encierran la característica común de ejercer habitualmente actividades relacionadas con las administraciones catalanas y beneficiarse de contratas o concesiones públicas. El resultado es un escandaloso mejunje que despide intenso hedor a corrupción política.

Citar a empresarios

Ruz se enfrenta a la misión de intentar probar el nexo entre las coimas que devengó el espabilado hijo del ex president y los concursos adjudicados. Para ello, nada sería más útil y hacedero que citar a los máximos responsables de las sociedades que tan generosamente han llenado los bolsillos del junior. Mas no hay noticia de que lo haya hecho ni piense hacerlo.

Reina la sensación de que Ruz ha retomado el expediente con profunda desgana. Una de sus primeras providencias consistió en exigir una caudalosa fianza a la acción popular ejercida por el sindicato Manos Limpias. Éste no pudo reunir el peculio y quedó fuera del sumario. Así ocurre que en la actual fase de instrucción, son la abogacía del Estado y la fiscalía las que tienen la sartén por el mango. Y ya se ha comprobado que ni una ni otra están por la labor de buscarle las cosquillas a Pujol el joven. O sea, en conclusión, que éste puede respirar tranquilo. Al menos, por el momento.
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