¿Presupuestos para el diálogo?

06 de octubre de 2013 (12:53 CET)

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 presentados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), son socialmente injustos y reinciden en el maltrato a Catalunya, las Islas Baleares y Valencia. La mitad del presupuesto español se destinará a pagar intereses de la deuda, pensiones y desempleo.

Aunque de cara a la galería el Gobierno dice que la economía española está en el camino de la recuperación, la deuda llegará al 100% del Producto Interior Bruto (PIB) alcanzando una cifra por encima del billón de euros. El paro se situará en el 27% y el Ejecutivo deberá meter la mano en la caja del Fondo de Reserva de las Pensiones de nuevo por un valor de 6.148 millones de euros.

El Estado recortará las inversiones en Catalunya el 25,5% en 2014, en Valencia el 8,1% y en las Islas Baleares el 5,7%. La partida se ha reducido unos 3.700 millones en seis años, hasta los 944 millones de euros, en Catalunya. En el País Valenciano ha bajado en 1.649 millones de euros, hasta los 605,8 millones, y en las Islas Baleares, se ha recortado hasta unos exiguos 74,02 millones de euros.

En este ejercicio se recaudarán en todo el Estado 4.300 millones de euros más en impuestos. Pero las transferencias en concepto de modelo de financiación en Catalunya disminuirán en 560 millones de euros. Esto supone más ajustes que deberán compensarse con nuevos impuestos.

De nuevo, en los PGE no incluye la deuda de la Disposición Adicional tercera del Estatuto de Catalunya aprobado en 2011. Es decir, 759 millones de euros. El Gobierno también se ha olvidado de la compensación del impuesto sobre la banca, que alcanza los 889 millones de euros.

Este maltrato se suma a todas las discriminaciones acumuladas a lo largo de los años. Una de las últimas es la no transferencia del aumento de recaudación del IVA. ¿Por qué el Ministro Montoro no traspasa la mitad de lo que se recauda con esta tasa?

El Estado ha recaudado 8.500 millones de euros adicionales del IVA debido a los aumentos de tipos que decretó en septiembre de 2012. De esta cantidad, el 23 % se ha logrado en Catalunya (es decir, 2.000 millones de euros). La mitad deberían traspasar a Catalunya. Con 1.000 millones, se hubieran evitado los recortes de este año.

Éste es el análisis de la coyuntura.

Propongo hacer una mirada larga sobre series históricas a partir de los datos que ofrece el BBVA sobre el stock de capital público por regiones. Estas cifras muestran como hay una sistemática discriminación en el eje mediterráneo en relación a su población y su PIB. En momentos culminantes, como durante la República y durante el final del franquismo (a pesar de la represión), tanto el nivel de PIB como el de capital público habían alcanzado un enorme peso por parte de Catalunya. A lo largo de los 30 años de Estado de las autonomías, éste sólo ha hecho que disminuir.

A principios del siglo XX, Catalunya tenía un stock que significaba el 12% del total del Estado. Durante la República llegó a superar el 14%. Con la guerra, bajó en picado y volvió a incrementar en la última etapa del franquismo. Se situó de nuevo casi en el 14%. En los últimos 30 años ha disminuido hasta el 12,9% del total español.

La primera reflexión es sencilla: el stock de capital público, en porcentaje, siempre ha sido inferior al peso por población y por PIB. Esta situación cronificada de Catalunya la comparten Valencia y las Islas Baleares .

Los datos actuales muestran como una Catalunya con el 16% de la población y el 18,7% de PIB del Estado sólo obtiene el 12,9% del capital público. Valencia tiene el 10,8 % de la población y 9,6% de PIB de España y el 8,9% del capital público. En las Islas Baleares vive el 2,37 % de la población y significan el 2,5% del PIB, pero sólo obtiene el 1,8% de capital público. En cambio, la diferencia se rebaja en Madrid: concentra un PIB por el factor capitalidad falseado, el 17,6%, el 13,7% de la población y el 12,7% de capital.

Pasemos ahora al modelo inverso, el de las comunidades autónomas forales y subsidiadas. País Vasco tiene el 4,6% de la población y el 6,2% del PIB de España, y obtiene el 5,9% de capital público. Navarra, con el 1,3% de población y PIB, tiene el el 1,7% de stock de capital. Castilla y León, con el 5,3% de población y el 5,4% de PIB, tiene el 7,7% del stock. Castilla la Mancha, con el 4,4% de población y el 5,4% del PIB, tiene el 7,7% del capital. Extremadura obtiene el 3,9% de capital público, y sólo concentra el 2,3% de la población y de PIB. Y no sigo con las comunidades autónomas cantábricas o, aún peor, con las colonias africanas de Ceuta y Melilla. Allí, el diferencial es de escándalo.

El problema, por lo tanto, no es sólo un posible castigo coyuntural en Catalunya por el proceso soberanista. El problema es más grave: la continuidad histórica de las políticas de aniquilación y extorsión de todo el eje mediterráneo productivo. Los gobiernos del Partido Popular de Baleares, Valencia y Murcia son las comparsas de este proyecto secular castellanista. Sus campañas identitarias populistas contra un supuesto pancatalanismo sólo son la cortina de humo para despistar a parte de su electorado del grave problema de aprehensión historia que sufren a favor de la casta extractiva madrileña y sus territorios protegidos.

Una casta propia del antiguo régimen que, con su incultura, no conoce la parábola del avaro que mató las gallinas de los huevos de oro peninsulares, para pasar a ser el mendigo de Europa.
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