Mordidas de Urdangarín en Catalunya

28 de junio de 2013 (18:43 CET)

Uno creía a pies juntillas eso de que “Hacienda somos todos”. Pero el escándalo de unas compraventas inmobiliarias atribuidas a la infanta Cristina, hace que esa cantinela suene a tomadura de pelo. El pintoresco ministro Cristóbal Montoro ha despachado el asunto a desgana, con el increíble argumento de que se produjo una lamentable cadena de errores, tanto de Hacienda como de los notarios y registradores. Montoro puso cara contrita, pidió perdón urbi et orbi y dio por zanjado el embrollo.

Paralelamente, los funcionarios de Hacienda emitieron un comunicado explosivo. En él denuncian que “un cierto tipo de contribuyentes” tiene bula y a sus datos sólo pueden acceder los altos responsables de la Agencia Tributaria. De pasada, preguntan por qué no se requirió en su momento a los involucrados en los trasiegos de marras. Nadie da respuesta.

Si creemos a pies juntillas al ministro, desde 2005 figura en las bases de datos de la Agencia Tributaria una batería de movimientos de pisos y locales a nombre de la Infanta, pero ésta no las incluyó en sus declaraciones de renta y patrimonio, porque nada tenía que ver con ellos. Lo que no aclara el señor Montoro es que los ordenadores del ministerio tendrían que haber disparado de inmediato sus señales de alarma y no lo hicieron, o si lo hicieron, alguien con mando en plaza echó tierra encima.

Los interrogantes sin despejar son muchos. Mas cunde la impresión de que el caso no irá a más. Hay poderosos intereses en juego y los responsables políticos volverán a salirse por la tangente cada vez que alguien les pida explicaciones. Es de recordar que el asunto estalló a raíz de que el juez Castro, instructor del caso Nóos, pidiera al fisco información sobre los bienes de la Infanta. Pues bien: al día de hoy, aún la sigue esperando.

Por lo demás, el sumario sobre el famoso Instituto Nóos sin ánimo de lucro depara sorpresas continuas. Una de las últimas entregas del serial compromete seriamente a tres empresas catalanas. Se trata de Mixta África, inmobiliaria fundada en el seno de Renta Corporación, liderada por Luis Hernández de Cabanyes y actualmente en situación concursal; Aceros Bergara, filial del grupo siderúrgico Irestal de Joaquim Boixareu Antolí; y la firma de cazatalentos Seeliger y Conde, capitaneada por Luis Conde Moller.

Esta troika pagó entre 2006 y 2009 más de medio millón de euros a la sociedad Aizoon, propiedad a medias de Urdangarín y la Infanta, domiciliada a la sazón en el mal llamado “palacete” que ambos poseen en la calle Elisenda de Pinós, de Pedralbes. Castro citó a los delegados de dichas firmas para que detallasen los importantes trabajos realizados por Urdangarín, merecedores de tan abultados emolumentos. Ninguno de ellos fue capaz de aportar un solo documento justificativo.

Por los cerros de Úbeda


Las deposiciones resultaron jugosas. Por Mixta África comparecieron Luis Hernández, mandamás de su matriz Renta Corporación; Eri Nemoto, consejera delegada de Mixta África hasta 2008; y Marcel Escribà Crespo, ex consejero y responsable de finanzas. Todos trataron de justificar el desembolso de 384.000 euros, con desigual fortuna.
Hernández echó balones fuera.

“El comportamiento del duque durante el tiempo que trabajó para Mixta fue correctísimo. Lo fichamos como asesor externo para que nos apoyase sobre todo en el tema de imagen y nos instruyera sobre la forma de potenciar la visibilidad de nuestros planes, que consisten en construir viviendas en Marruecos, y también –no estoy seguro–, en Túnez".

Eri Nemoto, de origen japonés, dijo que uno de los proyectos propuestos por el duque consistía en erigir un complejo turístico en Marruecos, enfocado al deporte del windsurf con paracaídas, similar al que se practica en la localidad gaditana de Tarifa, aunque admitió que “tal actividad está muy alejada del objeto social de Mixta África”.

Escribà fue algo más explícito. Dijo que “Urdangarín aportaba conocimiento”, si bien a renglón seguido admitió que nunca tuvo "ni idea" de por qué se le había contratado. A preguntas del abogado del Estado llegó a calificar de "estafa para una compañía incipiente como Mixta África” que se abonasen a Urdangarín 174.000 euros en un sólo pago.

Por Aceros Bergara compareció el apoderado Javier Busquets. Tampoco éste vio jamás un solo informe firmado por Urdangarín. “Todos sus asesoramientos fueron verbales. Versaron sobre la internacionalización de la empresa”. Por cierto que Joaquim Boixareu, dueño de Aceros Bergara, figuró entre los máximos impulsores de la compra de Spanair a la escandinava SAS. Semejante “negocio” ha acabado costando a los contribuyentes catalanes la nadería de 200 millones de euros. En épocas pretéritas, la empresa metalúrgica de la familia Boixareu protagonizó una estruendosa suspensión de pagos.

Finalmente, depuso José Luis Marco, de la firma cazatalentos Seeliger y Conde. “El reclutamiento de Urdangarín obedecía a nuestro interés por contar con alguien con notables contactos y gran capacidad de interlocución”. En la compañía tampoco consta ningún papel del duque, salvo las facturas que le giraba periódicamente.

El juez Castro habrá de determinar ahora si hubo o no contraprestaciones efectivas por tales pagos, o bien se trató de una simple mordida. Hacienda le da una pista: considera que “la sociedad Aizoon se constituyó con el único objetivo de delinquir”. En todo caso, parece bastante claro que Luis Hernández, Joaquim Boixareu y Luis Conde se sirvieron del duque para adorar el santo por la peana, que es una forma como otra de lograr engarces del máximo rango.
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