Malabarismos estudiantiles. ¡Que alguien les preste atención!

16 de octubre de 2014 (19:34 CET)

10,05 - 10,60 - 10,70 - 10,97 - 11,80 - 19,67 - 19,67 - 19,67. Podría ser cualquier secuencia ilógica de números o quizás la evolución del importe de algún bien público... Efectivamente, se trata del precio pagado por crédito universitario en la enseñanza pública superior de Cataluña a lo largo de los últimos ocho años.

Un nuevo curso universitario ha comenzado y parece que pocos se acuerdan de las dificultades que miles de estudiantes sufren para pagar su matrícula. Esto es fruto del aumento desconsiderado que padecieron los precios a partir del curso 2012-2013, un 66%, aproximadamente, con respecto al curso 2011-2012, en todos los estudios.

Grado, máster, experiencia laboral e idiomas son los ingredientes necesarios para que un estudiante logre acceder al mundo laboral con ciertas garantías de éxito. ¿Cómo se consigue todo ello si los recursos económicos de la mayoría de los estudiantes son escasos, los precios públicos universitarios aumentan desproporcionadamente y las facilidades de la Generalitat, en cuanto al acceso a becas o a formación en idiomas, son escasas y apenas existe tiempo material suficiente para compaginar estudios y trabajo?

En el curso 2007-2008, un estudiante de derecho, sin acceso a becas, pagaba 10,05€ por crédito (Grado de Experimentalidad 1) y el total de la licenciatura (300 créditos) era de 3.015€. Del mismo modo, un estudiante de medicina abonaba 14,60€ por crédito (Grado de Experimentalidad 4) y el total de sus estudios era de 6.570 euros (450 créditos). A estos totales debían sumarse las tasas correspondientes a matrícula y demás gastos que cada universidad establece como obligatorios. Recordemos, asimismo, que los estudios estaban divididos en cuatro categorías en función del Grado de Experimentalidad; correspondiendo el primer grado a estudios como derecho o ciencias políticas; el segundo, a magisterio…; el tercero, a las ingenierías técnicas…; y el cuarto, a estudios como biología o medicina.

A día de hoy, los estudios están divididos en categorías por Coeficientes de Estructura Docente (CED) y por umbrales de renta. El mismo estudiante de derecho (sin acceso a beca y en el umbral de renta más alto, tramo 6) paga 25,27€ por cada crédito matriculado. El grado de derecho consta de 240 créditos ETCS y pertenece al CED A. Así pues, el total asciende a 6.064€ (sin contar las tasas de matrícula y demás gastos). Ello ha supuesto un incremento del 101,13%, una auténtica barbaridad si tenemos en cuenta que el nivel de vida también ha aumentado, el Salario Mínimo Interprofesional apenas lo ha hecho en un 13% (570€ en el 2007 y 645,30 en el 2014) y otras variables negativas influyentes como el paro también han aumentado. Aun así, aunque el estudiante se halle en el tramo de renta 1 (sin contar el 0 pues en ese existe total gratuidad en supuestos muy limitados), paga 12,64€ por crédito, precio que sigue siendo superior al del curso 2011-2012.

En el caso de los estudiantes de medicina (CED C), éstos pagan 39,53€ por crédito (en el tramo de renta más alto), lo que supone un total de 14.230€ (360 ETCS), lo que supone una subida del 116,59%. En el caso del tramo de renta más bajo, el importe por crédito sigue siendo de 19,77€ .

En los siguientes gráficos puede verse la evolución que han sufrido los precios públicos universitarios desde el curso 2007-2008:



¿Acceso libre a la educación universitaria? Las barreras económicas lo impiden, generando desigualdades entre los jóvenes, y no tan jóvenes, estudiantes. Muchos de ellos se ven obligados a abandonar los estudios y buscar trabajos precarios o minijobs. Otros optan por trabajar y estudiar al mismo tiempo, tarea sumamente difícil si tenemos en cuenta los tan flexibles horarios de las universidades. En cuanto a las becas, son escasas y mal distribuidas y a ello cabe sumarle los difíciles requisitos para que sean concedidas. Fruto de ello, no debe sorprendernos que las matrículas de nuevo acceso hayan disminuido en un 8,41%, como es el caso de la Universidad de Barcelona. Esta universidad en el curso 2010-2011 tuvo 11.715 nuevos estudiantes matriculados y dos cursos después la cifra bajó hasta 10.730.

Una vez finalizados los estudios, todavía queda por mejorar los idiomas y/o adquirir experiencia en el mundo laboral. Ahora bien, ¿cómo conseguirlo?. El coste de las Escuelas Oficiales de Idiomas, cómo no, también ha aumentado en Cataluña. En el curso 2013-2014 la matrícula ordinaria era de 176,30€, un 14% más cara que el curso 2012-2013. Este año, la matrícula cuesta 275€, es decir, un 55,81% más cara, y a ello cabe sumarle 30€ de material.

En cuanto a la experiencia en el ámbito laboral, ésta se presenta igualmente complicada. Las prácticas universitarias han logrado precarizar los contratos de trabajo. Es comprensible que a los empresarios les interese contratar a trabajadores a coste cero y sin ningún tipo de gasto en contingencias a la Seguridad Social. Es complicado competir contra ello pues se lidia contra un gigante. Ante esta tesitura, al estudiante se le presentan dos opciones: o realiza prácticas gratuitas para obtener experiencia laboral o, si pretende ganar dinero, deberá buscarse un minijob que poco tendrá que ver con lo que ha estudiado. En este sentido, algunas universidades han decidido cuidar a sus estudiantes. Celebro, por ejemplo, la iniciativa de la Universidad Pompeu Fabra que ha establecido un salario mínimo de 5€/hora en las prácticas extracurriculares.

Se suponía que el objetivo de la descentralización de las competencias en materia de educación superior universitaria era lograr una mejor de la calidad de la misma, así como también de su acceso. En Cataluña, este libre albedrío ha generado barreras económicas y una discriminación indirecta entre estudiantes. Cuando otros gobiernos autonómicos proponen precios suficientemente asequibles para lograr que los jóvenes accedan a la universidad, surgen las preguntas sobre si en Cataluña existe algún tipo de afán recaudatorio para paliar el déficit público. De lo contrario, no se explica por qué no se priorizan y se focaliza la inversión en materias como la educación.

Mientras tanto, el Gobierno vive alejado de la realidad y no atiende las demandas de los alumnos. Las empresas exigen más y más requisitos curriculares, y los estudiantes, resignados, hacen malabarismos para poder intentar labrarse un buen futuro, sufriendo las consecuencias del ninguneo del Gobierno y de este tipo de políticas públicas tan poco racionales.
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