Los Pujol, suma y sigue

24 de octubre de 2014 (00:00 CET)

La operación policial que ayer tuvo lugar simultáneamente en Barcelona y Madrid sobre los intereses del hijo pequeño del matrimonio Pujol-Ferrusola ponen de manifiesto que ni la policía ni los jueces han acabado de destapar este caso de corrupción que salpica a todo el clan familiar y emborrona tres décadas de ejercicio político en Cataluña.

Oleguer Pujol parece ser el cerebro de la familia en el ámbito de los negocios. Por encima, incluso, de su hermano mayor Jordi. Pero en los hechos que investiga el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional los medios de comunicación han aplicado la brocha gorda para describirlo. Que Oleguer haya podido cometer algún delito de blanqueo de capitales está por determinar, pero que sigamos confundiendo la operación que realizó en nombre de su empresa con el Banco de Santander con su supuesto latrocinio dice bien poco del rigor periodístico.

He tenido la oportunidad de leer completa la escritura por la que el Santander vende sus oficinas a la sociedad Samos Servicios y Gestiones, SLU de la que Oleguer es representante y que pertenece al grupo Drago Capital, con el que ha trabajado en los últimos años. La operación de los 2.177 millones de euros que el banco de los Botín cobra del fondo representado por el hijo de Pujol es limpia y repleta de garantías sobre el más de millar de oficinas que cambian de manos. Insisto, esa operación no parece tener, en si misma, ningún tipo de grieta oscura.

 
Los nuevos episodios del escándalo son la crónica de la decadencia de un clan que construyó su patrimonio a la vez que el país


Eso no significa que el hijo de los Pujol haya accedido a ésa y otras operaciones gracias a su apellido. Que los accionistas del fondo que representa tengan intereses fuera de España que deban ser conocidos para cerciorarse de si bordean o no la legalidad. Si hubo alguna comisión de cualquier tipo a título personal o de financiación política también es lícito que se investigue. Pero lo que es obvio es que Oleguer Pujol ni tiene ni ha tenido jamás los más de 2.000 millones de euros que supusieron la operación de la que los medios damos cuenta cada día.

Diferente es el caso de su hermano Jordi. Hay ya 11 imputados, entre ellos insignes empresarios nacionalistas como Carles Sumarroca, y el juez Pablo Ruz ha llamado a otra docena de testigos a declarar. Las sospechas sobre sus actividades y la licitud de las mismas son enormes. Todos tienen la presunción de inocencia que cualquier ciudadano merece, pero por el bien del futuro político del país estos casos deberían ser sustanciados por la justicia con la máxima diligencia. Que se eternicen, tal y como sucede cuando no hay reo en la prisión, son una muy mala noticia.

Dicho esto, el escándalo de los Pujol es la anunciada crónica del clan que paso décadas construyendo su patrimonio a la par que administraba el país. La semana próxima estará a la venta el libro Pujol KO. ¿Y después del pujolismo qué? editado por esta publicación. En él se da cuenta de algunas de las vicisitudes que han rodeado la historia de esta poderosa familia, se analiza el contexto político en el que vivieron y se revelan aspectos menos conocidos de sus negocios y relaciones. El caso no ha hecho más que empezar a todos los efectos jurídicos. En lo político están amortizados los efectos: ni el padre ni Oriol (el hijo dedicado a la política) podrán recuperar jamás la credibilidad que algún día se atribuyeron. Ni tan siquiera aunque eludan la acción de la justicia. El resto de los hermanos han comenzado ya la diáspora y buscan otros espacios en los que moverse. Incluso el matrimonio que rigió los destinos de Cataluña durante años ya han comenzado a pagar su propia condena: una especie de arresto domiciliario ante la presión de la prensa, que les obliga a permanecer en casa, uno frente a otro, y con la única compañía de dos mossos d'esquadra.
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