Los políticos se rebelan ante la Ley de Cajas impuesta por la troika

28 de octubre de 2013 (21:20 CET)

La Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias es una exigencia de la Comisión Europea (CE), del Banco Central Europeo (BCE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) --vulgarmente conocidos como la troika-- para que no se vuelva a repetir en nuestro país el desastre financiero que propiciaron las cajas de ahorro. Los organismos quieren evitar otro escenario como el que estuvo a punto de llevarse por delante al propio sistema financiero y al futuro económico de España, y por ello se incorporó en el memorándum de Entendimiento (MOU).

Los hombres de negro ya contaban con la contumacia de los políticos españoles a perder sus privilegiadas posiciones conseguidas en las últimas décadas. Por ello se muestran tajantes ante las reacciones que se producen entre ciertos partidos políticos y gobiernos autonómicos que buscan desesperadamente cambiar el texto pactado con el ministro De Guindos y recuperar, así, su cuota de poder que desaparecería si se aprueba el texto originario.

Puede que la tramitación de la futura ley no ocupe las primeras páginas de los medios de comunicación, pero el largo proceso de presentación de enmiendas demuestra, entre otras cosas, que lo que se está sustanciando va más allá de los ajustes que requeriría una norma sobre entidades financieras. Es un asunto muy relevante en la medida en que lo que está en juego es la participación de la clase política en la gestión de los bancos salidos de las antiguas cajas de ahorro.

Por eso, la batalla es dura y la troika, hasta ahora, aguanta estoicamente las embestidas que vienen de España y que buscan fundamentalmente dos cosas: poder simultanear la presidencia de las fundaciones de donde proceden los bancos con la de los bancos, y que el fondo de reserva que se exige a las nuevas fundaciones bancarias compute como capital de dichos bancos.

La batalla política se dirime a cara descubierta, sin máscaras y sin asumir sectorialmente la vergüenza de una situación pasada a la que no se quiere volver. Por eso, los partidos políticos nacionalistas y significados gobiernos autonómicos que han convertido la Ley de Cajas en casus belli se muestran especialmente activos en la pelea. Es lo que se conoce en la psicología organizacional como resistencia al cambio.

CiU y PNV lo tienen claro. Ambos se han puesto al frente de la manifestación para conseguir enmendar el proyecto de ley. Eso posibilitaría que Fainé pudiera compatibilizar la presidencia de La Caixa con la de la Fundación, aunque haya que buscar fórmulas “originales y engañosas” tratando de quebrar la voluntad de la troika, y que el fondo de reserva se alinee con las tesis del PNV y de su representante en la presidencia de Kutxabank, Mario Fernández.

Pero aunque Catalunya y País Vasco aparezcan como el núcleo duro en la pelea, la rebelión se extiende a otros caladeros en la medida en que Ibercaja, Unicaja y Liberbank, sus presidentes Franco, Medel y Menéndez, así como los respectivos gobiernos autonómicos se ven afectados y amenazados por la nueva Ley.

El primero en reaccionar desde fuera del Parlamento ha sido el gobierno andaluz, cuyo consejo de gobierno ha expresado su rechazo al proyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias. Considera que no sólo plantea la "liquidación del sistema de cajas conocido hasta ahora", sino que, además, "pone en riesgo la obra social". De esta forma, se une al coro de los que afirman que la troika sólo quiere destruir el sistema de cajas, lo que llevó a un reputado analista internacional a definirse públicamente: Y si fuera así, ¿qué?.

Quedan fuera de esa batalla pública las comunidades de Galicia, Madrid y Valencia, cuyas entidades están nacionalizadas y pendientes de privatización. Aunque ello no ha sido óbice para que el presidente de la Xunta de Galicia, el popular Núñez Feijóo, se haya posicionado reiteradamente sobre la necesidad de un cierto control político en las entidades financieras dominantes en Galicia.
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