Los enjuagues de ATLL catapultan el precio del agua

20 de febrero de 2015 (20:25 CET)

La deplorable entrega de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a capitales privados ha provocado un lío monumental. En breve se cumplirán 25 meses del traspaso de esa empresa a la constructora madrileña Acciona, feudo de la opulenta familia Entrecanales. Y el embrollo sigue de plena actualidad.

Ocurre que los tribunales tumbaron la transmisión a Acciona, porque su oferta incumplió el pliego de condiciones. A la puja acudió también Aguas de Barcelona (grupo Agbar), que resultó perdedora. Ahora, los técnicos de la Generalitat han elevado a la mesa de contratación un informe sorpresivo. En él sostienen que tampoco Agbar se ajustó al pliego de marras. Al parecer, no queda más salida que convocar otra subasta. Pero sea cual sea la solución, la chapuza perpetrada por el Govern es antológica.

Recuérdese que la devolución de ATLL a manos particulares se realizó en noviembre de 2012, pocos días antes de las elecciones autonómicas que dieron a Artur Mas una amarga victoria.

En aquel momento, el Ejecutivo catalán bregaba por cuadrar a martillazos el presupuesto. Para ello le faltaba la nadería de mil millones de euros. Así que, a toda prisa, se sacó de la manga la venta de ATLL. Fue el primer gran trasiego articulado por el flamante President para aligerar su frondoso y costoso parque de participaciones industriales. ATLL devino la mayor privatización acaecida nunca en Cataluña.

Aigües Ter-Llobregat se encarga de potabilizar el agua que consumen cerca de 5 millones de personas de 140 municipios situados en el área metropolitana de Barcelona. La compañía gestiona la planta desaladora de El Prat y las potabilizadoras de los ríos Ter y Llobregat, y luego vierte el líquido a las cañerías de distribución.

Para que la novia resultase más atractiva, se la vistió con un contrato por 50 años. Un servicio esencial quedó hipotecado, así, durante casi tres generaciones. Acciona pagó 300 millones al contado y se comprometió a desembolsar el resto, hasta 995 millones, durante medio siglo. A su vez, la Generalitat, en un apaño contable de altos vuelos, se apuntó de un solo golpe como recibidos los casi mil millones de la concesión completa.

Los 300 millones se esfumaron de inmediato, absorbidos por el pago de nóminas pendientes de la plantilla del Govern.

Clientes estrujados

Es de recordar que Acciona se presentó al concurso en compañía del banco brasileño BTG Pactual y de varios conspicuos emprendedores vernáculos, entre ellos los Sumarroca, Miarnau, Rodés y Torreblanca-Godia.

La presencia de Carles Sumarroca, fundador de Convergència Democràtica de Catalunya, era garantía de éxito. Su clan ejerce desde hace treinta años de consumado experto en la caza y captura de todo tipo de contratas públicas.

Item más, en el consejo de Acciona se sienta Sol Daurella, esposa de Carles Vilarrubí, íntimo del heroico comisionista Jordi Pujol Ferrusola. Vilarrubí fue en su día uno de los máximos exponentes del turbio sector negocios de CiU.

Por su parte, Agbar, participada por la francesa Suez y la catalana Caixabank, acudió a la licitación aliada con Aguas de Terrassa, Aguas de Sabadell, las constructoras Acsa, Copisa y Calaf, más dos bancos foráneos, First State y Caisse de Dépôt. Agbar remansa en su cúpula un valioso activo intangible, pues el secretario de su consejo de administración es nada menos que Miquel Roca Junyent, uno de los mayores lobbistas que pululan por la piel de toro.

Poco dura la alegría en casa del pobre. Apenas formalizada la adjudicación de ATLL, se desató una oleada de demandas cruzadas. De un lado, la ganadora Acciona y el Govern. De otro, la infortunada Agbar. El caso ha discurrido, mediante recursos y más recursos, por múltiples instancias judiciales. Todas ellas han fallado contra el tándem Acciona/Generalitat.

Al ciudadano de a pie, estas pendencias entre la plutocracia y la política le traen al fresco. Lo único que le interesa es el servicio y, sobre todo, el coste de la tarifa. Ahí radica el meollo del asunto. De su examen se desprende que la operación entera constituyó una gigantesca tomadura de pelo a los consumidores. Poco importa quién se lleve el gato al agua, sea Acciona o sea Agbar. En ambos casos, la secuela será una devastadora subida del precio del agua.

Antes de su trasvase a manos privadas, la tarifa estaba fijada en 0,38 euros. Acciona proponía elevarla a 0,7088 euros. Agbar, a 0,79 euros. De momento, los abonados ya palpan en sus bolsillos la faena del Govern. En el periodo 2012 a 2014, la factura se ha encarecido un 24%, y lo que te rondaré morena.

En resumen, acabe como acabe la dichosa controversia, los abonados saldrán esquilmados a modo. Nada nuevo bajo el sol.

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