Los efectos de la querella

21 de noviembre de 2014 (20:12 CET)

La respuesta del Estado a lo que ocurrió el 9N ha llegado tarde y mal. Esta semana acudí a la tertulia Catalunya Opina, en Televisión de Badalona, donde pude darme cuenta de lo que está ocurriendo y de por qué el fiscal general del Estado ha decidido finalmente interponer la querella contra el presidente Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau. Se lo explico.
 
En el debate participaban Joan Ferran, del PSC, Santi Rodríguez, del PP, y Rafael López-Diéguez, secretario general del partido de extrema derecha Alternativa Española. Los tres, con matices diferentes, son claramente lo que se ha dado en llamar “unionistas”. Servidor estaba, pues, bastante solo defendiendo las posiciones soberanistas. Siguiendo el guión de estos días, la discusión discurrió por los cauces jurídicos, como si lo que ocurrió el 9N fuese una atraco a mano armada al Estado, y con dramáticas apelaciones al Estado de derecho, especialmente por parte del fascista.
 
El militante de la extrema derecha, yerno de Blas Piñar, el adalid del fascismo franquista, marcaba el ritmo a los demás unionistas, porque su agresividad y desfachatez le impulsaban a dar lecciones de democracia con argucias jurídicas y calificando a los soberanistas de totalitarios, entre otras lindeses. Para mi sorpresa, Ferran y él se pusieron de acuerdo en que el problema del 9N es que el Estado no actuó preventivamente. Para el socialista y el facha el gobierno del PP había hecho dejación de su obligación de hacer cumplir la ley. Ese es el problema y no otro, según ellos.
 
El objetivo de ambos era, no cabe duda, acorralar al representante del PP, que intentaba justificar la inacción previa del gobierno apelando a la sensatez: “¿Usted cree que se podía poner un policía en cada semáforo?”, argüía Santi Rodríguez. A lo que López-Diéguez respondía que sí, que eso es lo que se debía haber hecho. Ahí Ferran calló, porque supongo que le debió parecer bastante fuerte ponerle al lado de quien defendía el estado policial.
 
Lo que pasó en el plató de Badalona es lo que está pasando en Madrid. La extrema derecha, la que está dentro y fuera del PP, pide mano dura contra Cataluña y los soberanistas mientras el apuesto secretario general del PSOE no se sabe lo que quiere, porque si utiliza la cuestión catalana para atacar al PP, cree que el tiro puede salirle por la culata en una España donde la amabilidad o la comprensión con lo que está pasando en Cataluña no obtiene premio.
 
La actitud arrogante y agresiva del abogado fascista, travestido de conservador socialcristiano, es lo que predomina en la villa y corte. Y ante tanta presión, el PP finalmente ha reaccionado con un golpe de teatro. Vamos a ver en lo que queda la querella, porque tampoco está claro que prospere. Pero el efecto será, de momento, que el presidente de la Generalitat se sentirá perseguido y sin ninguna otra opción que apretar el acelerador. Mientras la política española esté dominada por los extremistas, no queda otra que seguir adelante. Es imposible dialogar con aquel que solo quiere hundirte. Personalmente, lo que me produjo mayor irritación es darme cuenta de que los socialistas no van a ser nunca la alternativa: les falta coraje.
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