Lío Pretoria: el siniestro Garzón queda en evidencia

05 de julio de 2013 (20:28 CET)

Baltasar Garzón ha sacado pecho por el encarcelamiento del tesorero del PP Luis Bárcenas. El ex juez estrella afirma ante quien quiera oírle que él fue el iniciador del caso Gürtel, una de cuyas derivadas son las andanzas de Bárcenas. Garzón tiene razón en atribuirse la paternidad del caso.

Pero si éste todavía sigue vivo en la Audiencia Nacional es a pesar del propio Garzón. Porque su obcecación y sectarismo estuvieron a punto de cargarse la instrucción entera cuando ordenó interceptar las conversaciones de los abogados y sus defendidos en los locutorios de la cárcel.

Precisamente por ese atentado contra derechos fundamentales de las personas a su defensa, el Tribunal Supremo le imputó el delito de prevaricación y le condenó a la expulsión de la carrera, a 11 años de inhabilitación especial para ejercerla y al pago de las costas, incluidas las de las acusaciones particulares.

El espionaje ordenado por el camaleónico personaje puede hacer que el expediente de Gürtel acabe en nada o se anulen algunas de sus partes. No sería el primer sumario promovido por él que termina archivado. Ahí está el escándalo Pretoria, que afecta a una ristra de políticos y empresarios catalanes. Garzón lo destapó y ahora se va disolviendo como azucarillo en el agua. Pablo Ruz, juez de la Audiencia Nacional, retiró semanas atrás todos los cargos contra diez de los inculpados.

Se trata de Emili Mas, ex gerente del Incasòl; Genís Carbó, ex jefe de planificación de la Generalitat; Víctor Ros, Antonio Jiménez y Lluís Falcó, ex alcalde, concejal y arquitecto del Ayuntamiento de Llavaneres, respectivamente; Pascual Vela, ex director de servicios territoriales del municipio de Santa Coloma de Gramenet; Luis Casamitjana, líder de la inmobiliaria Espais; Juan Felipe Ruiz, ex gerente de Marina Badalona; y Josefina Calvet, madre del ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz.

En su día, Garzón los empitonó por la supuesta comisión de numerosas irregularidades. Durante cuatro largos años han malvivido con la espada de Damocles de los tribunales planeando sobre sus testas. Ahora, otro magistrado de la misma Audiencia determina que no aprecia indicio alguno de criminalidad contra ellos.

Ignominias impunes

El enredo de Pretoria salió a la luz en 2009, cuando Garzón ordenó registrar varios ayuntamientos y domicilios particulares por supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales valorados en 20 millones de euros. La operación se desplegó con la parafernalia propia del polémico juez, a saber, detenciones e incursiones aparatosas a cargo de decenas de agentes, filmadas en directo por unas cámaras de televisión a las que se había avisado de antemano para que difundieran los sucesos urbi et orbi.

El cupo de arrestados engrosó luego con dos exfiguras prominentes de la Generalitat, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, de avanzada edad. Se les apresó en sus respectivos domicilios y se les alojó en el calabozo del cuartelillo de la Guardia Civil, donde permanecieron tres días “para ablandarlos”, como solía pregonar el ciclotímico juez.

Luego se les trasladó a Madrid en un furgón policial. Quedan inscritas en los anales de la infamia procesal las imágenes de los dos políticos ingresando a trompicones en la Audiencia Nacional, esposados como si fueran peligrosos terroristas. El propio presidente de ese Tribunal, Ángel Juanes, tachó de “grave” aquel episodio porque daba “una mala imagen de la justicia”.

A partir de ahí, ocurrió lo habitual cada vez que Garzón tenía entre manos algún caso con derivadas políticas. Hubo filtraciones a chorro sobre pretendidos fraudes y comisiones multimillonarias, evasión de capitales a paraísos fiscales y otros pormenores del mismo estilo. Así anduvo la cuestión durante varios meses, acaparando portadas y más portadas.

Garzón situó en el centro del contubernio a Alavedra, a Prenafeta y al ex diputado socialista Luis García Sáez, conocido como Luigi. Un mes y medio después de su ingreso en prisión, ordenó liberarlos previo pago de fuertes fianzas. Luego se hizo un espeso silencio, los rumores cesaron como por ensalmo, los medios enmudecieron y el lance de Pretoria pasó al olvido.

Tras la condena de Garzón, se hizo cargo del embrollo el juez Ruz, que ahora comienza a pinchar el globo. Las estruendosas sospechas iniciales se desvanecen y no se descarta que el caso quede en agua de borrajas. Otra vicisitud explosiva a cargo del fiero Garzón que terminó sobreseída tiene de víctimas a los dueños de la veterana aseguradora barcelonesa Cahispa, a quienes Garzón atribuyó en 2006 un gigantesco fraude imaginario de nada menos que 1.800 millones de euros.

La situación es un calco de la de Pretoria: entradas en domicilios y sedes empresariales con un ejército de 150 policías, imputaciones a porrillo y eco mediático aparatoso. Tras meses y meses de soplos torrenciales, de repente sobrevino el mutismo. El sumario quedó sepultado en el fondo de un cajón y ya no se volvió a hablar de él. En el verano de 2009, tres años después de las disparatadas acusaciones y cuando nadie recordaba apenas las peripecias de Cahispa, el mercurial magistrado lo exhumó para adoptar una medida estupefaciente: su archivo liso y llano.

Cahispa ya no se recuperó nunca del tremendo golpe sufrido. Con toda su cúpula encartada, se intervino la compañía y se vendió al mejor postor. Por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial nunca pidió cuentas al siniestro juez por el irreparable daño causado.
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