Ley mordaza

01 de junio de 2013 (16:54 CET)

Mariano Rajoy ha descubierto que, aunque se plasmatice, los periodistas siguen trabajando. Al menos unos pocos. Así que el presidente del Gobierno ha ordenado al ministro de Justicia que prepare una ley mordaza. Prohibirá informar sobre los juicios. Que en España es como impedir que se hable de política.

Imaginen si escribimos sobre Convergència sin los chollos, los latrocinios y los robos imperiales de los Pujol. Es como no informar si omitimos en un artículo la gasolinera de Pepiño, conectada a su vez con el trinque de Oriol y su señora, que cobraba de las empresas que querían salir de Catalunya.

La nueva ley, con sanciones penales para los periodistas, tampoco permitirá informar, por ejemplo, de los líos de Duran Lleida, del PSC o de los espías de la Carmarga. Ni de la corrupción gurteliana del PP, con paseos adosados a Eurodisney, ni de los ERE fraudulentos del PSOE… Es decir: no hablaremos de política. Ni de la monarquía.

Todo conduce a ocultar a la opinión pública la inmensa putrefacción de la casta política, que ejemplifican muy bien el presidente del partido de los sobres, la oposición enfangada en la apropiación de 800 millones de euros y los socios anhelados por ambos, vinculados a los casos Pallarols, Petroria o Palau.

Dirán ustedes, ¿qué mejor corrupción que cargarse la Constitución? Parece que a los políticos les preocupa muy poco. Ellos a lo suyo.

Los argumentos con los que el ministro Gallardón defendió su ley en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, nada más y nada menos, provocan escarnio intelectual. Al ex acalde capitalino le preocupa que las resoluciones puedan estar condicionadas por la opinión pública.

“El juez o el fiscal podrá requerir el cese de la publicación de las informaciones que perturben el procedimiento”, dijo Gallardón en el foro. Y si no, a la cárcel. Pero tiene razón. La opinión pública puede malear el albedrío de los magistrados.

Ciertos titulares incluso generan debilidad de mollera. Así que es mejor no publicar nada. No sea que se reblandezcan algunos cerebros, carentes de honradez moral, expuestos a la merced de cualquier artículo que los vuelva tarumba.

Y es que los jueces, según Rajoy, son como vírgenes a las que hay que proteger. Todos sabemos que José Castro era un hombre afable, cariñoso y reposado. Hasta que leyó que Urdangarín, el talón-manista, y su augusta esposa se lo llevaban crudo. Enloqueció. Se puso a investigar. ¡A quién se le ocurre perseguir la corrupción política e institucionalizada! No hombre, no…

Menudo lío si en su enajenación llama a declarar a Gallardón para que explique por qué dio a Nóos 140.000 euros de Madrid a cambio de nada.

Así que no podremos contarles que los déspotas (presuntamente) roban. ¿Por qué? Porque los jueces, que nombran los políticos, meterán a los periodistas entre rejas. Estamos en la España de los Borbón, de Rajoy y Gallardón. Y el que critique, a la trena. Hacía falta el Partido Popular para llevarlo al BOE. Aunque siempre nos quedará Economía Digital edición La Modelo, o Andorra.

La picota

El mejor político para desarrollar la ley mordaza es Gallardón. No por su condición de ministro de Justicia, sino porque desde muy joven desarrolló el gusto por bloquear el periodismo. Su primera actuación en política fue conseguir el secuestro de Cambio 16, que publicó una información rigurosamente cierta.

Lo hizo tras estrenar el cargo de secretario general de Alianza Popular, en sustitución de Jorge Verstrynge. Gallardón logró que se prohibiera la revista de más difusión del momento porque contaba que el escolta de Fraga estaba perseguido por crímenes de la Triple A en Argentina. Fueron dos secuestros seguidos de ejemplares.

Gallardón alcanza ahora lo que siempre quiso ser, un buen ministro de Franco.
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