Las raíces del pantano de corrupción y de “la casta”

24 de noviembre de 2014 (19:24 CET)

Al hablar “de casta”, de corrupción y de los privilegiados, del bipartidismo como causa de la situación actual que hace surgir fenómenos como Podemos, no deben eludirse algunas cuestiones que están en la base y a las que normalmente nadie se refiere.

La raíz está en nuestro sistema de capitalismo especulativo, financiero-inmobiliario y concesional. La casta política gobernante, hacia la que se dirigen todas las críticas de forma justa, no es más que la expresión política de la clase capitalista gobernante.

Por tanto, más que hablar de la casta o élite privilegiada frente al pueblo explotado, deberíamos hablar, con una terminología marxista, de izquierda clásica, como hacen Tsipras y Syriza en Grecia, de una clase explotadora, con su representación política que en nuestro caso son fundamentalmente el PP, CiU y PSOE, y unas clases populares y trabajadoras explotadas.

La corrupción nace sin duda de dos fenómenos característicos de nuestro país, el tipo de capitalismo hegemónico, como hemos dicho especulativo y concesional, y un sistema político basado en un bipartidismo imperfecto que controla el poder del Estado, a través de una ley electoral que lo alimenta.

Ya a partir de los años 80 se producen los primeros casos de corrupción política con origen y resultados diferentes. Son los casos de Banca Catalana que afectó a Jordi Pujol, el caso Naseiro en 1989 que afectó al PP y el caso Filesa por el que fueron condenados cargos del PSOE, estos dos últimos de financión ilegal y el primero antecedente de la actual situación del caso Pujol y familia.

A la vez, en la segunda década de los 80, asistimos a los procesos de privatizaciones de grandes empresas, muchas de ellas públicas llevados a cabo, de forma parcial, por los gobiernos de Felipe González (PSOE), como Endesa, Repsol, Argentaria o Telefónica, y completados totalmente por Aznar (PP), a través de los cuales se crearon estrechos vínculos entre estos partidos y los poderes empresariales, algunos de ellos creados por ellos mismos a raíz de las privatizaciones.

Es evidente, sin embargo, que la generalización de la corrupción en ámbitos de poder autonómicos y locales, que afecta también a amplios sectores de la sociedad, se produce a finales de los 90 con la llegada al Gobierno de Aznar y algunas de las políticas priorizadas en su mandato.

El principal elemento que estimula la especulación, la creación de la burbuja inmobiliaria y la corrupción es la denominada Ley del Suelo del 1997, complementada con la del año 1998, por las cuales elimina la distinción entre suelo urbanizable programado y no programado, siendo ahora todo él urbanizable.

En definitiva, se pone en manos de las autoridades autonómicas y especialmente locales la posibilidad de la fácil recalificación del suelo. A partir de ese momento es necesario justificar la decisión de clasificar un suelo como no urbanizable, en contraposición con la tradición anterior en la que se estudiaba cual debía ser urbanizable.

Cabe destacar que la potestad de recalificación que recae en los ayuntamientos se suma a un hecho básico como era la mala financiación de los entes municipales a partir de los tributos municipales. Eso les lleva a financiarse en los años del boom a través de los impuestos que gravan las licencias de obras. Asimismo, las CCAA se aprovechan también a través del impuesto de trasmisiones patrimoniales, que primero les son cedidos sin capacidad normativa, pero que posteriormente también les es cedida, para mejorar su financiación.

Las autonomías y las administraciones locales reciben como un filón de oro esta situación, a la vez que se intensifica su relación con las empresas inmobiliarias, y a través de su desarrollo se vive una auténtica “edad de oro” para las finanzas municipales y, evidentemente, la cercanía a los suculentos recursos que se manejan da lugar en muchos casos a creación y extensión de fenómenos de corrupción.

Esta situación es especialmente visible a lo largo de la costa mediterránea, podemos decir que ante la indiferencia o incluso de la connivencia de gran parte de la población que se beneficiaba de los procesos de recalificación y de la súper-urbanización del territorio. En este sentido, cabe considerar que los fenómenos especulativos e incluso corruptos gozaron de una cierta complicidad social. Sólo así se entienden, por ejemplo, las sucesivas mayorías absolutas alcanzadas por Gil y Gil en Marbella. Es decir que la corrupción se generalizó y alcanzó a sectores de la población más allá de las élites.

A este capitalismo especulativo, financiero-inmobiliario, fruto de la burbuja inmobiliaria, cabe añadírsele que, fruto del superávit en las arcas del Estado en todos sus niveles, estatal, autonómico y municipal, se dio lugar a un incremento en la construcción de infraestructuras de todo tipo, en muchos casos infraestructuras superfluas y excesivas, que dieron paso en muchas ocasiones a nuevas relaciones y vinculaciones corruptas, en beneficio particular de cargos públicos o de los partidos que les daban amparo, o ambas cosas a la vez.

A nivel municipal, especialmente en localidades costeras del Mediterráneo, emergieron como setas candidaturas independientes cuyo único fin era el enriquecimiento del equipo municipal, equipo que muchas veces desaparecía o reconvertía en una nueva candidatura independiente en las siguientes elecciones. En otros casos, se efectuaban relevos de equipos municipales en candidaturas de un mismo partido político por los mismos motivos. Y como hemos referido anteriormente, con el apoyo de una parte importante de la población de dichas localidades.

Asimismo, es evidente que la corrupción ha tenido una gran peso e influencia en las concesiones, tanto urbanísticas como de servicios públicos en muchas autonomías y municipios. En demasiadas ocasiones hemos podido comprobar cómo se daba una concesión a la oferta más favorable y posteriormente se incrementaba con costes sobreañadidos de forma que el coste final nada tenía que ver con el inicial.

Evidentemente, esta situación de “cierre de los ojos” o de “mirar hacia otro lado” por una parte importante de la población, hacia los negocios especulativos y hacia la corrupción que encubría, cambia fundamentalmente con el “estallido de la burbuja” y la llegada de la crisis. Como consecuencia de ello, de las graves situaciones socioeconómicas que recaen sobre la mayoría de la población, cambia radicalmente la visión social sobre el enriquecimiento y la corrupción. Y se avanza rápidamente hacia una mayor falta de tolerancia frente a los fenómenos de corrupción que van apareciendo.

A ello no es ajena la ruptura del espejo de la falsa riqueza en que la sociedad había vivido. Ante la realidad del coste social de lo que se vendió como aparente estado general de riqueza y bienestar, como fue la generalizada compra de viviendas a crédito, y que ahora se reconvierte en una realidad de pobreza y desahucios, y lógicamente el desencanto crece. Lo que antes no se veía o se negaba a ser visto, ahora aparece en toda su crudeza. Los excesos, las corrupciones son ahora visto como algo deleznables.

Cabe decir que siempre hubo voces, entonces acalladas por los grandes medios, que clamaron sobre los excesos y contra el falso modelo de desarrollo económico en que vivíamos. Desde el sindicalismo de clase, desde las fuerzas de la izquierda alternativa se clamó en el desierto comunicativo a favor de un cambio hacia otro modelo de desarrollo más justo y sostenible. Pero entonces fue un clamor injustamente desoído.

Sin embargo, ahora, surgen casi de la nada voces que son recogidas por amplios altavoces mediáticos que recogen las criticas antes desoídas y piden acabar con una situación injusta y contra una “casta” política que la ha hecho posible. Como dice de forma acertada Luis García Montero las voces de “los consumidores indignados”.

Más vale ahora que nunca, pero deberíamos reflexionar a fondo y ver que no es sólo “una casta” la responsable de la situación. El responsable es el sistema económico dominante en nuestro caso, el capitalismo especulativo y concesional que está en la raíz de la situación. Hay una clase económica que se aprovecha, incluso en los momentos de crisis, en su beneficio y unas clases trabajadoras y populares, explotadas y utilizadas en los momentos de auge y desechadas en los momentos de crisis. Hay por tanto algo más que casta. Hay clases explotadoras y explotadas. Y hay políticas de derechas, las que sirven a las clases dominantes, y de izquierdas que sólo se reconocen, no por su nombre, sino por estar al servicio de las clases explotadas.

Cabe decir que el pantano del que surge la corrupción es fruto de un sistema económico basado en la especulación y con la corrupción como subproducto. No es ni tan sólo un sistema capitalista industrial que, como mínimo, crea producción y riqueza aunque se reparta de forma desigual. Aquí hay especulación, y un poder económico solapado al poder político de unos partidos dominantes que produce espectáculos como ver a ex-políticos retirándose de sillones de los consejos de administración de grandes empresas, algunas de las cuales ellos mismos privatizaron cuando gobernaban.

Y frente a ello no caben artimañas, sino unidad de todas las fuerzas nuevas o viejas que quieran un cambio real en el país. Y no hay duda de que la falta de unidad puede impedir un momento histórico del que será responsable el que, por protagonismos egoístas, impida la unidad necesaria que padecerá la sociedad entera.
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