Las infumables amnistías fiscales

24 de abril de 2015 (20:09 CET)

Rodrigo Rato se ha convertido en 24 horas en el máximo exponente de la corrupción nacional. Aunque los sumarios que la justicia ha abierto contra él andan en sus inicios, nadie le quita ya la presunción de culpabilidad. Se le achacan fraudes a Hacienda que suman una cantidad nada espectacular, el chocolate del loro al lado de otros mangoneos multimillonarios perpetrados en los últimos años. Pero Rato fue vicepresidente económico y el recaudador mayor del reino con Aznar. De ahí que su caso encierre dosis antológicas de inmoralidad y cinismo.

Él mismo escribió su epitafio el aciago día en que se acogió a la amnistía y desenterró los caudales que mantenía ocultos. Hoy es un árbol caído y un apestado. Todos le rehúyen, en particular quienes más se beneficiaron de sus favores cuando estaba en la cima.

Es harto sospechoso que sólo su nombre haya sido filtrado del repertorio de 715 que el servicio de blanqueo está escrutando. Porque entre ellos abundan, según rumores, numerosas figuras de formaciones políticas de todo pelaje.

La ley General Tributaria establece el secreto de los ficheros del fisco. ¿A qué oscuras razones responde el singular destape aplicado al señor Rato? ¿Acaso obedece a un ajuste de cuentas en el seno del PP? Como dejó dicho Konrad Adenauer, primer canciller de la República Federal de Alemania, en la vida hay enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido. Rato habrá recordado esta cita al ver cómo sus directos colegas le apuñalan por la espalda en la plaza pública.

Merece la pena recordar que la amnistía articulada por Cristóbal Montoro no es la primera que se hace en nuestro país. Durante la etapa de Felipe González se lanzaron dos. La primera en 1984, siendo ministro Miguel Boyer; y la segunda en 1991, bajo el mando de Carlos Solchaga.

A su vez, Rodríguez Zapatero bendijo otra, a raíz de salir a la luz pública los archivos de clientes del ginebrino HSBC, robados por su informático Hervé Falciani.

A diferencia del indulto de Montoro, las dos primeras ediciones socialistas acarrearon un perdón total y opaco. Se permitió que los fondos furtivos aflorasen mediante la suscripción de deuda pública al portador, de modo que los adquirentes no hubieron de exhibir su DNI ni quedaron retratados ante los órganos exactores.

Más infumable todavía, si cabe, es la amnistía de Zapatero. Su Gobierno recibió del francés la lista de españoles con depósitos en el HSBC. El erario público, en vez de abrirles inspección, como hace siempre contra todo bicho viviente, se limitó a enviarles una atenta misiva exhortándoles a regularizar su situación.

¿Cuál es el motivo de tanta condescendencia? Pues que entre los pillados in fraganti estaba el todopoderoso Emilio Botín y su familia al completo, con 2.000 millones de euros escondidos en Suiza desde tiempo inmemorial. Los infractores pagaron el 10% de los fondos evadidos y el asunto se sepultó para siempre.

Una ley arbitraria

La amnistía del PP en 2012 consistió en exhumar los recursos clandestinos, previo pago de un 10% (luego reducido a un magnánimo 3%). Además, se instauró una declaración anual de bienes en el extranjero, bajo la amenaza de sanciones exorbitantes.

Es lógico que la inmensa legión de ciudadanos que cumplen a rajatabla sus deberes contributivos se sienta frustrada. Apaños como los descritos no pueden por menos que recordarles la vieja y nunca derogada ley del embudo.

Por lo demás, el arsenal de normas montado por Montoro encierra unas cláusulas abusivas y desmesuradas, más propias de un país tercermundista que de un Estado de derecho.

Entre ellas hay que citar unas multas de 5.000 euros por cada dato omitido o erróneo, la imprescriptibilidad de las obligaciones y la consideración de los bienes declarados como ganancia patrimonial no justificada, sujeta a gravámenes confiscatorios.

Semejante embrollo vulnera varios principios básicos de nuestra Constitución y, a la vez, de la Unión Europea, ya que restringe la circulación de capitales y discrimina a los ciudadanos según su país de residencia.

Las anomalías son de tal calibre, que la Unión Europea ya ha tomado cartas en el asunto y amenaza con tumbar el andamiaje del indescriptible señor Montoro. Es lo único que le falta al Gobierno de Mariano Rajoy para pulverizar el menguado crédito que aún disfruta entre sus electores.

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