Las grandes empresas (CEC) son más reformistas que el Gobierno

Rafael Suñol

09 de noviembre de 2014 (17:22 CET)

El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), que reúne a las 17 compañías españolas más grandes, ha dado a conocer su Informe España 2018. En términos comparativos, tiene más que ver --se parece más-- a los análisis que el socialismo liberal ha ido aportando que a las ideas y hechos del partido conservador.

Es un informe valiente, crítico y que responde a los análisis que, mayoritariamente, los economistas españoles más independientes están publicando. Además, tiene la virtud de cuantificar el impacto de las distintas medidas que proponen.

El informe se fija como objetivo principal la reducción drástica de la tasa de paro de la economía española. Se proponen disminuir el paro desde el 24,5% actual de la población activa al 10,6% en cuatro años. Es decir, en crear 2,3 millones de puestos de trabajo.

Es evidente que este es nuestro primer y principal problema. Lo abordan a partir de tres bloques de medidas. La primera es atacar decidida y contundentemente la economía sumergida. Estiman que es del 11% del mercado laboral, aproximadamente, 1,85 millones de puestos de trabajo y quieren rebajarla a una tasa del 6% --como en Alemania y Francia-- en cuatro años.

Esto representaría aflorar 827.000 puestos de trabajo, que representaría para la HacIenda española unos ingresos de 10.000 millones en estos cuatro años. Además, creen que, actualmente, existen 307.000 trabajadores irregulares que reciben prestaciones por desempleo, y 27.7000 emigrantes ilegales.

¿Cómo pretenden conseguir el objetivo? Pues parece que, básicamente, poniendo más inspectores a controlar el mercado. Dada la envergadura del objetivo, el remedio es claramente insuficiente, aún siendo necesario.
Parecería más útil contar con la colaboración de las organizaciones empresariales que deberían defender como objetivo propio, no sólo del Gobierno, conseguir legalizar el trabajo clandestino, que, además, les hace competencia desleal.

Sin una decidida implicación del empresario contrastador y de un clima de rechazo social a esta práctica --que la sociedad tolera sin problemas-- no se va a conseguir el objetivo. El informe presenta, además, tres bloques de propuestas, todas ellas importantes y necesarias. En el primer bloque se ataca el necesario, diríamos que imprescindible, estímulo a la creación de empresas, a su internacionalización y al incremento de su tamaño, en especial en España, donde se carece de empresas de tamaño medio.

Dicen: "nuestro país podría ser mucho más productivo con la creación de 15.000 empresas medianas, que arrastrarían a 400.000 empleos netos". Es un reto muy difícil porque, básicamente, depende de los propios empresarios. Al Gobierno debería pedírsele que removiera los obstáculos --por ejemplo, la necesidad de un comité de empresa bien dotado, para compañías de mas de 50 trabajadores-- e incentivar fiscalmente las ganancias de dimensión empresarial. Pero es evidente que se trata de una importante asignatura pendiente.

El segundo bloque tiene que ver con el estímulo de todo lo relacionado con la "Economía del Conocimiento".
Mejorar los ratios de I D sobre PIB, hacer un esfuerzo grande y transversal para desarrollar los distintas niveles educativos del país, implantar ya de una vez y, decididamente, la Formación Profesional dual, introducir la digitalización de manera efectiva, etc. Son objetivos de país, de todos, no sólo del Gobierno, y, en muchos de ellos los empresarios podrían hacer más de lo que hacen.

Y, finalmente, un toque de atención a la necesaria reducción de la deuda pública. En lugar de pedir rebajas de impuestos, como pretende el PP, proponen privatizar empresas públicas: valoran a un multiplicador de 1.16 el valor en libros --el Ibex lo hace a 1.5-- a Adif 27.700 millones de euros, Loterías 16.600, Aena 4.200, Renfe 3.600, Correos 2.000, RTVE 1.700, hasta 12 empresas, cuyo valor estaría cercano a los 70.000 millones de euros y que el informe estima que se podrían realizar 35.000 millones de euros (la mitad) en los próximos cuatro años. Privatizaciones que el partido del Gobierno no ha hecho, ni parece que quiera emprender con mayoría absoluta.

El informe es mucho más rico de lo que aquí se puede comentar, pero incorpora algunas ideas sugerentes sobre el mercado laboral y la reforma de los mercados energéticos a tener en cuenta, pero lo que sí es indudable es que se trata de un documento importante, muy necesario y en línea de los últimos informes reformistas publicados últimamente.

El CEC se va convirtiendo en un foco que irradia modernidad, dejando en evidencia a la CEOE y sus organizaciones sectoriales inmersas en escándalos y corrupciones, lo que les impide lanzar un mensaje a la sociedad más adaptado a los tiempos que corren.
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