Las contratas públicas, fuente inagotable de corrupción

03 de octubre de 2014 (20:56 CET)

El octogenario marqués de Villar Mir, mandamás de la constructora OHL, compareció esta semana ante la fiscalía en calidad de imputado. Debía dar explicaciones por la presunta corrupción registrada con motivo de las obras en un gran hospital de Mallorca, que acabaron costando 630 millones de euros.

El ministerio público quería que Villar aclarase por qué una mandataria política de las islas relacionó a su empresa con un supuesto soborno. En el mismo sumario también hubo de presentarse el máximo jerarca de ACS, Florentino Pérez, pero no como imputado, sino como simple testigo.

Buenas condiciones

Juan Miguel Villar Mir negó saber una palabra de las acusaciones. No podía por menos de ser así, pues lo curioso del asunto es que OHL perdió la puja por el hospital. OHL pidió por hacer la obra 105 millones menos que su rival ACS. Sin embargo, fue esta última, de forma sorprendente, la que se llevó el gato al agua.

Si hubo mordida la lógica lleva a pensar que fue satisfecha por quien ganó la contrata y no por quien salió trasquilado. Durante el interrogatorio, el de ACS se hizo el sueco, como era de prever. Dijo no tener ni la más remota idea sobre las pretendidas coimas, que él es músico, y aquí paz y después gloria.

Las adjudicaciones

Es este uno más de tantos trances que pueblan a diario las páginas de los medios informativos. Las peripecias de maletines repletos de billetes no se circunscriben a esos dos gigantes de la hormigonera. Afectan a lo más granado del sector. Jordi Pujol Ferrusola, por ejemplo, podría explicar a los catalanes cómo es que los reyes del andamio en Catalunya le han pagado multimillonarias facturas por servicios que nunca prestó. Curiosamente, esos mismos prebostes suelen recibir apetitosas adjudicaciones de la Generalitat.

Al margen de OHL y ACS, otros dos grupos madrileños andan también metidos en fregados del mismo estilo. Ferrovial, feudo de la familia Del Pino, está enfangada hasta el cogote en el escándalo del Palau de la Música, donde se dedicó a untar a modo a Fèlix Millet. Éste, como es sabido, tenía por costumbre arramblar con una parte de la pasta opaca y entregar el resto a la Fundació Trias Fargas, de Convergència, ahora reconvertida en Fundació Catdem.

El embargo

Por este motivo, el juez instructor decretó el embargo de la sede central del partido del inefable Artur Mas. Por cierto, el entuerto del Palau entró en los insondables vericuetos de la justicia en el verano de 2009, y ahí sigue, en fase de instrucción. Dios le dé larga vida al saqueador Millet, pero a este paso de tortuga, cuando llegue la sentencia, no hay que descartar la posibilidad de que el caballero esté criando malvas.

La otra firma en cuestión, Acciona, pilotada por José Manuel Entrecanales, anda envuelta en el embrollo del enorme complejo logístico aragonés denominado Zaragoza Plaza. Como viene informando este diario, la policía sostiene que Acciona “desvió” como mínimo 20 millones de euros para hacerse con la primera fase del fastuoso proyecto.

Por los lances del Palau de la Música y del Zaragoza Plaza han prestado declaración judicial empleados de segunda y tercera fila de las susodichas ladrilleras. Ningún juez se ha tomado la molestia de llamar a los máximos responsables de las entidades.

¿Mas acaso en estos colosos del tocho, todos ellos cotizados en bolsa y auditados por las poderosas firmas del ramo, pueden todos los miembros de la plantilla, por modesto que sea su rango, disponer ante sí y por sí de la caja social?
“El cacerolo” sigue chupando del bote.

Los fraudes

Llueve sobre mojado. En los últimos decenios, esas compañías se han visto salpicadas en una sucesión inacabable de episodios de fraude, pero sus capitostes siempre salieron indemnes.

El azar de la actualidad ha querido que vuelva a aparecer en la prensa Manuel Ollero, alias “el cacerolo”. Resulta que luce un cargo oficial andaluz, el de jefe de planeamiento de la Agencia Pública de Puertos de aquella demarcación.

Quien tenga buena memoria recordará que ya en el remoto 1992, este personaje militaba en la nómina autonómica como director general de carreteras de la Junta de Andalucía. A la sazón, su hermano Jorge cobró 22 millones de pesetas de la promotora Ocisa, dícese que como recompensa por la adjudicación de un tramo de carreteras. A la salida de las oficinas sevillanas de dicha firma, la policía lo pilló in fraganti, es decir, con el maletín donde transportaba el dinero recién cobrado. Se organizó un cisco fenomenal.

Cambio de nombres

Tras este revés, los mayores accionistas de Ocisa, entre ellos el ínclito Florentino Pérez, adoptaron una decisión heroica. Borraron del mapa el nombre de Ocisa para romper con un pasado turbulento y lo sustituyeron por el más anodino de Actividades de Construcción y Servicios, conocida urbi et orbi por ACS. El propio Florentino asumió la presidencia y en ella sigue, tan campante. La vida da muchas vueltas y los magnates mesetarios siguen practicando, con tenacidad digna de mejor causa, el dicho de que la cabra tira al monte.
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