Las auditoras caen con Pescanova

15 de julio de 2013 (20:24 CET)

La deuda financiera neta de Pescanova supera los 3.280 millones de euros y tiene un agujero en su patrimonio neto de 927 millones, lo que supone que está en quiebra técnica y que su deuda multiplica por cuatro la que había reconocido, es un agujero contable insoportable.

Así lo confirma la auditora KPMG, última en llegar a la empresa gallega, tras escrutar la contabilidad de la pesquera y en cuyo duro informe llega a decir que las cuentas han sido alteradas durante años y que ha sido la dirección de la sociedad la que ha “planificado de forma consciente” el sistema por el que se han enmascarado los números rojos en un fraude a gran escala.

Nada de eso había sido detectado por anteriores auditores y consecuencia de ello, la empresa y sus directivos disfrutaban y gozaban de una envidiable situación que les permitió hacer lo que quisieron, incluso llevarla a la quiebra.

En la España de la corrupción y de la golfería, suena a música celestial afirmaciones como las que suelen utilizarse en las presentaciones de las sociedades auditoras, en donde se enfatiza que “la auditoría tiene una extraordinaria utilidad: permitir a los accionistas y al público en general verificar la fiabilidad y la credibilidad de las cuentas presentadas por las empresas”.

El caso Pescanova, empresa cotizada en el Ibex Medium Cap hasta el 1 de julio después de llevar suspendida de cotización desde el pasado 12 de marzo, ha vuelto a poner en tela de juicio el rigor y la eficacia de los auditores y a dañar su credibilidad, que se entiende es el valor más sagrado de este tipo de sociedades.

Así lo interpretan muchos analistas bursátiles que recuerdan que la sociedad no presentó sus cuentas auditadas de 2012 y el 28 de febrero de este año anunciaba, por sorpresa, problemas financieros, por los que la sociedad ha terminado en concurso de acreedores y con la mayoría de su consejo imputado en la Audiencia Nacional.

El gravísimo problema financiero de Pescanova, ha devuelto el protagonismo al posiblemente, injustamente, cuestionado sector de la auditoria y, en este caso, su origen hay que situarlo cuando el consejo de administración de la empresa destituyó fulminantemente a BDO, su “auditor de cabecera” durante años, aunque ello no fuera facultad de ese órgano de administración, sino de la junta general de accionistas. BDO ocupa el quinto puesto en cuota de mercado de auditoría en nuestro país y nunca aceptó tan abrupta decisión.

En el caso Pescanova aparecen “implicadas” cuatro empresas auditoras, aunque cada una ha jugado un papel distinto. En cualquier caso, todo queda entre auditores, como se encargan de resaltar los críticos con el papel de éstas.

La primera, Ernst & Young incorporó “salvedades” en las auditorías de Pescanova en los ejercicios 1991, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 y 2001, aunque ahí quedaron.

La segunda, BDO, fue contratada para sustituir a la primera y desde entonces todas las auditorías se han firmado “limpias”, lo que permite a algunos maliciosos señalar que todo tiene un precio, no en vano BDO cobró por el informe de 2011, entre pitos y flautas, casi 1,1 millones de euros.

Por ese precio se puede decir con toda la solemnidad del mundo que las cuentas reflejan “la imagen fiel” de la compañía, que “no se han producido ajustes significativos debido a corrección de ejercicios anteriores”, que “no se conocen contingencias negativas significativas que pudieran afectar al patrimonio o los resultados de Pescanova y no estén recogidas en las presentes cuentas anuales” y hasta cantar una misa criolla, como diría un analista financiero.

La tercera, Deloitte, sucesora de la otrora todopoderosa Arthur Andersen, encargada por la CNMW para hacerse cargo de administración concursal.

La cuarta, KPMG, responsable de reventar el estado contable oculto de la pesquera.

Y como colofón, Pescanova cuestionando el papel de Deloitte; intercambiando amenazas con BDO; aceptando la propuesta de KPMG para la realización del análisis forensic, haciendo frente al mayor concurso de acreedores de una compañía de alimentación en España o desfilando por la Audiencia Nacional para explicar lo inexplicable.

El caso Pescanova reúne con una claridad palmaria todos y cada uno de los comportamientos de un sector que, pese a los difíciles momentos que ha atravesado en su reciente historia, no termina de asentarse y gozar de la confianza de los millones de accionistas que invierten en bolsa.

Y como botón, valga la muestra de que en el comité de auditoría de la sociedad gallega no figuraba ningún consejero independiente genuino, como mandan los cánones y los códigos de buen gobierno, entre otras cosas porque no tiene ese tipo de consejeros entre los 12 miembros con que cuenta el órgano supremo de la administración de la empresa.

Un comité de auditoría hecho a la medida y compuesto por tres hombres de la casa: Fernando Fernández Sousa, Alfonso Paz Andrade y Robert Albert Williams, al que han intentado hacer pasar por independiente aun cuando lleva como consejero más de dos décadas. Un comité, en definitiva, controlado por el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, incumpliendo la recomendación al respecto de los códigos de gobierno corporativo que indica que debe ser un consejero independiente el que presida dicho comité.

Lo ocurrido en Pescanova demuestra lo inútiles que pueden resultar los códigos de buen gobierno y de gobierno corporativo y permite comprender el mar de fondo que se produce en torno a las auditoras, ya sea a nivel comunitario como nacional.

Así se entiende que hoy exista un convulso debate sobre aspectos tales como la selección del auditor y el establecimiento de su retribución a cargo de un tercero, desplazando la competencia de los órganos de la sociedad; la rotación obligatoria del auditor de cuentas o sociedad de auditoría pasado un plazo determinado; la prohibición de prestar cualquier servicio distinto del de auditoría o la extensión a toda la Unión Europea del modelo francés, por el cual, las sociedades cotizadas deben ser auditadas por dos auditores diferentes.

Mientras la negra sombra del pasado en el que Arthur Andersen desaparecía, al ver revocada su licencia para ejercer la profesión auditora en Estados Unidos, por estar implicada en un caso de connivencia con los administradores de ENRON, no termina de desaparecer del horizonte, la Comisión Europea está empeñada en transformar el sector para recuperar la confianza en la información que aportan estas empresas y eso, pasa por un cambio que posibilite terminar con que la auditoría esté en manos de un oligopolio formado por las conocidas como las Big four y que en España se tienen repartido el Ibex de forma inequívoca.

Así las cosas, la cuota de mercado de Deloitte en el Ibex se acerca al 50%, mientras que PwC supera el 21% y KPMG y E&Y se reparten a partes iguales el 50% restante. La Comisión Europea entiende que así es difícil que las auditoras recuperen la confianza del mercado.
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