Las aperturas de Ikea, frenadas por la pereza burocrática

01 de enero de 2014 (16:39 CET)

La firma sueca Ikea, comercializadora de muebles baratos, prevé invertir en España hasta 2.500 millones de euros en los próximos siete años. Pero de momento está experimentando en carne propia las consecuencias de la irritante lentitud que caracteriza a nuestras administraciones públicas. Así, en junio de 2012 firmó un convenio con el ayuntamiento de Tarragona para instalar una macro-tienda de 30.000 metros cuadrados en uno de los polígonos del municipio. Como aperitivo de dicho trámite, Ikea satisfizo al consistorio casi 16 millones de euros por el coste del terreno.

Año y medio después, la multinacional todavía no ha podido ni siquiera comenzar las obras. El plan urbanístico se aprobó con diez meses de retraso sobre lo estipulado inicialmente. Y todavía quedan pendientes diversas diligencias burocráticas relativas a la urbanización y reparcelación de los predios. En resumen, el establecimiento de la compañía escandinava en Tarragona acumula ya un año de retraso, lo que implica meter en el congelador 60 millones de euros de inversión directa y seguir demorando la creación de 300 puestos de trabajo directos.

Ikea cuenta con una quincena de centros comerciales en España, tres de ellos en Catalunya y otros tantos en la Comunidad de Madrid. Así mismo tiene en marcha las obras de uno en Valencia y planea tres más, sitos en Salt (Girona), Sevilla y Granada, entre otros.

La transnacional lidera el mercado español del mueble para el hogar. Factura 1.250 millones anuales y recibe en sus dependencias 40 millones de visitas anuales. Su expansión contrasta con el declive del sector del mueble en España, que ha sufrido un desplome de las ventas del 40% desde el comienzo de la crisis.
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