La UB, la deuda del tripartito y el barco de los Carulla

18 de diciembre de 2010 (14:00 CET)

ENCLAUSTRADOS. Semana de sobresaltos en Catalunya. La Universidad de Barcelona (UB) ha vivido un episodio de enfrentamientos entre el modelo clásico de gestión (el claustro) y el modelo más moderno y reciente (Consejo Social). En el primero conviven profesorado, personal interno y alumnos. En el Consejo Social están presentes los mal llamados agentes sociales.

La chispa saltó cuando el presidente del Consejo Social, un alto ejecutivo barcelonés que hace de empresario (adviertan la sutil distinción), intentó aplicar desde ese órgano de gobierno unos criterios más próximos al mundo del management que los tradicionales de la comunidad universitaria. Joaquim Coello, que ese es el nombre del aún presidente del Consejo Social, además de presidente de Applus y consejero de Spanair y Ficosa en nombre de la Generalitat, ha sido barrido por alumnos, profesores y empleados. Le han pedido, simple y llanamente, que se vaya.

Escribe mi colega Ramon Aymerich en La Vanguardia que el problema radica en la conllevancia en tiempos de ajuste presupuestario. Es cierto que este invento de hacer convivir un modelo de gestión decimonónico con otro más propio de la realidad de los tiempos, resulta frontalmente rechazado por la comunidad universitaria. ¿Por qué? Son demasiados años en los que la aureola de privilegios de sus integrantes ha sido la mejor retribución y reconocimiento que ha tenido la universidad española. Controladores y pilotos son ejemplos análogos.

Pero aquí hay otro asunto de fondo al que nadie quiere referirse con claridad pero que está latente. Como siempre, la política está por medio. ¿Coello, socialista de corazón y carnet, estaba preparando el aterrizaje de Antoni Castells como rector de la UB en sustitución de Dídac Ramírez? Existen no pocas voces, incluso dentro del PSC, que sostienen que eso estaba sucediendo. Es más, explican que Coello estaba devolviendo los favores que Castells le ha prestado durante sus años al frente de la conselleria d’Economia con nombramientos en consejos de empresas con participación pública, Applus …

ENDEUDADOS. Vuelve a aparecer el consejero más nefasto para la economía catalana de los últimos años. No es que servidor tenga especial admiración por Macià Alavedra, Artur Mas o Francesc Homs, sus antecesores, pero a los hechos me remito, incluso a sabiendas que nado contra la corriente y que el agua baja con una velocidad que arrastra. Castells ha sido incapaz de dejar un nuevo mapa de cajas de ahorros en Catalunya como se esperaba del catedrático.

Castells ha dejado la autonomía con la deuda más alta de su historia. Castells no ha sabido ejercer sus funciones de regulador financiero y las dos cajas de ahorros con más problemas en las pruebas de estrés del Banco de España estaban bajo su tutela directa. Castells ha administrado el ICF con algo más de transparencia que sus antecesores en el cargo, pero con tanta o más incoherencia de la que demostraron las épocas del nepotismo convergente.

Castells, admirado y reverenciado por algunos políticos y muchos empresarios, no trascenderá en la historia como un visionario que revolucionó las finanzas públicas catalanas. No tiene suerte. Con él se firmó el mejor acuerdo de financiación autonómica de la historia, que el nuevo presidente de la Generalitat considera ya inválido para el futuro. Así que ni esa, que era su especialidad académica, le permitirá llegar a la gloria.

Sus bonos patrióticos, los del 4,75% de rentabilidad, necesitan más de un párrafo para ser diseccionados como se merecen. Quienes no merecíamos determinadas políticas de gestión de la deuda pública éramos los catalanes que tendremos que pagarlas en el futuro.

ENFANGADOS. El miércoles desvelamos en esta publicación el escándalo que supone que una de las familias empresariales del país con una inmaculada imagen de patricios, padres de la patria y mecenas se vean envuelta en un mayúsculo escándalo de fraude fiscal.

Será la justicia quien dictamine sobre la existencia o no de un delito fiscal en la actuación que la familia Carulla ha tenido en este asunto de los paraísos y las residencias fiscales. Pero, mientras tanto, estos presuntos defraudadores deben someterse al mismo escarnio público que el ladrón de gallinas en su pueblo o el delincuente común cuando es detenido a la luz del día en su comunidad de vecinos.

Catalunya tiene que regenerarse con rapidez a riesgo de convertirse en un oasis de estómagos agradecidos, de sodomizados contribuyentes, de burgueses silenciosos pero pícaros, de aislamiento entre clases y capas sociales, de decadencia, en definitiva. Mucho debate sobre la cuestión nacional ha orillado demasiados debates nucleares. Ahora, con unos nacionalistas en el Gobierno, ¿no sería el momento de recuperar el debate ciudadano y civil?

Por ejemplo, cuando se conozcan las responsabilidades que Artur Carulla y sus hermanos tienen en este caso de posible delito fiscal, ¿podrá ser imputado y mantenerse como vicepresidente del Cercle d’Economía? Su hermana, Mariona, ¿podrá ejercer el cargo de presidenta del Palau de la Música si el juez la apunta con el dedo?

Es molesto tener que recordar algunas vergüenzas a personas poco acostumbradas a la crítica y envueltas por una injustificada burbuja de inmunidad periodística. No se trata de criticar a Antoni Castells porque siendo consejero de Economia i Finances de un gobierno teóricamente de izquierdas fuese uno de los habituales del barco del millonario Artur Carulla, propietario de una gran multinacional catalana y ahora señalado por Hacienda como potencial defraudador.

Cada uno es libre de navegar con quién le plazca y de ver el Barça-Madrid con los amigos que desee. Es obvio.

Pero es menos aceptable que algunos de los comportamientos descritos en este artículo sean digeridos sin indigestión aparente por una prensa que parece secuestrada, por casi todos los políticos y por el conjunto del sistema como propios de un país. Es rocambolesco que hayamos aceptado como insuperables o propias del hecho diferencial algunas actitudes, comportamientos y hechos que debieran condenarse y ser exiliados de nuestro universo público.
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