La reforma pendiente más demandada

13 de enero de 2014 (20:59 CET)

El Gobierno de Rajoy, presionado u obligado por la troika, la Comisión Europea y ciertos gobiernos de grandes potencias, preocupados y asustados por el grado de deterioro del estado de las finanzas del Reino de España, se vio envuelto, en un impulso reformista.

Hoy por hoy es la base de la cierta reactivación económica que se detecta en los últimos meses y que deberá completarse en la segunda parte de la legislatura con más novedades relativas al mercado de trabajo, sistema financiero, pensiones, fiscalidad, función pública o investigación y ciencia, entre otras.

La reformas realizadas hasta ahora, han resultado eficaces para combatir el déficit público, que ha sido y es la bestia negra que obligó a la comunidad internacional a ponerse seria con este país y a marcarle una hoja de ruta de obligado cumplimiento al Gobierno de Zapatero, primero, y al de Rajoy, después, algo que ambos gobiernos han tratado de seguir como si de un catón se tratara.

Sin embargo, el internacionalmente elogiado ímpetu reformista de Rajoy, no merece similar consideración para una gran parte de la silente mayoría de la ciudadanía española, que muestra su rechazo al innegable hecho de que la mayoría de la carga reformista haya recaído con especial virulencia sobre la hasta ahora potente clase media española. Ahí es donde se detecta la parte magra de donde se pueden conseguir resultados fácilmente.

Existe la teoría, sin embargo, de que pese a las reformas que el Gobierno ha emprendido hasta ahora y está dispuesto a promover en el futuro, no se detecta intento alguno por iniciar un proceso de regeneracionismo moral que reconforte, al menos, al común de los mortales.

Los ciudadanos han visto como les han subido el IRPF, el IVA, el IBI o los impuestos especiales, mientras ven reducidas sus pensiones y recortadas las conquistas sociales conseguidas a lo largo de un extenso periodo de bonanza económica. No son reformas económicamente sustanciosas, pero tienen una indudable carga ejemplarizante que restañaría las heridas de los maltrechos ciudadanos españoles.

Insensible al muy extendido punto de vista de un amplio sector de la opinión pública que le acusa de tener buen cuidado de no tocar los privilegios de un amplísimo sector parasitario compuesto por órganos, organismos, entes, delegaciones, consejos y estructuras orgánicas del Estado, administración central y autonomías. El Ejecutivo parece empeñado en mantener como lacerante objetivo, recordar a la inmensa mayoría de ciudadanos que vivimos en una democracia de baja calidad, el sentimiento que parece estar en la base de que la corrupción se mantenga de forma continuada en la parte alta de los asuntos que preocupan a la mayoría de los españoles.

Casos hay para todos los gustos y pareceres y van desde lo “irrelevante” de que el casi octogenario ex ministro, Martín Villa, sea consejero bien remunerado de la Sareb o banco malo sin tener mayores conocimientos del sector inmobiliario español, hasta el más “relevante” del incuestionable Consejo de Estado, en donde cerca del 80% de su presupuesto --próximo a los 11 millones de euros-- se van en pagar nóminas. Nóminas entre las que se encuentran las de los 30 “excelentísimos” consejeros permanentes, natos y electivos, los primeros de los cuales no solo van a recibir de por vida el suculento complemento salarial a su actividad profesional, sino que disfrutan de coche oficial con conductor incluido.

Entre ese selecto número de “excelentísimos” vitalicios con coche, sobresalen nombres de siempre como los de Landelino Lavilla, Rodríguez-Piñero, Herrero y Rodríguez de Miñón, Ledesma, Alberto Aza, Manzanares Samaniego o Maria Teresa Fernández de la Vega. A partir de ahí y sin ostentar la condición de perpetuos, encontramos a otros grupos de consejeros entre cuyos miembros se encuentran nombres tan sonoros como los de Rodríguez Zapatero, Marcelino Oreja, Juan José Laborda, Isabel Tocino, José María Michavilla, Ana Palacio, Juan Carlos Rodríguez Ibarra o Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona.

De entre todos ellos, cuyo común denominador suele ser el pasar desapercibido, se erige la figura de Herrero y Rodriguez de Miñón, padre de la Constitución de 1978, quien no pierde oportunidad de posicionarse, siempre que puede, en favor de las tesis de los nacionalistas vascos y catalanes, algo que no deja de sorprender a más de un purista jacobino.
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