La reforma de la administración local, otra ley inútil

06 de septiembre de 2013 (20:32 CET)

El Gobierno ha presentado por fin su esperada reforma de la administración local. El anuncio lo hizo el ministro Cristóbal Montoro, con la habitual fanfarria publicitaria. En esto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se diferencia poco de su predecesor Rodríguez Zapatero.

Cada vez que el líder socialista emprendía alguna iniciativa legislativa, su formidable aparato de agitación y propaganda la vendía como si hubiera descubierto el origen del universo. El popular es mucho menos dado a las comparecencias ante los medios y suele ceder el protagonismo a sus colaboradores, pero éstos son dignos émulos de ZP.

La suspirada modificación de los entes locales ocupa un mamotreto de dos mil páginas confeccionado por los funcionarios del Gobierno, bajo el pomposo título de Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

El documento entero se dedica a ensalzar el actual andamiaje institucional y destaca las bondades del Estado autonómico, para proclamar acto seguido las virtudes del nonato reordenamiento. Entre éstas últimas, el jefe de los recaudadores Montoro destaca las de delimitar definitivamente las actividades del sector público y racionalizar la oferta de servicios bajo la premisa de “una administración, una competencia”.

A este respecto, define las misiones que deben cumplir las administraciones públicas, sin que ello impida que puedan asumir otras "siempre y cuando sean sostenibles en términos presupuestarios y financieros".

La música de fondo suena aparentemente bien. El texto es un compendio de buenas intenciones y sugerencias a los poderes públicos, pero en realidad no obliga a nada. Se limita a proponer, pero deja en manos de los políticos locales la puesta en marcha de las necesarias medidas de ajuste.

En el fondo, la propuesta gubernamental no supone otra cosa que mantener el actual statu quo de la casta política, pues el esqueleto administrativo se mantendrá invariable. Esta reforma viene a ser como otras enunciadas anteriormente por Rajoy. Abundancia de expectativas, pero a la hora de la verdad, pocos o nulos resultados.

Ahorro nulo


El texto, divulgado por Montoro, no alberga una sola referencia al ahorro que supondrá la reforma, ni tampoco se le fijan fechas para su entrada en vigor. Se deja todo para mañana, y luego ya vendrá el tío Paco con la rebaja. Algunos medios especulan con que pretende lograr un ahorro de hasta 8.000 millones entre 2013 y 2015.

Un ejemplo: el proyecto propone que se fusionen ayuntamientos, sin más. Veremos cuántos caciques municipales deciden motu proprio renunciar a su sueldo, coche oficial, secretarias y otras prebendas en aras del bien común.

Otro botón de muestra. Propugna reforzar las diputaciones provinciales, es decir, justo lo contrario de lo que los especialistas y extensos sectores de la opinión pública llevan pidiendo desde hace años, es decir, que se supriman de un plumazo por su manifiesta inutilidad y el despilfarro que entrañan.

En este punto, Catalunya luce un caso de prodigalidad digno de denuncia ante el juzgado de guardia. Se trata de la gloriosa Diputación de Barcelona, con 5.000 empleados y una miríada inacabable de políticos de todas las cuerdas enchufados a su munífica ubre.

La Diputación no ha sido nunca noticia por los servicios que presta a la ciudadanía, un auténtico arcano para la inmensa mayoría de los contribuyentes, sino por los escandalosos sueldos de sus jerifaltes, por el cobro de jugosas mordidas encubiertas y por el devengo de dietas de 1.640 euros por asistir a plenos de veinte minutos de duración, entre otras lindezas dignas del puerto de Arrebatacapas.

Es fama y razón que la Diputación de Barcelona se ha convertido en una especie de cementerio de elefantes bien retribuidos, donde los partidos políticos envían a sus deshechos de tienta para que sigan viviendo de la sopa boba del presupuesto.

Además de las cuatro diputaciones provinciales, el aparato burocrático de Catalunya incluye el gobierno autonómico con todas sus consejerías, 947 municipios, 41 consejos comarcales, una corporación metropolitana, más las delegaciones del gobierno central en cada una de las provincias. A la vez, el Govern tiene sus propios delegados, tanto en las provincias catalanas como en Madrid. Y todo esto en la era de Internet y de las comunicaciones globales.

Con la propalada reforma, el Gobierno de Mariano Rajoy va a perpetrar su enésimo brindis al sol, otro estéril esfuerzo normativo que seguirá el principio lampedusiano de que algo cambie para que todo se mantenga igual, si no peor.

Cualquier iniciativa que no aborde la tala a fondo de los actuales derroches está condenada al fracaso. Para llegar a esa fase, previamente habría que ejecutar con mano firme la supresión de organismos, entes y tinglados enteros. Pero el flemático presidente del Gobierno ya ha dejado claro que no está por la labor.
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