La lenguaraz Consuelo Madrigal

01 de mayo de 2015 (18:02 CET)

A finales del año pasado el Gobierno optó por una mujer para sustituir al dimitido Eduardo Torres-Dulce al frente de la Fiscalía General del Estado. Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, una jurista conservadora que hasta aquel momento era fiscal de Sala Coordinadora de Menores, consiguió el empleo avalada, según dicen, por una buena trayectoria profesional, que se inició en 1981 en Santa Cruz de Tenerife.

En la rueda de prensa en que se dio a conocer el nombramiento, la vicepresidenta y portavoz de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se aferró a ese presunto perfil profesional de la nueva fiscal para justificar el encargo después de lo ocurrido con la forzada dimisión de Torres-Dulce, que a los del PP les salió rana a pesar de los servicios prestados en contra de los soberanistas catalanes. Los políticos siempre nos toman por tontos y son capaces de defender lo que sea para tener razón.

Consuelo Madrigal es la primera mujer que ocupa un cargo de tan alta responsabilidad y aunque sólo fuera por eso estaría muy bien poderlo celebrar. Pero resulta que esta jurista, nacida en Segovia en 1956, es algo más que una simple fiscal conservadora. Se ha convertido en un instrumento del PP.

En los medios reaccionarios genoveses de la Villa y Corte les agrada su participación en algunos de los casos que le convirtieron en una de las arietes de la lucha contra los corruptos de la era Felipe González y en contra de ETA, lo que viste muy bien, sin inmiscuirse en los muchos casos que afectan al PP.

Ahí está el caso Sokoa, que fue una de las operaciones policiales de renombre contra ETA militar, en donde se descubrió armamento y papeles sobre el cobro de extorsiones a empresarios. El Supremo libró del juicio que luego se celebró en la Audiencia Nacional al dirigente Josu Ternera porque ya había sido juzgado en Francia por los mismos hechos.

Madrigal intervino también en el caso Mikel Otegi, cuando siendo fiscal de Sala del Supremo pidió la repetición del juicio de este preso, acusado de dos delitos de asesinato, después de que hubiese sido absuelto por un tribunal con jurado y se fugase a Francia. Se le condenó a 34 años de cárcel.

Con el Caso Intelhorce se juzgó la privatización de esa empresa malagueña y la actuación de algunos altos cargos socialistas por los delitos de estafa, falsedad y malversación, a los que añadió el cohecho, por la venta fraudulenta y posterior descapitalización de dicha empresa textil. Y sin embargo, años más tarde, en 2002, un informe del Consejo General del Poder Judicial destacó que durante el juicio se registró "un funcionamiento irregular de la justicia".

Cuando en 2008 Consuelo Madrigal firmó un manifiesto de Mujeres contra el aborto, el éxtasis embargó el alma del conservadurismo. En dicho manifiesto se denunciaba la "indignación por los hechos que suceden en las clínicas acreditadas en España para la práctica del aborto, cuya difusión nos ha conmocionado, y proponer una serie de medidas que permitan superar esa forma de violencia contra la mujer que es el aborto incontrolado que existe de hecho en nuestro país".

Las antiabortistas del siglo XXI añadían, además, que "la percepción errónea del aborto como un derecho garantizado por los poderes públicos (y no como un ilícito penal), el fraude generalizado en su práctica y la falta de información sobre riesgos y alternativas, hace que el número de abortos crezca año tras año".

Caramba con la fiscal, parece que quería declarar ilegal el aborto en España y dejar sin ese derecho a las mujeres que, por voluntad o por otros motivos, quisieran ejercerlo. Ella se justificó diciendo que como ciudadana tenia derecho a defender sus convicciones, aunque, como denunció Gaspar Llamazares, firmó ese manifiesto troglodita con su cargo de Fiscal de Sala. Supongo que ese bonito principio sobre la prevalencia de las convicciones de cada uno también vale para los soberanistas, ¿verdad?

El pasado jueves esta fiscal nos regaló otra perla en uno de esos desayunos que convoca regularmente en Madrid el Foro de la Nueva Economía. Refiriéndose al caso Rato, la fiscal general del Estado defendió la actuación de su departamento en la investigación y aseguró que la decisión de que la causa haya sido entregada a la Fiscalía Anticorrupción en lugar de la Fiscalía de Madrid es "indiferente a efectos de la investigación", lo que no es cierto. Parece que lo que se quiere es "proteger" al encausado y de paso cerrarle la boca por lo pudiera contar. Blesa y Bárcenas son un buen precedente de los riegos que pueden noquear a los osados que atrevan a inquietar a los genoveses.

Anticorrupción sostiene, en contra del parecer de la Fiscal,  que con los datos que se conocen ahora, fruto de la investigación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), no es posible saber si el delito de blanqueo de capitales atribuido al ex vicepresidente económico se cometió en el extranjero o si tuvieron una grave repercusión en la economía española, en cuyo caso la competencia sería de la Audiencia Nacional. Además, la fiscalía rechaza que en este caso esté vinculado con el caso Bankia, el otro gran fraude por el que está imputado Rato al ser acusado de falsedad documental, administración desleal y apropiación indebida.

Esta dócil fiscal, orgullosa católica practicante, se estrenó en el cargo debiendo gestionar la decisión del Tribunal Superior de Cataluña de admitir o no a trámite la querella promovida contra Artur Mas, querella que ella misma apoyó sin fisuras en la cumbre de fiscales de Sala de noviembre de 2014. En el desayuno que defendió su actuación en el caso Rato aunque no esté nada clara, Madrigal se permitió el lujo, además, de equiparar el proceso soberanista catalán con el "oscurantismo, el fanatismo y la tiranía". Da risa que una integrista católica antiabortista pretenda dar lecciones de tolerancia a los soberanistas, catalanes o de donde sean. ¡Póngase primero al día, por Dios!.

La nación española no vale tanto. Es un instrumento jurídico que sólo tiene sentido históricamente y en la medida que los ciudadanos quieran. En pleno siglo XXI la democracia se mide en las urnas.Y son las urnas las que cambian leyes y constituciones. No cabe duda de que aunque los soberanistas alcanzasen la mayoría suficiente para impulsar la secesión, lo razonable sería llegar a un acuerdo. La Constitución no prohibe votar, son los partidos españoles, los llamados "nacionales", los que niegan esa posibilidad. Y en ese frente inmovilista coinciden casi todos, incluidos los emergentes, menos IU. Ese es el problema de España y no otro.

Consuelo Madrigal es, en este sentido, la funcionaria eficiente que acusa al presidente Artur Mas con una palabrería que seguramente ni entiende: "Los que invocan la libertad para vulnerar la ley incurren en una peligrosa demagogia", dijo para concluir el suculento desayuno. Supongo que se le atragantaría el croissant si mientras se lo zampaba leyese una frase de John Adams, uno de los héroes de la independencia americana, que el presidente Artur Mas parece que tiene muy presente: "Recuerden, la democracia nunca dura mucho. Pronto se gasta, se agota, y se asesina a sí misma. Nunca hubo todavía una democracia que no cometiera suicidio". Eso es lo que están haciendo con la democracia española los guardianes de la Constitución. Contra ellos luchan los soberanistas.

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