La lacra de la morosidad dificulta la supervivencia de las empresas

24 de enero de 2011 (18:06 CET)

En España, unas 2.700.000 de empresas se ven afectadas en la actualidad por la morosidad. La mayoría de estas empresas que sufren problemas de retrasos en los cobros tiene problemas financieros derivados de la morosidad de sus clientes. No obstante las consecuencias de esta lacra no son iguales para todas las empresas, puesto que afecta especialmente a las pymes, ya que son más vulnerables a las variaciones de cash flow al carecer de los fondos de maniobra que tienen las grandes empresas. Además las pymes suelen depender de un número limitado de clientes, que generalmente suelen ser empresas más grandes y que aprovechan su posición dominante para imponerles plazos de pago largos.

Un informe realizado por la Plataforma Multisectorial de Lucha Contra la Morosidad PMCM en 2010 reveló que el plazo medio de pago interempresarial en España es de 107 días frente a los 57 de media europea y que el sector público paga a 154 días frente a los 67 del plazo medio en Europa. Con respecto a los periodos de pago de determinados sectores, el estudio de la PMCM reveló que en el sector de la construcción el plazo medio de pago de empresas constructoras estaba en 193 días. Al propio tiempo el plazo medio de pago de las diez empresas constructoras más grandes de España era de 293 días.


A pesar que en los últimos años la problemática se ha agudizado, la morosidad no sólo es imputable a causas coyunturales, sino que además se deben considerar otras causas estructurales, como pueden ser la actitud de algunos actores económicos –grandes empresas industriales, el sector de la distribución y las administraciones públicas– de prolongar deliberadamente los plazos de pago para aprovechar su posición dominante en perjuicio de las empresas más pequeñas. Otra causa estructural es la cultura de la morosidad que se ha desarrollado en los últimos tiempos en muchos sectores, hasta el punto de que pagar tarde se ha convertido en un comportamiento económico generalizado. Muchas empresas, que en sentido estricto no pueden ser calificadas de morosas, demoran intencionalmente los pagos a proveedores para obtener beneficios atípicos gracias al float comercial obtenido mediante los flujos de efectivo retenidos.

Las prácticas de dilatación de los pagos son fruto de una cultura empresarial que se ha desarrollado no sólo debido a factores económicos, sino también por malas prácticas de pago imperantes en las relaciones mercantiles. En los últimos años, se ha extendido el abuso de grandes empresas dominantes en algunos sectores con sus proveedores. Estas empresas pasan pedidos importantes a empresas auxiliares, que dependen en gran medida de los pedidos que les proporcionan estas grandes compañías, pero en contrapartida aprovechan su elevado poder de negociación de las condiciones de pago y exigen pagar con aplazamientos en el pago muy dilatados.

De este modo, las pymes proveedoras de bienes y servicios conceden a sus compradores un auténtico crédito financiero y no un mero crédito comercial. Las pymes afectadas por esta situación deben endeudarse con las entidades bancarias no sólo para financiar sus compras sino también para poder refinanciar a sus clientes, por tanto sufren en sus cuentas de resultados el impacto de los cuantiosos gastos financieros que ocasiona el endeudamiento bancario. Uno de los hechos diferenciales en España es que son las grandes empresas, las multinacionales y las medianas-grandes empresas las que demoran más sus pagos, mientras que en el resto de los países europeos son las pequeñas empresas las que tardan más en pagar a sus proveedores. Así, son las empresas con más recursos financieros las que tienen peores hábitos de pago, lo que no deja de ser una paradoja que va en contra de la tendencia europea.

En consecuencia, la morosidad constituye un incumplimiento contractual que ocasiona onerosas cargas administrativas y financieras a las empresas, especialmente a las pymes, las cuales deben soportar plazos de pago excesivos que les obligan a mantener de forma permanente importantes saldos de clientes en sus balances que suponen tres veces más de masa patrimonial que la media europea. Esta “sobre-inversión” en activos circulantes que deben hacer las pymes provocada por el aumento de las partidas de cuentas por cobrar, implica unos incrementos de las necesidades operativas de fondos que son generalmente sufragados con financiación bancaria a corto plazo. Consecuentemente los costes financieros que tienen las pymes aumentan debido a los plazos de pago excesivamente prolongados. Hay que destacar que en estos momentos la morosidad en el cobro de facturas es la causa de una de cada tres quiebras en España, sobre todo entre las pymes, que representan el 99,90% del tejido empresarial, suponen el 68% del PIB y mantienen el 79% del empleo. En la actualidad cerca de 300.000 empresas están en peligro de desaparición por falta de tesorería provocada en gran parte por los retrasos a la hora de cobrar sus facturas.

Pere J. Brachfield, profesor de EAE Business School y socio director de Morosología
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