La justicia sentará a Carceller en el banquillo, un ejemplo contra la corrupción

08 de julio de 2014 (00:00 CET)

A los españoles nos preocupa menos el paro que hace unos meses y más la corrupción. Son los datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) conocidos en las últimas horas. El desempleo continúa como la primera preocupación, pero desciende a niveles casi similares a los primeros meses de la crisis, justo antes de que se desatara la pérdida de puestos de trabajo tan dramática que se ha vivido en el país.
 
Para combatir la corrupción que nos preocupa no hay mejor antídoto que la acción de los tribunales

La corrupción, en cambio, no para de aumentar. La percepción de la ciudadanía deja entrever que las triquiñuelas y la picaresca clásica española ya no son una anécdota, sino que constituyen una preocupación de primer orden.

No se pregunta directamente, pero es muy posible que la confianza en la justicia tenga bastante que ver con esa angustia colectiva que considera que las actitudes irresponsables en materia fiscal, empresarial, de gestión de los recursos públicos y, en general, alejadas del cumplimiento de la ley han dejado de ser un hecho menor para convertirse en un fenómeno que lastra el desarrollo económico, social y político del país.

De ahí que resulte de agradecer la actitud del Tribunal Supremo con el caso que afecta a uno de los magnates más importantes del país: Demetrio Carceller. Este empresario no sólo es un rico propietario de bienes de todo tipo, sino que además juega en el monopoly empresarial del país desde la cervecera Damm, la pesquera Pescanova, la petrolera Repsol o la constructora Sacyr.

Sobre Carceller pesan sospechas fundadas de haber cometido alguna tropelía tributaria. En Barcelona, las clases más pudientes siguen sosteniendo que esas actitudes se reprenden con más eficacia por parte de las autoridades si tiene origen en la capital catalana que cuando se producen en la capital española. En cualquier caso, y pese a esa maledicencia difícil de comprobar, Carceller se enfrentará a la justicia y será esa institución quien determine si cometió delito o no.

El juez Pablo Ruz, el mismo que ha puesto a Luis Bárcenas en la prisión, pidió una fianza para Demetrio Carceller de 353,6 millones de euros, lo que da una medida de cuál sería la hipotética actividad delictiva en materia fiscal que se le atribuye. No hay que avanzar ningún acontecimiento, sino dejar que la justicia actúe. Y creer en ella, porque para combatir la corrupción que nos preocupa no hay mejor antídoto que la acción de los tribunales. Algunos ya han dicho que en este país no dejaremos de tomarnos a chirigota las obligaciones fiscales hasta que den lugar a penas de cárcel. Quizá sea una posibilidad, pero en cualquier caso con los instrumentos legales actuales sería bueno que la justicia fuera implacable con quienes se enriquecen de manera impropia e insolidaria.
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