La irrefrenable codicia de los oligarcas

15 de enero de 2014 (18:56 CET)

Pleitos tengas y los ganes. El viejo aforismo cobra plena actualidad tras confirmar el Tribunal Supremo que Alberto Cortina y Alberto Alcocer deben indemnizar con más de 11 millones de euros a sus socios minoritarios de la sociedad Urbanor.

Esta peripecia judicial, una de las más bochornosas que se recuerdan, arranca nada menos que en 1988. A la sazón, el grupo inversor kuwaití Kio se había convertido en el primer accionista de Banco Central, pilotado por el ex botones Alfonso Escámez, que tenía más conchas que un galápago.

El presidente del gobierno, Felipe González, no veía con buenos ojos la presencia árabe en el mayor banco español y decidió que el paquete accionarial pasase a manos indígenas. Para ello se sirvió de los Albertos, partícipes de la sociedad Urbanor, cuyo principal activo era un gran solar en Madrid. Los jerarcas del PSOE dieron luz verde a la recalificación del predio.

A continuación, los Albertos intercambiaron el terreno, que tras el cambalache urbanístico se valoró en la fruslería de 42.000 millones de pesetas, por títulos del Central. Luego, se erigieron en ese predio los dos famosos rascacielos inclinados de Madrid.

Mentes aviesas de la Villa y Corte sostienen que los edificios deberían haberse alzado completamente tiesos, pero se acabaron ladeando debido al enorme peso de las mordidas que se hubieron de pagar a los habituales comisionistas políticos para que obraran el milagro de la recalificación.

Entre los intermediarios de fama que pusieron el cazo estaba el ubicuo Enrique Sarasola, ya fallecido, amigo íntimo de Felipe González, gracias al cual amasó una considerable fortuna.

La operación significaba para los Albertos un negocio opíparo, que ya querría para sí cualquier ciudadano de a pie, pero este tipo de magnates nunca tienen bastante. La avaricia les cegó y no dudaron en engañar a sus consocios diciéndoles que los de Kio pagaban 150.000 pesetas el metro cuadrado, cuando ellos en realidad se embolsaron bajo cuerda 388.000 pesetas.

Los de Urbanor advirtieron la estafa y denunciaron a los Albertos. El caso fue peregrinando perezosamente de una a otra instancia judicial. Vivió todo tipo de incidencias hasta llegar al Constitucional, que en 2008 libró a los famosos primos de entrar en prisión al declarar prescrito el delito.

Cegada la vía penal, los minoritarios recurrieron otra vez a la justicia para que estableciera las responsabilidades civiles. Ahora han conseguido resarcirse, cuando van transcurridos veintiséis años de la entrada del caso en los juzgados.
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