La impunidad del gobernante de fondo

15 de diciembre de 2014 (00:00 CET)

Una característica de la clase política de las últimas décadas es que son corredores de fondo. Han hecho carrera de su condición de delegados de la ciudadanía para las cuestiones públicas. Algunos llegan jóvenes y permanecen de forma profesional durante tiempo. Es más, por desgracia incluso personal, la política es lo único que saben hacer y dominan con una cierta profundidad.

Ahí radica una parte del drama de la corrupción que nos sacude. Sentirse propietario, en vez de representante, de la condición y cargo que se ejerce lleva a decidir de manera despreocupada. Los alcaldes catalanes que se procuraban sobresueldos por participar en la Federación de Municipios de Catalunya (FMC) pensaban que era un justo derecho. Creen que sus funciones se limitaban a lo que ya les retribuía su ayuntamiento y agradecida debería estar la ciudadanía por que participaran en una asociación municipalista a la que no tenían ninguna obligación de acudir.

Es cierto. Tan verídico como que jamás hubieran pertenecido a esa asociación si no fuera porque ejercían un cargo público en su ciudad que ya era retribuido. Algunos piensan que todo ha sido un error fiscal y que no tiene más importancia política, no les incumbe el fondo del asunto. Y si hay alguna empresa pública municipal más a cuyo consejo de administración retribuido asistan, perfecto. Les parecerá incluso normal que la FMC se gaste 17.000 euros en comprarles relojes Calvin Klein con partidas cuyo destino y finalidad es la formación. Muchos de ellos de partidos teóricamente de izquierdas.

Con el caso de la mayor privatización de Cataluña (el suministro de las aguas en alta hasta los municipios, ATLL) ha sucedido algo similar, pero en la derecha política catalana. Han sido necesarios dos años para que decidieran rectificar los errores que varias instancias señalaban. Tampoco pasa nada. Los fallos cometidos en el ejercicio del poder se subsanarán con cargo económico al erario público y nadie dará la cara ni admitirá el desaguisado. No habrá una sola dimisión. La impunidad en la guerra del agua es sorprendente y lamentable a la vez.

Los jueces y su mano dura son ya la única garantía democrática contra la corrupción


Ha sucedido en Madrid, Valencia, Sevilla y, por supuesto, Barcelona. La acción corrupta en sus múltiples presentaciones (tráfico de influencias, malversación, enriquecimiento ilícito, prevaricación…) abunda. Pero aún es más preocupante y dramático que esas élites extractivas que la practican en uno u otro grado sigan convencidas de que actúan con natural normalidad, que lo que no rebasa la ley tampoco infringe principios, valores o ideologías.

La mano dura de los jueces contra los corruptos y sus corruptores es la única garantía democrática que nos queda a los ciudadanos esperanzados de que un día recuperemos el sentido común extraviado en la política. Lo público debe recobrar el prestigio en un país de pícaros, a la vez que estar mejor retribuido pero con bastantes menos cargos. Eso es lo único que se antoja capaz de evaporar la impunidad actual que todo lo cicatriza.
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