La ‘guerra del agua’ o la auténtica vergüenza política catalana

10 de febrero de 2014 (00:00 CET)

Cuando el gobierno autonómico de Artur Mas decidió privatizar el suministro de agua de los catalanes lo hizo por un criterio político. Su modelo considera que la gestión de determinados servicios públicos debe trasladarse al sector privado, al que se le considera más eficiente y competitivo. Ésa era la primera de las razones.

Además, en la mayor privatización de la Generalitat existía una motivación muy vinculada a las cuentas públicas. El concurso permitía ingresar 1.000 millones de euros y presentar unos mejores números en el cómputo de déficit público de 2012. A la par que las aguas se vendieron también la concesiones de los túneles de Vallvidrera y del Cadí, por lo mismo, claro.

Se puede discutir si la descapitalización patrimonial que se produce para el conjunto de la ciudadanía es aceptable o no. Por supuesto, en Catalunya no se discute de eso porque como bien saben ustedes estamos muy ocupados con otros debates. Las izquierdas y las derechas se han difuminado y la política se divide sólo entre nacionalistas y no nacionalistas, entre independentistas o unionistas.

 
Si Mas no ofrece explicaciones convicentes y rápidas, ¿será por que no puede hacerlo?

Lo que no tiene nombre, no soporta el debate ni posee justificación alguna es que cuando un gobierno se desprende de un patrimonio de los ciudadanos, sea de un color político o de otro, lo haga bajo la sombra de la sospecha. Eso es justo lo que nos ha sucedido con el concurso de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que se le otorgó a un consorcio encabezado por Acciona y que ha recurrido ante los tribunales, con victorias consecutivas, el otro grupo empresarial que optaba, encabezado por Agbar.

La empresa participada por Suez y La Caixa ya no aguanta más, transcurrido un año y dos meses de aquella fechoría gubernamental. Ha declarado la guerra del agua al Ejecutivo de Mas y le pide, tal y como han determinado los jueces, que anule el contrato irregular y le traspase la concesión. Ha habido negociación por debajo de la mesa y contactos de todo nivel entre los accionistas de uno y otro grupo. Fracasados todos ellos, lo único que le quedaba a la empresa humillada por una adjudicación pública bajo sospecha era lanzarse en tromba a resarcir sus derechos.

Si el concurso nos ha privado a los catalanes de un patrimonio, arreglar esta barbaridad nos costará algo más. La inacción de los políticos nos hará populares en el mundo como una especie de región bananera que, pese a su inseguridad jurídica y a la ineficiencia manifiesta de sus más altos gobernantes, tiene aspiraciones institucionales de separarse del estado al que pertenece. Curioso, sobre todo cuando en esta guerra nada influyó Madrid. El lío es propio, interno y maloliente.

Decía Benjamin Franklin que nunca existió una buena guerra ni una mala paz. Por eso es urgente que Mas (no Francesc Homs o Santi Vila) dé explicaciones de una vez sobre qué piensa hacer con este asunto. No estaría mal que además fueran convincentes y rápidas. Él es responsable principal de esta vergüenza política, y él debería explicarles a los catalanes cómo se resuelve la concesión de las aguas. Que saque una hora de sus múltiples ocupaciones, y aunque sea en los medios públicos que controla o en los subvencionados que orienta, explique de una vez por todas qué ha pasado y cómo arreglarlo. Si calla, quizá es porque no puede hablar, ¿no?
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