La gobernanza universitaria

01 de marzo de 2014 (23:57 CET)

Vivimos en una sociedad, cuya economía se ve obligada a emprender cambios disruptivos en los productos y la forma de producirlos si se quiere hacer frente a los monumentales retos del siglo XXI, tanto demográficos, como sociales y ambientales. Pero esta necesidad de cambio disruptivo enfocado correctamente en la solución de los retos parece no existir en los ámbitos de las instituciones.

Con el riesgo de que alguien me tache de marxista anticuado, creo que los cambios ineludibles en el campo de la infraestructura no son seguidos en el campo de las superestructuras. Y esta contradicción ya sabemos qué final puede tener: o revolución o reacción. O muchas veces las dos combinadas.

Sólo el reformismo fuerte (no el reformismo light y gatopardiano de hacer ver que cambiamos para quedarnos igual), el reformismo radical que va a la raíz de los problemas, con el apoyo de los bloques sociales amplios y transformadores, tiene posibilidades de éxito, y es lo que nos conviene.

A estas alturas, los lectores dirán, ¿de qué va el sermón? Es aplicable a todos los campos de la administración, de las entidades, de las estructuras de las empresas y los sindicatos y de las instituciones académicas. Me paro aquí. El detonante del artículo es leer que una vez más un pequeño grupo de estudiantes ha bloqueado el claustro de la UB que iba a aprobar una modificación del sistema de gobernanza para garantizar equipos de dirección más compactos.

La universidad y sus estatutos proceden de la época medieval y del antiguo Régimen donde quedaba plenamente justificado su blindaje del mundo académico ante poderes reaccionarios como el Estado y la iglesia. Pero, ¿tiene sentido hoy, en democracias desarrolladas, que ciertos ámbitos universitarios no presenten cuentas, no sólo económicas, sino de objetivos y de retorno social, ante la sociedad civil organizada y ante el Parlamento elegido por el pueblo?

Las universidades nórdicas y anglosajonas, así como también muchas otras de sus instituciones, ya hace tiempo que emprendieron el camino de la reforma. Tanto en modelos más privatizados como en públicos, las universidades han separado el gobierno universitario de la participación social. Es decir, el gobierno universitario, del órgano de control interno.

Y, por supuesto, han separado el Ministerio responsable, del interlocutor directo con las universidades, asumido por una agencia pública, dotada de un presupuesto elaborado por el Gobierno del país en función de las prioridades y orientaciones marcadas en el Parlamento.

La elección de los equipos rectores proviene de designaciones de un Senado o consejo social que hacen un concurso internacional de aptitudes. En este Senado hay ilustres miembros de la sociedad civil con poder de decisión, lejos de lo que habían sido muchas veces los consejos sociales en nuestra cas. Pero, personalmente, conseguí que fueran presididos todos ellos por gente vinculada al mundo de la economía real, fuese pública o privada, y quedó claro que los presidentes del consejo eran los delegados de la autoridad democrática en las universidades .

Pero aquí sigue habiendo un sistema de elección de rectorado que con apariencia ultrademocrática es una muestra, de libro, del corporativismo llevado a la quintaesencia. El rector es quien debe administrar un dinero escaso, por definición, en función de unas prioridades sociales y educativas que marca y demanda la sociedad a través del canal parlamentario y gubernamental, o a través de los representantes directos de la sociedad civil.

Pues bien, este rector que debería tomar decisiones que no gustarían a todos, se encuentra coartado porque ha sido elegido por coaliciones con intereses corporativos: la facultad A o B, el PAS, los delegados sindicales laborales o juveniles, etc; confundiendo el poder legislativo, o si me apuran consultivo, con el poder ejecutivo.

Ésta es la razón por la que quien debe ejecutar nunca toma decisiones de cambi , porque la tendencia natural de las personas es la oposición al cambio. Y entonces se producen confluencias alucinantes entre ramas políticas de extrema izquierda estudiantil, con el profesorado más privilegiado y de edad, contrario a cualquier movimiento que pueda cambiar el status de origen medieval de su poder y los privilegios, que no son justificables socialmente .

Conozco de cerca las resistencias al cambio cuando en Catalunya estuvimos elaborado y consensuado con rectores y presidentes de los consejos sociales un proyecto de reforma de la Ley de Universidades que, dentro del marco de las competencias catalanas escasas, proponía mejoras en la gobernanza.

Así como la creación de la estructura Universitat de Catalunya que permitiría una racionalidad en el reparto de los recursos ausentes de presiones corporativas y territoriales. Se proponía un rectorado que siguiera las prioridades marcadas por el país y las del Pacto Nacional para la investigación y la innovación aprobado por todos los grupos parlamentarios, sindicatos y patronales, que sacara el catalán del status legal marginal que tenía en este ámbito (finalmente esto se consiguió con un decreto aparte).

El proyecto quedó en el cajón. El temor de algunos rectores a pasarlo por claustros y tener que vivir episodios orquestados de boicot corporativo, desde dentro y desde fuera, bloqueó la fuerte reforma. Van pasando los años y en las universidades continuamos estando entre el reformismo gatopardiano y la revolución/reacción. Inútiles ambos.
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