La filatélica Afinsa o el timo del tocomocho

31 de julio de 2015 (21:37 CET)

Estos días ha vuelto a reverdecer el gigantesco escándalo de Afinsa. Esta sociedad filatélica madrileña se fue al garete en 2006, dejando colgados casi 2.600 millones de euros de 190.000 clientes. Si no surgen más dilaciones, el próximo noviembre se celebrará el juicio en la Audiencia Nacional. El grueso de los fondos se da por perdido para siempre.

En el banquillo se sentarán catorce directivos de la firma, para quienes se solicitan penas de 2 a 19 años de prisión. Se les acusa de delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Los principales encartados son el ex presidente Juan Antonio Cano Cuevas, el fundador Albertino de Figueiredo y su hijo Carlos, el ex director general Vicente Martín Peña y los vocales Emilio Ballester y Joaquín José Abajo. El fiscal pide para ellos entre 13 y 19 años de cárcel.

A los implicados no les llega la camisa al cuerpo, porque van al juicio con un negro precedente. Ocurre que, el pasado octubre, se declaró como culpable el concurso de acreedores instado por Afinsa. Ello acarreó la condena de Figueiredo hijo, Cano y Martín a 15 años de inhabilitación y a restituir el boquete ocasionado a la empresa.

Afinsa y Fórum, almas gemelas

El desplome de Afinsa se produjo en mayo de 2006, tras una querella de la fiscalía que desencadenó el despliegue de actuaciones policiales contra la cúpula de la compañía y la intervención de ésta. El mismo día, se desarrolló una operación similar sobre la también madrileña Fórum Filatélico, cuyo descalabro legó un agujero de 2.400 millones de euros y una estela de 200.000 perjudicados.

En síntesis, tanto Afinsa como Fórum eran dos estructuras piramidales colosales, que prometían jugosas rentabilidades a los compradores de sellos. El dinero de los últimos que picaban el anzuelo servía para atender los intereses de los inversores anteriores. Pero ni los sellos valían el precio fijado, ni su sucesiva revalorización era cierta, ni los intereses devengados tenían una base real. El montaje perduró, al menos, desde 1998 hasta el derrumbe de las dos entidades.

Resulta estupefaciente que esos tinglados monumentales, con oficinas desperdigadas por media España, pudiesen funcionar alegremente sin que las autoridades reguladoras dijeran una sola palabra. Más increíble todavía es que llegaran a camelar a casi 400.000 personas, en un engaño masivo sin precedentes.

Como suele ocurrir con harta frecuencia, el sumario ha peregrinado por varias instancias de la justicia y ha sufrido infinidad de lances procesales. Al final, han tenido que transcurrir nada menos que nueve años para que los responsables del desaguisado rindan cuentas a la magistratura.

En todo caso, el asunto ha de servir como advertencia para prevenir futuros fraudes. Semeja insólito que, a estas alturas del siglo XXI, todavía haya ciudadanos que caigan víctimas de timos tan vetustos como el tocomocho o la estampita. Pero siguen sucumbiendo, porque así es la condición humana.

Se necesitan dosis enormes de ingenuidad para pensar que alguien ofrezca duros a cuatro pesetas por esos mundos de Dios. Cuando se brindan tamañas rentabilidades, es que hay gato encerrado. Así que lo más recomendable en tales circunstancias es seguir a pies juntillas el sabio consejo de una prudente abstención.

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