La exigencia de salvar a las clases medias

15 de noviembre de 2012 (22:01 CET)

El Gobierno ha tomado medidas. De urgencia. Ayudas inmediatas para las familias con rentas inferiores a los 19.200 euros. Es necesario. Era necesario. Si se hubieran tomado este tipo de medidas hace dos años, cuando comenzaba a ser evidente que la crisis económica podía provocar la ruptura de la cohesión social, la situación ahora sería muy distinta.

El Ejecutivo seguirá negociando con el resto de fuerzas políticas. Debe seguir haciéndolo, porque la medida aprobada no puede quedarse en el colectivo elegido. Hay muchas fórmulas jurídicas, como indica el juez José María Fernández Seijó, para solucionar el problema. Y Seijó acierta cuando se refiere a la necesidad de atender, cuanto antes, a las clases medias, las que, todavía, tienen ingresos superiores a los 19.200 euros. Porque de ese grueso de la sociedad depende que el conjunto de España pueda salir adelante. Y ahora están realmente amenazadas.

Pero, si la voluntad del Gobierno existe, y lo deberá demostrar, para constatar --como piden los ciudadanos, aunque no lo sepan concretar-- que el poder político debe tener algún papel, en el otro lado estarán las entidades financieras.

La Asociación Española de la Banca (AEB) ya se ha anticipado, alertando de que el coste económico puede recaer “exclusivamente” a cargo de las entidades financieras. Y, claro, ya no están para más esfuerzos, con un rescate todavía pendiente con dinero de ciudadanos europeos que acabará asumiendo el Gobierno español y que se contará --esperemos que sólo inicialmente-- como deuda del Estado.

Pero recordemos sólo algunas cosas. ¿Quién fue más responsable, el ciudadano que asumía esas hipotecas imposibles, o el banquero que cobraba comisiones por colocar esas hipotecas? La responsabilidad no se puede repartir de forma equitativa, aunque uno pueda creer y defienda una sociedad activa, integrada por ciudadanos individuales responsables.

Resulta que hay un país que no ha pasado por este drama. En Canadá el sistema financiero se ha comportado con ejemplaridad. Impera una regulación precisa, no burocrática, y eficiente. Existe una Oficina Financiera del Consumidor de Canadá (FCAC) que vela por los intereses de los ciudadanos. Cuando el Gobierno federal implantó regulaciones sobre la conducta con las tarjetas de crédito, por ejemplo, y sobre cómo debían actuar los bancos respecto a ellas, se transmitieron a la FCAC para la puesta en práctica. También funciona una Oficina del Superintendente de las Instituciones Financieras (OSFI) que se podría comparar con la función que ejerce aquí el Banco de España. Pero está claro que funciona mejor.

Y, claro, están los bancos, que son entidades que no pretenden engañar a sus clientes, porque saben que son, antes que otra cosa, ciudadanos canadienses.
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